jueves, 29 de marzo de 2012

La SEP, a juicio



* Columna "Rendija", publicada el 14 de marzo de 2012 en El Universal Gráfico.


Un terrible caso de abuso sexual contra 35 niños en edad preescolar podría costarle a la SEP varios millones de pesos. Y además podría establecer un precedente inédito para que los niños sean escuchados, de verdad, en los tribunales mexicanos.
El 15 de junio de 2011, Saúl Blancas, intendente del jardín de niños “Andrés Oscoy Rodríguez”, en Iztapalapa, fue detenido. Dos niñas de seis años lo habían acusado de haber abusado de ellas. Conforme se ampliaron las investigaciones, las autoridades concluyeron que tres personas más estaban implicadas. Entre ellas, la directora del jardín de niños (quien por cierto, recibió una “jubilación exprés” por parte de la SEP cuando se destapó el escándalo). También se advirtió que al menos 35 niños habían sido violados. Las familias de 13 pequeños decidieron llevar el proceso hasta sus últimas consecuencias.
En los tribunales de nuestro país, los menores no suelen ser escuchados. Por lo general, son obligados a prestar sus declaraciones sin ningún tipo de protección para su edad. No es raro que niños pequeños deban carearse con el procesado; no importa si son víctimas de violación o testigos de delitos graves, como un homicidio. Pero el caso del kínder de Iztapalapa podría ayudar a revertir esta situación.
La organización civil Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) está ayudando a las familias de los niños afectados. Se interpuso un amparo que logró que testimonios fueran tomados de acuerdo a estándares internacionales. Estándares, por cierto, que no están contemplados en las leyes mexicanas.
Poco tiempo después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un protocolo para que se proteja a los niños.
Hace un par de semanas la propia Secretaría de Educación Pública tuvo que comparecer por lo que pasó en el kínder. Los defensores de los niños han exigido que se enjuicie al Estado mexicano, y en particular a la SEP, porque los cuatro acusados eran servidores públicos en ejercicio de sus funciones al momento en que abusaron sexualmente de los niños. Además, los abusos se efectuaron en un plantel público.
Si la SEP es hallada responsable, también se trataría de algo inédito. Lo más importante es que nos daría herramientas a los ciudadanos para exigir un mayor control sobre quién cuida a nuestros niños. Y de caer en negligencia, podremos tener más certeza de que las autoridades no se vayan impunes.