viernes, 7 de junio de 2013

La desaparición de Jerzy

















El gran cártel. El gran cártel de Tepito. Lety Ponce, esposa de Jorge Ortiz “el Tanque” y madre de Jerzy, desaparecido, se sonríe. “Imagínate, si fuéramos dueños de un cártel. Estaría yo en Miami, gastándome la lana”.

Todavía es joven, muy blanca, pelo muy claro, casi platinado. Lety atiende a un cliente que pregunta por playeras del grupo de punk Green Day en el local del que es dueña. Enfrente, sobre la calle se encuentran los puestos de ropa de los abuelos de Jerzy; se escucha, amortiguada, la música de otros puestos: encontronazos de reggaetón, rock, electrónica...

Lety se sienta para iniciar la entrevista. Su muñeca derecha está tatuada: un diamante. Su hijo Jerzy Ortiz, de 16 años, tiene uno igual.

El sábado 25 de mayo, el último día que vio a Jerzy, transcurrió como cualquier otro.
Almorzaron huevos rancheros, y luego fueron a trabajar. Jerzy, el nieto consentido, el hijo adorado, el niño conocido por ser mujeriego y dicharachero, estuvo un rato en los puestos, se fue y regresó de nuevo, pasadas las 7 de la noche para ayudar a recoger. Le pidió dinero a mamá “para una torta” y se fue a bordo de una motoneta.

Lety terminó la jornada y regresó a casa. A las 2:30 de la mañana le marcó al hijo.

–¿Dónde estás?
–Aquí en Santa Ana– una plazoleta en la esquina de Matamoros y Peralvillo, a corta distancia de su casa.
–¿Vas a ir a bailar?
–Sí, al Cristal.
–Si te vas a otro lado, avísame.
–Sí, mamá.

Jerzy no le avisó.

A la mañana siguiente, Jerzy no estaba. Lety se dijo: “Igual y del antro se fueron para el estadio…”.

Ese domingo fue la final de futbol más vista de la historia. Todos en la familia de Jerzy son americanistas. Abuelos, primos se preparaban para ir al estadio. Marcaron a Jerzy, pero estaba apagado. Se quedó sin pila, pensaron.

La ciudad se paralizó. El Cruz Azul llevó ventaja todo el partido, pero en los últimos minutos, el América empató y luego ganó en penales.  La ciudad estaba en llamas, tanto americanistas como contrarios.

Lety volvió a marcar. El celular seguía apagado. “Debe estar en el Ángel, celebrando”. Pero el lunes se levantó y su hijo no aparecía.

Llamó a Josefina, mamá de Said Sánchez.

Josefina o “Che” –como todos la llaman– y Lety son amigas desde la adolescencia. Después se casaron con Jorge Ortiz y Alejandro Sánchez, ambos están en la cárcel, sentenciados, entre otros delitos, por extorsión. Este hecho ha desviado en la opinión pública las principales líneas de investigación, que apuntan a personas vinculadas al Heaven, ha estigmatizado a Jerzy y Said y a todos los desaparecidos.

Josefina también buscaba a su hijo. Lo había visto por última vez el sábado, por la noche, cuando pasó a casa por un suéter, e iba en compañía de Jerzy.

Las mamás preguntaron con los vecinos. Alguien dijo que los había visto con el “Chupetes”, un amigo reciente.  Otros dijeron que unos hermanos Piedra, vecinos de Peralvillo habían ido al Heaven y no aparecían. Otros dijeron que una chica que había estado en el antro vio cómo se llevaban a varios chavos en la mañana del domingo.

Las familias fueron a Capea el martes. Había mucha gente. “Le pregunto a una persona que estaba en la puerta. Le digo ‘es que a mi hijo se lo llevaron de un antro’. Y el tipo le dice al MP: ‘otros dos más’. ‘Pues cuántos somos’, pregunté. Éramos 11 familias”.  Entre ellas, la madre de Jennifer Robles González, de 23 años, tercera generación de una familia dedicada a hacer muñecos de peluche, vecina de la Moctezuma y madre de un niño de seis.

Los atendieron, pero pasaban los días y no se investigaba.

El jueves, Lety fue a la Procuraduría del Menor. Hacía antesala, cuando sonó el  celular. Era su esposo, Jorge Ortiz, quien le llamaba desde la prisión, en Hermosillo, Sonora.

–Qué pasó, hija, ¿y mi hijo?– fue lo primero que le dijo El Tanque.

Lety se soltó a llorar

–No sé qué pasó. Perdóname, yo siempre te he dicho que te voy a entregar buenas cuentas de tus hijos. Pero algo se me salió de las manos. No lo encuentro.

A él se le quebró la voz.

–No te preocupes. Pero encuéntrame a mi hijo, encuéntrame a mi panzón–, le pidió él.
–Sí, mi amor. Te lo prometo que lo voy a hacer. Voy a mover cielo, mar y tierra.

Leticia colgó. La recibieron en la procuraduría del menor. Le dijeron que “no era necesario” levantar denuncia alguna ahí, si ya lo había hecho a través de CAPEA. Pero jamás activaron la alerta Amber.

Al día siguiente, el barrio bravo de Tepito cerró la Avenida y se hizo público el mayor escándalo que ha pegado a la  actual administración capitalina. 

*Texto publicado el 7 de junio de 2013 en El Universal Gráfico. 

Thalía buscó el sueño americano




Lydiette Carrión


El 1 de agosto de 2012, alrededor de las tres de la tarde, Thalía González Martínez de entonces 19 años, se vistió con ropa negra, cargó con el poco dinero que le quedaba, su credencial del IFE y un teléfono celular. Luego se despidió de su familia.

Partió con una conocida  suya, Lorena Torrijos. Iban a cruzar a Estados Unidos por Reynosa. La familia de Thalía la vio alejarse y dejar el lugar donde nació: Juandó, un pueblito que apenas rebasa los mil habitantes, en el municipio de Acambay, Estado de México.

Desde esa tarde nadie la ha vuelto a ver.

La historia comenzó  tres meses atrás, en mayo de 2012. Lorena de  aproximadamente 28 años, estaba de visita en Juandó. Ella vive en Chicago desde hace 15 años y había regresado por primera vez desde entonces a su pueblo. Durante esas vacaciones, visitó constantemente a Thalía; la invitaba a comer y a beber, pasaban horas platicando con otra mujer, tía de Lorena, la señora Zenaida Flores, y juntas la convencieron de emigrar en compañía de Lorena y abandonar lo poco o mucho que tenía: un pequeño negocio de carnitas.

La joven se entusiasmó y pidió dinero a la familia. Convenció al papá de vender una camioneta y unos puercos y juntó 60 mil pesos: el precio por anticipado que exigía “la coyota”. Depositó directamente a cuentas bancarias de la familia de Lorena, quien supuestamente arregló todo el viaje. El problema es que nadie de la familia de Thalía supo quién era la coyota, ni tuvo algún contacto con ella.

De lo único que tuvieron certeza es que las dos mujeres –quienes debían ir vestidas con colores oscuros esconderse de la migra– cruzarían por Reynosa, Tamaulipas.

Reynosa solía ser un lugar muy recurrido por migrantes mexicanos, quienes cruzaban a nado el Río Bravo y llegaban al área metropolitana de McAllen, Texas. Pero actualmente se ha vuelto muy peligroso debido al crimen organizado, en concreto Los Zetas. La gente de Juandó (un pueblo del cual han debido migrar muchas personas a Estados Unidos) ahora emigra por Piedras Negras, Coahuila, explica el hermano de Thalía, Daniel González Martínez.


El 1 de agosto de agosto, las vieron partir. El 2 de agosto, la madre llamó al celular de Thalía, pero nunca entró la llamada. La familia intentó comunicarse al ceclular de Thalía y al de Lorena los días siguientes sin éxito. A los ocho días, Lorena Torrijos ya se encontraba en Chicago y se comunicó a Juandó. Dijo que Thalía “no había aguantado ni tres horas en el desierto”, y que se había entregado a la patrulla fronteriza.

Agregó que la habían dejado en McAllen. Pero que no se preocuparan, la iban “a maquillar” y los coyotes la pasarían a través de la garita con una mica (visa) falsa.

–Pero si ya estaba en Mc Allen, ¡ya había cruzado!, ¿por qué tenía entonces que cruzar de nuevo?– exclama el hermano de Thalía, Daniel González Martínez. Más aún, se cuestiona ¿de cu



ál desierto hablan en el área metropolitana de McAllen?

Pasaron los días, los meses. Lorena reportó la desaparición de Thalía en un consulado, dijo que era su prima,  y después dejó de contestar las llamadas de los familiares de la joven, quienes denunciaron ante el MP mexiquense en diciembre de 2012. Pero hasta la fecha, no han visto que se inicie una investigación o se dé alguna coordinación con autoridades federales y tamaulipecas.

“Yo sólo quiero que me digan dónde está, qué hicieron con ella”, se duele la madre de Thalía, la señora Eulogia Martínez.

Elizabeth Moreno: una fotografía, la única esperanza





Con el caso de Elizabeth Moreno Chávez todo ha sido larga espera: 5 meses para sacar una sábana de llamadas, 6 meses una orden de aprehensión, 8 meses para buscarla, un año para establecer dos líneas de investigación: que Elizabeth está siendo explotada o que fue asesinada por Jorge Antonio el mismo día que se la llevó.

Laura Chávez abre la carpeta sobre el secuestro de su hija Elizabeth, de entonces 17 años, ocurrido el 19 de febrero de 2012. Oficios, declaraciones ministeriales, están perfectamente acomodados; sobre ellos ha apuntado datos y referencias en papelitos fosforescentes.  Laura y su marido, Adrián Moreno, han aprendido a atesorar cada documento, ya que, saben, sólo con éstos es posible presionar a las autoridades.

E
n mayo de 2012, la madrugada del 19 de febrero de 2012, Jorge Antonio González López, entonces militar de 24 años, se metió a la casa de los Moreno Chávez, en San Isidro Ixhuatepec, Estado de México. Buscaba a la hija mayor (lo había despreciado horas antes), quien ni siquiera estaba ahí. Despertó a los padres y a las dos de hijas menores a mentadas de madre, acuchilló a Adrián Moreno. Luego se llevó Elizabeth. Dijo: “este es mi boleto de salida”.

Mientras el padre estaba en terapia intensiva, la familia interpuso la denuncia en ministerio público de San Juanico. El encargado de su caso, Belisario de Jesús Albores,  nunca giró orden de aprehensión contra Jorge Antonio.

En marzo, Adrián salió del hospital. La familia consiguió la sábana del celular de Jorge Antonio mediante un investigador privado. Supieron que durante las 12 horas posteriores al ataque, hizo 123 llamadas: a su padre, a su novia, a sus familiares y que estuvo en varios puntos del Estado de México, Hidalgo y el Distrito Federal, que para el 21 de febrero ya se encontraba en Chihuahua capital y en los siguientes días se trasladó a Sonora, Sinaloa y Baja California.

Los padres acudieron a Provictima y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El caso fue trasladado a Barrientos.

La sábana oficial llegó en julio. “En Barrientos ni siquiera la imprimieron”, jamás la analizaron, dice Laura. Para entonces, Adrián Moreno ya había localizado los sitios que el documento había arrojado en Edomex y DF. Se paraba en una esquina, vigilaba, y rezaba por que nadie le preguntara qué hacía ahí.

Por fin, la primera orden de aprehensión fue emitida el 11 de julio, por el cargo de lesiones contra Adrián Moreno, no por el rapto de Elizabeth. Éste permaneció “inexistente” hasta el 30 de agosto de 2012, seis meses después de que Jorge Antonio se la llevara a punta de navaja. 

La familia entonces buscó a otros padres en situaciones similares y comenzaron a protestar. Para octubre, el caso fue transferido a la fiscalía de asuntos especiales, en Toluca. En diciembre el procurador estatal les designó un equipo especial. “Ellos han sido excelentes. Unos ángeles”, dice Laura.

Este equipo especial citó –por primera vez–a los  familiares de Jorge Antonio. El padre del sospechoso declaró que su hijo acuchilló a Elizabeth esa misma noche y la vio morir. Señaló el lugar donde habría abandonado el cuerpo, pero en esa fecha no se encontró cadáver alguno.

“La familia ha mentido desde el principio, cada vez que declaran cambian su versión”, dice Laura. Harta, enfatiza: “Que me digan qué le hizo este tipo a mi hija”.

En meses recientes, una fotografía en la red llamó la atención de los investigadores: una joven en lo que parece un antro. Los peritos calculan un 85% de probabilidad de que se trate de Elizabeth. “Esa foto es mi única esperanza”, dice Laura.

**Texto publicado en El Gráfico el 7 de mayo de 2013.



Naucalpan: El origen del conflicto


Lydiette Carrión


El problema en CCH Naucalpan comenzó hace dos años. El consumo de drogas y alcohol había aumentado, y las autoridades comenzaron a pedir credenciales a la entrada del plantel e instalaron cámaras de seguridad. Varios colectivos se opusieron; alegaron, entre otras cosas, que el hostigamiento (ese sí, comprobado) por parte de autoridades incrementaría. Se entablaron algunas negociaciones, pero no fructificaron.

Según estudiantes y trabajadores entrevistados, la culpa ha sido de ambos. Los estudiantes se volvieron prepotentes y los trabajadores de confianza llegaron a golpearlos en varias ocasiones. Así estaban las cosas, cuando el 1 de febrero de este año, se dio la refriega que terminó con la expulsión provisional de cinco estudiantes.

Según los trabajadores, esa tarde un muchacho de nombre Gary intentó ingresar al plantel en estado de ebriedad. La versión del estudiante es diferente. Él se encontraba en clase de Economía, y salió un momento de la escuela a comprar algo. Al intentar reingresar le dijeron que no podía hacerlo.

Dados los altos índices de inseguridad alrededor de CCH Naucalpan, éste tiene un horario diferente a los demás planteles. Las clases terminan a las 8 pm, y los trabajadores no dejan entrar desde las 7. Según el testimonio del estudiante todavía no eran las 7 cuando esto ocurrió. Sin embargo logró colarse a la escuela y terminar su clase. A la salida, cuando se iba con varios compañeros, fue agredido. Esa noche hubo golpes de ambas partes. Jessica, una chica de 17 años alta y flaquita, fue golpeada, pero se le acusó de haber propinado golpes, ella sola, a tres trabajadores.

El 4 de febrero las autoridades expulsaron provisionalmente a Gary, Jessica, Aland, José Luis e Irene (sólo dos de ellos serían expulsados de manera definitiva el 23 de abril).  En protesta, el 5 de febrero, algunos activistas rociaron con gasolina la dirección del plantel y aventaron bombas molotov, mientras la mayoría de la comunidad condenaba la acción.

El incidente de Naucalpan se entremezcló con otro asunto que se ha venido discutiendo en los CCH desde hace meses: las reformas a los planes de estudios conocidas como “Los 12 puntos” (y que ahora son 8). Entre los ceceacheros existe malestar, porque originalmente no se les incluyó en la discusión. Actualmente ya se han acordado mesas de trabajo, pero muchos adolescentes y profesores lo perciben como algo que llega tarde. A ello se ha sumado que en la prensa, se han difundido únicamente los aspectos negativos de los CCH y no los positivos, que también tiene. Para la comunidad de CCH esto ha sido una afrenta. Pasó lo de Naucalpan, y algunos estudiantes de otros planteles vincularon un evento con otro. Días después, ocurrió la toma violenta de la dirección de CCH en Ciudad Universitaria.  Pero pasarían 2 meses para que todo estallara.

El viernes 19 de abril, activistas organizaron una marcha desde el Parque la Bombilla (al sur de la Ciudad) hasta Rectoría. Había de todo: universitarios, participantes en las protestas del 1 de diciembre y activistas varios, incluso una coordinadora de maestros. A todos los unió estar en contra del protocolo de seguridad policiaca recientemente implementado en el DF. Como ocurre cuando se suman diferentes organizaciones sociales, todos llevaron sus demandas particulares. La marcha hizo suya la exigencia de que fueran reinstalados los de Naucalpan.

Al terminar la marcha, los colectivos comenzaron a retirarse. Pero estudiantes de varios CCH decidieron “tomar” la torre de Rectoría, e incluso golpearon a un camarógrafo de El Universal y le robaron su cámara. Muchos activistas se deslindaron y varios colectivos se enojaron con quienes los medios han bautizado como “encapuchados”.

¿Quiénes son los encapuchados? En la UNAM cohabita toda una variedad de colectivos estudiantes de todos los colores políticos: hay quienes son partidistas, marxistas, socialdemócratas, anarquistas, etcétera. Esta pluralidad es lo que ha hecho a la UNAM única, ya que en un solo espacio se pueden contrastar diversas ideas. Muchos de estos colectivos no coinciden entre sí, pero a veces pactan objetivos comunes. Entre todos estos colectivos, los expulsados de CCH Naucalpan son de los más jóvenes, y pertenecen a una corriente relativamente nueva dentro de la universidad, de corte libertario, y con pocos vínculos con otros colectivos.

En los siguientes días algunos exigieron que la policía federal desalojara a los estudiantes de Rectoría. Esto resultó inaceptable para todos los colectivos de la más diversa índole, incluso aquellos que se habían desmarcado de los hechos del viernes. Para el martes, en los pasillos de Ciudad Universitaria sólo se hablaba del tema, mientras todos se enteraban de que José Luis Ramírez Alcántara, Irene Pérez Villegas, Brenda Vaca Aparicio, Luis Hugo Arratia Zárate y Jorge Mario González García  –preso en el Reclusorio Norte desde el 11 de abril por robo– eran expulsados para siempre de la Universidad. Muchos, quizá la mayoría, no están de acuerdo con quienes tomaron Rectoría, pero rechazan aún más que la policía pise suelo universitario y temen que después de Naucalpan sigan ellos.

A estas alturas, el incidente del 1 de febrero ya es lo de menos...

*Texto publicado el 26 de abril en El Universal Gráfico. 




viernes, 26 de abril de 2013

A Marazuba la esperan viva. El secuestro de una MP





Lydiette Carrión
Ciudad de México

Las cámaras de seguridad registraron a la agente del ministerio público Marazuba Teresa cuando sacaba dinero del cajero automático localizado al interior de la procuraduría estatal de justicia de Durango. Minutos después, otras cámaras grabaron mientras la joven, de entonces 24 años, abandonaba el edificio. Salió por el estacionamiento a bordo de un stratus blanco modelo 2002, junto con su compañero de la unidad antisecuestros, Gustavo Campos Reyes. Eran casi las tres de la tarde.
Esa es la única certeza sobre los hechos del 29 de noviembre de 2010, cuando Marazuba, Gustavo, Elberth y Vicente, miembros de la unidad antisecuestros de la procuraduría duranguense, fueron, paradójicamente, secuestrados en las calles de la capital de ese estado.
Los padres de la joven presumen que Gustavo y Marazuba se reunieron con Elberth Espinosa Ferreiro y Vicente Macías Plata para ir a comer. Que los cuatro viajaron en el stratus blanco y en algún momento entre las 4:00 y las 5:30 pm ocurrió el secuestro. Ellos debían reunirse a las seis de la tarde con el entonces procurador estatal, Ramiro Ortiz Aguirre. Jamás llegaron a la cita.
Horas después, los plagiarios llamaron a los familiares de uno de los jóvenes y les exigieron una fuerte cantidad de dinero. Fue hasta entonces que los padres de todos se enteraron que sus hijos habían sido privados de la libertad.
La señora Yolanda y su esposo, el papá de Marazuba, llevan la foto y los datos generales de su hija en una cartulina verde: una joven morena y delgada. Muy bonita. Los dos papás son afables, a pesar de relatar el hecho que los ha devastado.

SIN PALANCAS
En 2009, Marazuba apenas había egresado de la carrera de Derecho, cuando las autoridades federales, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, lanzaron una convocatoria para crear unidades antisecuestro a prueba de corrupción en todo el país.
“Esto fue a instancias de la problemática de la señora Miranda Wallace, de Martí, de Gallo. Todos ellos presionaron al gobierno federal para que se hicieran unidades en todos los estados, pero unidades probadas, que no fueran corruptas, compuestas por jóvenes, universitarios, preparados”, explica el padre de Marazuba.
En efecto, las unidades antisecuestro son uno de los modelos que más se han impulsado en los últimos años. Algunos recursos federales de apoyo a las entidades están atados a que existan estas unidades antisecuestro. Según el Informe de Acciones y Resultados de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia de la XXVIII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública diciembre 2009 - mayo 2010, actualmente ya  han quedado integradas en todo el país estas unidades especializadas contra el secuestro, y se han capacitado a 331 funcionarios sustantivos adscritos a estas unidades.
Marazuba acudió al llamado. Presentó los exámenes. “Fue felicitada por sus resultados, porque era una de las más jóvenes”, explica el padre. “Mi hija se hizo sola. Con su preparación fue escalando”, nadie la ayudó ni fue recomendada. La joven probó su capacidad en los exámenes y se quedó. Después asistió a cursos y talleres, algunos de ellos impartidos en el extranjero. Fue asignada a la unidad antisecuestros de Morelos, en atención a crisis.
“Le dijeron que el gobierno federal les iba a dar instalaciones nuevas, equipo y que la unidad iba a estar separada de las procuradurías”. Pero al final no fue así, el presupuesto escaseó y la independencia prometida tampoco fue completamente real.  Aun así la unidad rindió resultados y logró el rescate de varias personas, y la detención de algunas bandas criminales.
A inicios de 2010, el entonces gobernador de Durango, Ismael Hernández Deras, invitó a Marazuba y a otros de sus compañeros de Morelos a trabajar en el norte. A ella en particular la atrajo la posibilidad de ser ascendida como agente del ministerio público, además de tener capacitación en juicios orales, ya que su sueño era trabajar posteriormente en un tribunal federal y hacer una maestría en derecho penal. Los cuatro agentes eran jóvenes, habían pasado los exámenes de confianza. Eran, en suma, probos, honestos.
La madre de Marazuba advierte: “Yo no sabía cómo estaba el norte, cómo estaba todo el país. De haberlo sabido, no la hubiera dejado ir”.
Ese año, 2010, se presentó la cifra de plagios nacional más alta en dos décadas. Fueron denunciados mil 216 casos ante las procuradurías estatales y del Distrito Federal, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Durango era plaza caliente. Compartía junto con Baja California el quinto lugar en secuestros, con 79  casos (debajo del Estado de México, 172; Michoacán, 137; Chihuahua, 132; y Coahuila, 84).
Los cuatro jóvenes comenzaron a trabajar en Durango desde  agosto de 2010 --un mes después, tomó posesión su nuevo gobernador, Jorge Herrera Caldera--. Relata el padre de Marazuba que sí les cumplieron lo prometido: equipo y tecnología de punta, independencia en sus investigaciones…. hasta el  29 de noviembre, cuando Marazuba, Gustavo, Vicente y Elberth fueron vistos por última vez.
El plagio de los jóvenes no fue hecho público en los periódicos. Sin embargo, el tema del secuestro en Durango alcanzó los medios de comunicación nacionales por otro caso: a inicios de 2011 un comerciante conocido como Don Polo Valenzuela denunció el secuestro de su hijo Leo, cuatro meses antes, en septiembre de 2010, y la presunta colusión de servidores públicos con los grupos criminales en la población de Nuevo Ideal, Durango. Cuatro días después de hacer público su caso, Don Polo también fue asesinado.

SIN DESCANSO
La familia de Marazuba Teresa ni siquiera se ha tenido la cabeza o el ánimo de ir a Durango a recoger las pertenencias que su hija tenía en un departamento que compartía con otras compañeras.
Doña Yolanda relata: “Cuando ella empezó a trabajar, yo no entendía muy bien su trabajo, ni por qué ella nunca descansaba. Traía su radio, su celular, siempre abierto y dispuesta a ayudar a los seres humanos. Pero ahora que yo sufrí el secuestro de ella y sus compañeros, pedí a la Siedo que me ayudara y me pusieron a una persona experta en atención a crisis [la labor que Marazuba realizaba en Morelos]. Y entonces entendí el valor del trabajo que tenía mi hija”. Y es que, explica el secuestro de un ser querido pone a la familia en un estado de locura.
“Sólo lo comprendemos quienes lo hemos vivido. Es un estado de locura, no es normal. Se lo puedo platicar ahorita, pero si usted me hubiera preguntado cuando pasó, no habría podido. Yo era una persona completamente trastornada”.

BÚSQUEDA INFERNAL
Para muchos analistas y periodistas, 2011 marcó la cima de violencia en la agreste entidad, sobre todo por el hallazgo de fosas clandestinas en la capital y otras zonas. Para junio, se habían localizado al menos 219 cadáveres en diferentes grados de descomposición. A mediados de ese mes, y en medio de las presiones desatadas, el fiscal de Durango, Ramiro Ortiz Aguirre, dejó su cargo; alegó motivos personales en su carta de renuncia. Al frente de la Fiscalía, quedó Sonia de la Garza, quien hasta entonces era coordinadora de asesores de la Subsecretaría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR).
En marzo de 2012, el ex fiscal Ramiro Ortiz fue “levantado” por un comando en la capital del estado, y días después se encontró su cadáver con signos de tortura.
Cada hallazgo de un cementerio clandestino ha sido una nueva tortura infligida a las familias de los jóvenes. “Andamos ahí, buscándolos, esperando no encontrarlos”, agrega el padre de Marazuba. Afortunadamente, hasta ahora ninguno de los jóvenes ha sido hallado en ellas.
El 27 de diciembre de 2011, más de un año después del secuestro, el Diario Oficial de la Federación publicó un acuerdo en el que se ofrecían recompensas para aquellos que ayudaran a esclarecer diversos casos. El más famoso en ese entonces era el de la estudiante de arquitectura de la UNAM, Adriana Morlett, desaparecida en la ciudad de México. La PGR ofreció cinco millones de pesos a quien diera información sobre su paradero (la joven después fue hallada muerta en la zona del Ajusco en el Distrito Federal). Asimismo, ofreció 10 millones de pesos para aquel que informara sobre el paradero de Marazuba, Gustavo, Vicente y Elberth.
Según el Acuerdo publicado, se había acreditado la participación de diversos delincuentes en el caso, la mayoría ya estaban sujetos a proceso, con excepción de Luis Alfonso Guevara Guereca, alias "El Güero Balas", quien hasta la fecha está prófugo.
Del Güero Balas hay poca información pública. Comentarios anónimos en páginas de internet lo acusan de varios plagios en Durango. Quizá la referencia más relevante es un corrido del grupo Adicción Norte Durango: “El Güero Balas”:
Balas para el cuerno/
balas pa' la super/
balas para el R y/
pa lo que se ocupen
El güero comanda/
un equipo en Durango/
si lo ven de negro/
nomás no se asusten/
y el m12 le brinda su apoyo/
pues se lo ha ganado/
ya está comprobado/


ESPERANZA VIVA
El señor Gómez describe a su hija: “Su trabajo era su pasión. Nosotros a veces no entendemos lo que es la pasión en el trabajo. Somos campesinos, agricultores, a veces comerciantes, y tenemos necesidad de trabajar. Pero hay gente que agarra su trabajo como su pasión. Mi hija es una de ellas”.
Cuando podía, Marazuba iba al gimnasio, hacía deporte, le gustaba  nadar. De comer le gustaba sobre todo la fruta. Las pocas fotografías que la joven subió a un perfil en redes sociales muestran el mar de Guerrero, sus amigos, un ser querido, una foto de ella ataviada con los colores de la bandera mexicana.
Doña Yolanda finaliza: “Hay algo que sí le puedo decir: mi hija es una persona noble, trabajadora y siempre dispuesta a ayudar a la gente. Tengo la esperanza de encontrarla viva”.  El pasado 5 de abril, Marazuba cumplió 26 años. 

Texto publicado en Milenio Semanal en mayo de 2012.