La pesadilla de Casitas del Sur

El domingo por la noche, la PGR anunció en un comunicado que un juez libró órdenes de aprehensión en contra de Alonso Emmanuel Cuevas Castañeda, Leticia Arrieta Estrada y Elvira Casco Majalca," en virtud de haberse acreditado los elementos de su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos en delincuencia organizada y tráfico de menores", en el caso de Casitas del Sur.

El comunicado recalcó que "esta es la primera vez que el Juzgador Federal obsequia una orden de aprehensión por tráfico de menores, agravada por delincuencia organizada".

La aprehensión de estas tres personas puede leerse de diferentes maneras:

* La PGR enmendó la plana a la procuraduría capitalina, que protegió a Casco Majalca como testigo protegido mientras llevó el caso;

* Se presenta de forma inédita el reconocimiento del tráfico de menores como una actividad de la delincuencia organizada en el país;

Pero también hay boquetes serios en el actuar de la PGR.

* La PGR dicta formal prisión contra dos personas que ya estaban arraigadas, y contra una tercera, que fue todo el tiempo visible. Me pregunto si se librarán órdenes de aprehensión contra el fundador de la secta, quien además ostenta la patente de la Kola loka; contra los servidores públicos que trabajan en la procuraduría capitalina e hicieron caso omiso de repetidas denuncias de familiares, que señalaban meses atrás que no les permitían ver a sus hijos en Casitas del Sur.

Lo cierto es que los niños llevan seis meses de estar formalmente desaparecidos, desde enero que fue cateado el albergue Casitas del Sur.

El otro dato que me parece increíble es que la PGR haya dejado escapar a los padres de la esposa del presunto miembro de la secta (primo además del secretario del procurador capitalino, Miguel Mancera) que tiene en su poder al niño Jesús Alejandro.

De acuerdo con relatos de los familiares de los niños perdidos, los fueron hallados en Cancún, en compañía de tres niñas que no eran ni sus hijas, ni sobrinas ni nada. Nunca pudieron establecer el parentesco. Estos señores estaban a punto de ser trasladados a la Ciudad de México, cuando el padre dijo sentirse mal, por lo que los dejaron ir. Una semana después (es decir, nadie lo moletó por una semana completa), dejó su trabajo y ahora es prófugo.

Me pregunto si ejercerán por lo menos un arraigo a los policías que participaron en ese operativo para saber por qué dejaron ir a estas personas, que, repito, fueron halladas con tres niñas ajenas.


También me pregunto por qué otros albergues y negocios vinculados a la secta siguen operando; me pregunto si Gobernación ya habrá retirado el permiso legal a la Iglesia Cristiana Restaurada. Me pregunto si los únicos tres responsables serán Casco Majalca, Emmanuel Cuevas Castañeda y Leticia Arrieta Estrada.

Finalmente, me pregunto cuántos niños en México estarán en esta situación. En todo el país no existe un censo de los albergues que operan bajo la modalidad de Asociación Civil (AC) y tratan niños. En otra pregunta, ¿cuántos albergues estarán en situaciones similares? Se me pone la piel de gallina de sólo tratar de imaginarlo. Pero sobre todo, me llena de indignación.