lunes, 20 de septiembre de 2010

La escuela en tiempos del narco

En México, la violencia generada por el narcotráfico ha permeado en las escuelas enclavadas en las regiones más difíciles del país. Esto se presenta prácticamente todos los niveles educativos. El asesinato del profesor Edmundo Nava Mota Álvarez es sólo un caso emblemático del drama que se vive cotidianamente en estos planteles.

En algunas zonas del país, la inseguridad aledaña a las escuelas ha afectado incluso la asistencia a clases. En Tampico, poco antes de semana santa, muchos niños de escuelas primarias perdieron varios días de clases, ya que sus padres decidieron no enviarlos, debido al clima de inseguridad que reinaba en la zona. Así lo reportó el diario local La Razón.

El 22 de abril, la Asociación de Instituciones de Educación Superior Privada del Estado de Morelos anunció que solicitaría modificar los horarios de clase a la Secretaría de Educación estatal, para garantizar mayor seguridad

De acuerdo con la información recabada en la más reciente encuesta del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), realizada a niños de tercero de secundaria, los estados en los que se percibe mayor inseguridad alrededor de los planteles son: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Estado de México, Distrito Federal, Quintana y Roo.

Mientras que los estados con mayor violencia al interior de la escuela son: Baja California Norte y sur, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Estado de México y Tabasco.

En otras palabras, la violencia al interior del plantel no necesariamente se corresponde con la periférica, por lo que “los centros escolares tienen herramientas para incidir en estas problemáticas”, concluye el estudio.

En la encuesta se pregunta a los adolescentes si en sus escuelas existen altos niveles de consumo de drogas, sustancias tóxicas, y si se presenta la portación de armas, golpes y peleas, la encuesta arrojó que dos de cada diez estudiantes de tercero de secundaria manifestaron que en sus escuelas existen altos niveles de consumo de drogas y se presenta la portación de armas de fuego, golpes y peleas. Sin embargo en la encuesta sólo se midieron las conductas más agresivas, pero no otras manifestaciones de violencia, como el bullying o la violencia de género.

LA RESPUESTA GUBERNAMENTAL

Desde 2007, la Secretaría de Educación Pública (SEP) impulsó el Programa Escuela Segura para combatir la inseguridad adentro y en los alrededores del plantel. Este programa se encuentra en el marco del llamado hecho por Felipe Calderón “Limpiemos México. Zona en Recuperación”.

Escuela Segura otorga recursos a las escuelas de primaria y secundaria enclavadas en los 314 municipios del país con mayor índice de violencia en el país (entre los cuales se encuentra, por cierto, el municipio de Ecatepec, donde se presentó el homicidio del profesor Edmundo Nava).

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, en el ramo de Recursos para atención a grupos vulnerables, se otorgarían 230 millones de pesos para Escuela Segura. Hasta el momento hay alrededor de 25 mil escuelas en el programa.

El programa funciona a partir de la capacitación de profesores, reparto de material a alumnos sobre la prevención del delito, la prevención de adicciones y la violencia, se reparten también trípticos, se realizan talleres, y, además, la SEP otorga recursos para mejorar la seguridad y el entorno de las escuelas. También, se establece alguna alarma o forma de comunicación directa con las autoridades, en caso de emergencia.

En la página de internet del programa Escuela Segura, se presenta un video sobre la experiencia con la escuela secundaria # 7, José Vasconcelos. Ahí, la directora del plantel, Josefa Natalia Gómez Rocha, explica que mediante el programa han recibido aportaciones en recursos humanos, pláticas, talleres, folletos para prevención de las adicciones.

También, se plantea mejorar el alumbrado público alrededor del plantel, en particular, en la parada de autobuses.

Uno de los principales ejes del programa está en la constitución de los Consejos Escolares de Participación Social, integrados por padres de familia, maestros, autoridades sindicales, el director de la escuela, los alumnos y en su caso por sociedad civil. La idea es involucrar a los padres de familia en la toma de decisiones y protección del plantel.

Sin embargo, “Escuela Segura no es suficiente”, ha reconocido incluso el propio titular de la SEP, Alonso Lujambio.

“No es suficiente … aunque insisto en que no le subamos la tinta al asunto, no se puede hablar de un problema generalizado en el país, y por tanto el Programa Escuela Segura pretende focalizar su acción allí donde el problema es más grave”, aseveró a periodistas, en el marco del Foro de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe-Unión Europea Educación, Innovación e Inclusión Social, el pasado 25 de marzo, en España.

El gobierno da números y buenos discursos que muchas veces quedan en buena voluntad, la realidad dice otra cosa y para muestra un botón: Gabriel Ángeles Ramírez es director de la escuela primaria Emiliano Zapata, ubicada en el municipio de Ecatepec, Estado de México. Él explica que el programa Escuela Segura, en su plantel, consistió en la entrega de 4 mil 223 pesos para adquirir material y echar a andar ciertos talleres y programas escolares; la constitución del Consejo Escolar, por padres de familia; y la colocación de un botón de emergencia: una línea directa entre la escuelas y la policía municipal.

Pero esos 4 mil 223 pesos, aunque en principio debían servir para organizar pláticas y programas, de acuerdo con las reglas de operación debían ser facturados en insumos como chapas, candados y cerrojos.

El botón de emergencia fue accionado en una ocasión, porque enfrente del plantel comenzó a quemarse un sofá y la humareda, dice el director, era terrible. Nunca llegó nadie, ni bomberos, policías municipales o si quiera un policía de tránsito.

Pero el botón no está presente en todas las escuelas. Verónica Pacheco Saldívar es directora del preescolar Leona Vicer, en Ciudad Cuauhtémoc, Ecatepec. Ella explica que Ciudad Cuauhtémoc es una de las zonas identificadas con mayor problema de narcomenudeo del municipio. Su escuela, aunque está cargo de niños menores de seis años, no cuenta con línea telefónica, por lo que no se pudo colocar el botón de seguridad.

Esta escuela no recibió ningún monto para invertir en seguridad. Y sin embargo, sí está dentro del censo de escuelas beneficiarias del programa Escuela Segura, ya que se constituyó el Consejo Escolar.

LA DENUNCIA DESDE LA ESCUELA, ¿EFECTIVA?

Durante el diálogo interactivo que sostuvo Calderón en el evento Limpiemos México, con niños de secundaria en Monterrey, el 2 de julio de 2007, exhortó a “que se establezca un sistema de mucha comunicación muy fluida entre la áreas de policía y de maestros”, para combatir el narcomenudeo adentro y afuera de los planteles.

Sin embargo denunciar desde el ámbito escolar puede ser riesgoso. A esa conclusión llegaron los amigos y familiares de Edmundo Nava Mota, quien fue asesinado el 28 de mayo del 2007.

El caso Nava Mota

Edmundo Nava Mota denunció una y otra vez las redes de narcomenudeo que afectaban a la escuela que dirigía. Tres años después, su crimen sigue impune.

El caso de Nava Mota Álvarez ilustra una problemática presente en numerosas escuelas de educación secundaria, bachillerato e, incluso, primarias: cómo enfrentar la inseguridad generada por el narcotráfico y la delincuencia alrededor de un plantel e, incluso, adentro del mismo.

Entre 2003 y 2004, el narcomenudeo y el porrismo se gestaban alrededor de la preparatoria 115 Emiliano Zapata, en Ecatepec, Estado de México, el municipio más grande del país, y con una fuerte problemática de criminalidad.

Se presentaron casos que preocuparon a la comunidad. A las afueras del plantel hubo dos intentos de secuestro. Por otro lado los porros de la Fenet 115 (Federación Nacional de Estudiantes Tecnológicos, una porra que tiene sus orígenes en el IPN) asaltaban y golpeaban a estudiantes; al interior de la escuela se comenzaba a vender droga.

En 2006, el director Nava Mota, quien fue fundador de quince escuelas en la zona, entre ellas la preparatoria 115, se reunió con el entonces presidente municipal de Ecatepec, José Luis Gutiérrez Cureño y el subprocurador regional de Ecatepec, José Eduardo Villalobos Sánchez, entre otros.

Señaló directamente a tres ex alumnos, cuyos alias son “La chocolata”, “El tosco” y “Padilla”. Villalobos Sánchez aseguró que conocía a los ex alumnos señalados por el profesor, y que eran jóvenes honorables, explicaron los familiares deudos de Edmundo.

Edmundo Nava siguió exigiendo que la policía hiciera algo. Incluso entregó información respecto al funcionamiento de las narcotienditas en las cercanías de las escuelas, datos que eran proporcionados por sus alumnos.

El 19 de diciembre de 2006 sufrió un atentado al salir de la escuela. Mientras viajaba con otro profesor en una camioneta, un joven le disparó con un arma calibre 45, de uso exclusivo del Ejército. Al día siguiente el profesor y sus familiares levantaron una denuncia con folio EM/AMOD/1/4152/06.

Las autoridades aseguraron que toda la información que el profesor había entregado a la policía sería anexada a la denuncia del atentado. Posteriormente, la familia y los abogados que coadyuvan en el caso se darían cuenta de que nunca fue incorporada al expediente.

Meses después, el 28 de mayo de 2007, entre las 6:30 y 6:45 de la mañana, cuando se dirigía al plantel en su automóvil en compañía de su pareja, Graciela Ferruzca Chica, sufrió un segundo atentado, sólo que esta vez perdió la vida. Se utilizó un arma calibre 45. Murió casi de inmediato (averiguación previa EM/AMOD/2259/2007).

En un primer momento, Ferruzca Chica imputó directamente a un exalumno del plantel, el menor de edad Andrés Esteban Domeneche Limón. Pero semanas después, sin explicación alguna, se retractó, lo que jurídicamente significa que Domeneche Limón no podrá ser encauzado por este delito.

En enero de 2008, la familia Nava Mota Álvarez designó un representante legal encargado de integrar la indagatoria, el abogado Leonel Rivero.

El 26 de febrero, Guillermo Nava Mota González, padre de la víctima, amplió su declaración ante el ministerio público, José Luis Razo Martínez, y de nuevo presentó las pruebas documentales que había entregado el director asesinado.

La Procuraduría General de la República conoció el caso. En mayo de 2008, los familiares se reunieron con el delegado estatal de la PGR en el Estado de México, José Manzur Ocaña, y con el comandante regional de la AFI en el Estado de México, Milton Guerrero Cristóbal. Entregaron de nueva cuenta la información que el profesor había recabado entre sus alumnos: copias fotostáticas que lograron rescatar, después de que el primer manojo de pruebas “desapareciera” del expediente.

En octubre siguiente, los medios de comunicación reportaron que José Manzur Ocaña protegía a los zetas en el Estado de México. Se convirtió en prófugo. Hasta la fecha nadie sabe dónde está.

Milton Guerrero no corrió mejor suerte. Fue levantado el 28 de agosto de 2008. Su cadáver fue hallado en octubre, en severo estado de descomposición y con huellas de tortura.

AVANZA EL CASO

A finales de 2008, se logró la identificación de dos personas que presuntamente participaron directamente en el homicidio del profesor: un menor de edad que se encontraba internado en la Escuela de Rehabilitación para Menores Infractores Quinta del Bosque, por otro delito, y confesó su coparticipación en el homicidio, y una persona que ha sido señalada como “sicario” oriundo de Tepito.

El “sicario” fue debidamente identificado y ubicado por los elementos de la Policía Ministerial en mayo de 2009. A finales de junio de ese año el MP ejerció acción penal en contra de la persona identificada y en julio el juez quinto penal de la primera instancia de Ecatepec libró una orden de aprehensión en contra del coautor del homicidio.

Desde julio de 2009 y hasta el mes de enero de 2010, la familia Nava Mota Álvarez y su representante legal han sostenido diversas reuniones con Alberto Bazbaz Sacal, procurador general del Estado de México, en las que el funcionario ha asegurado que “el inculpado se encuentra perfectamente ubicado y, que es cuestión de días para que se realice la aprehensión”.

Sin embargo, el mandamiento de captura “sigue sin cumplimentarse y el Procurador se ha negado reunirse nuevamente con la familia Nava Mota Álvarez”, denuncia la familia.

Su hermano, Francisco, quien quedó a cargo de la preparatoria, señala que después del homicidio de Edmundo, prefieren no denunciar el narcomenudeo, “en cambio procuramos enseñar a los jóvenes que hemos detectado que consumen, que puede haber otras formas de vida, nosotros apostamos por la educación”.

Sin embargo, el propio director reconoce las cosas no son mejores que cuando su hermano fue asesinado.

“Es lo mismo, no cambia nada, porque a las autoridades no les interesa la seguridad de las comunidades. Desde hace 20 días estoy pidiendo una reunión con el secretario de seguridad pública [local]”.

Incluso los padres de familia aprendieron la lección, ahora se niegan a levantar un acta ni llevarla al Ministerio Público

Y es que, explica Francisco Nava Mota, “si nos dicen que denunciemos, que estemos pidiendo el apoyo, a mí se me hace un juego muy entrampado”, ya que cuando tratan de dar seguimiento a la averiguación, porque ésta no avanza, porque está involucrado el policía municipal o porque se dieron cuenta de que el robo se hace permanente porque esos delincuentes tienen cuotas con la misma policía ministerial, entonces el MP les pide que no interfieran en el proceso.

“Mientras nos piden que nos quejemos, que hagamos la denuncia anónima, cuando nos vamos a fondo, no sólo como director de la escuela, sino también los padres de familia y los alumnos, nos dicen: ‘limítense a sus funciones.. y es cuando nos damos cuenta de que no hay un respaldo para nuestra integridad” concluye Francisco Nava Mota.

*Publicado en Educación a Debate el 11 de mayo de 2010.