Nuevo León, cuando el desaparecido es un "poli"

Los policías no son inmunes a la desaparición forzada, con casos donde las autoridades encubrieron o participaron en el secuestro de sus compañeros.

Reportaje publicado en Milenio Semanal en diciembre de 2011

El agente Giovany Urbina Aguilera terminó su turno. Salió del módulo de Licencias, donde laboraba, en el parque Tucán, en Valle Verde, Monterrey, y se dirigió a donde había estacionado su auto. Minutos después, como relataría luego a los familiares, un amigo y compañero de Giovany también salió del módulo y, ya en la calle, un muchacho que ponía papel polarizado a los autos le preguntó si había visto “el levantón”. La camioneta Cherokee blanca modelo 1996 de Giovany ya no se encontraba allí. Eran pasadas las cuatro de la tarde del viernes 26 de septiembre de 2008.

Más adelante, otros testigos señalarían que Giovany, de entonces 25 años, había sido secuestrado por personas que llevaban chalecos con insignias de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y que portaban armas largas. Bajaron de una camioneta Yukon y obligaron al joven agente a subirse a su propioa Cherokee. Ese mismo día, un poco más temprano, fue el último en que se vio a Julián Urbina Torres y a Julián Eduy Aguilera, padre y hermano de Giovany, respectivamente. Ambos se desempeñaban también como agentes de tránsito. Lo último que se supo de ellos es que a las tres de la tarde de ese mismo viernes entregaron sus motocicletas en las oficinas de la Secretaría de Vialidad y Tránsito de Monterrey para dirigirse a su camioneta Ford Ranger azul modelo 1987. Un testigo advirtió que se les vio hablando con dos sujetos para después subir los cuatro a la Ranger azul.

El caso de Giovany Urbina ha sido atraído por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pues se encontraron elementos suficientes para considerar que las autoridades participaron en el hecho. El organismo también atrajo los casos de Juan Manuel Ortiz Rodríguez, policía municipal de Apodaca, desaparecido el 27 de febrero de 2009, y los de José Luna Ramírez y José Everardo Lara Hernández, agentes del municipio de Santa Catarina, desaparecidos el dos de mayo de 2007. Se espera que el GTDFI atraiga, eventualmente, el caso de Julián y Eduy.

No existen estadísticas oficiales sobre el número de desapariciones forzadas en el país; tampoco las hay sobre estas desapariciones en Nuevo León. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) da hoy seguimiento a 114 casos en ese estado; en 35 por ciento de ellos se han presentado elementos que indican la participación, por acción u omisión, de algún servidor público. Pero el problema es nacional. De acuerdo con el GTDFI, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró un aumento sostenido en el número de quejas sobre desapariciones forzadas, ya que pasó de cuatro en 2006 a 77 en 2010. Sin embargo, en ese lapso sólo se le informó acerca de dos sentencias condenatorias en contra de funcionarios públicos por ese delito en todo el país.

A MARCHAS FORZADAS

Cada persona que ha tenido la desdicha de tener desaparecido a un familiar constata que las investigaciones del Ministerio Público (MP) son siempre a marchas forzadas, y dependen en su mayor parte de las indagaciones que hacen los propios familiares. Para mayor agravio, Giovany recibía por su trabajo un sueldo neto de dos mil 250 pesos a la quincena, el mismo monto que su padre y su hermano. Según la prensa, actualmente sus familiares no reciben ningún tipo de ayuda económica por parte de la institución en la que laboraban. La dependencia catalogó el caso como abandono laboral y dejó a las esposas de Julián y Eduy a la deriva.

En noviembre de 2008, Gloria, esposa de Julián y madre de Eduy y Giovany, presentó a las autoridades la sábana de registro de llamadas del Nextel que Eduy llevaba el día que desapareció. El aparato continuó funcionando hasta el dos de octubre, pero las autoridades no investigaron de forma inmediata ni los números marcados, ni la localización del Nextel (determinada por las antenas de recepción). Según registros del caso (a los que M Semanal tuvo acceso), el MP no sólo no utilizó esta información, sino que dejó pasar un año entero antes de solicitar la información de los otros teléfonos celulares que llevaban las víctimas. Por desvaríos burocráticos, los datos fueron entregados mucho después.

Las llamadas telefónicas no fueron el único indicio que las autoridades desperdiciaron. Algunos de los testigos fueron llamados a declarar hasta un año después de los hechos; además, las pocas pruebas periciales fueron contaminadas por mal manejo.

El 23 de abril de 2009, casi siete meses después de la desaparición, fue asegurada de nuevo la Cherokee blanca de Giovany. Las placas originales habían sido removidas y se encontraron al día siguiente en un Tsuru blanco, localizado en un lote de autos. Pasaría un año más para que las autoridades se enteraran de que el Tsuru había sido propiedad del estado de Nuevo León, y que tenía reporte de robo desde marzo de 2008. El 15 de enero de 2010, la Dirección de Tránsito de Monterrey remitió al corralón una camioneta Ford azul. El MP determinó que se trataba del mismo vehículo en el que habían desaparecido Julián y su hijo Eduy.

La camioneta llevaba un año y medio abandonada frente a una escuela primaria, a pesar de que los vecinos la habían reportado meses atrás. El 28 de enero de 2010 el personal de agencia del MP realizó una recolección de indicios al interior de la camioneta: fueron encontrados casquillos de armas y lo que parecían ser huellas de sangre; sin embargo, posteriormente, la agencia determinó que las pruebas fueron contaminadas con huellas del personal de la fiscalía.

Actualmente el caso se encuentra varado. Los rastros se enfrían cada año que pasa. Sólo queda un indicio vago en las declaraciones de los testigos: la presión que imprimen grupos criminales a un “poli” en la última cadena de mando para obtener una licencia sin papeles.

POLICÍAS EN LA MIRA

El dos de mayo de 2007 desaparecieron tres elementos municipales: Omar Cabello Cabrera, José Everardo Lara Hernández y José René Luna Ramírez. Los dos últimos casos fueron atraídos por el GTDFI.

Lara Hernández, que entonces tenía 23 años de edad, fue plagiado cerca de las 8:20 de la mañana, a dos cuadras de la Secretaría de Policía y Vialidad de Santa Catarina. Fue interceptado en las avenidas Culebra y Miguel Alemán cuando viajaba en su auto Mercury. Tres sujetos vestidos de color oscuro y con armas largas bajaron de una camioneta Suburban verde oscuro, y a punta de pistola se lo llevaron. José Everardo tenía siete meses de casado.

Por su parte, Luna Ramírez salió de su casa poco antes de las siete de la mañana para dirigirse a su trabajo cuando fue secuestrado por dos sujetos vestidos con pantalones negros, botas tipo policía y chalecos con las siglas AFI, quienes descendieron de un vehículo blanco. Atestiguaron los hechos dos personas, quienes incluso alcanzaron a apuntar la numeración de las placas.

Ambos casos quedaron radicados en el MP Número Dos del Cuarto Distrito Judicial de Nuevo León (Santa Catarina). Ambos fueron escoltas del entonces alcalde de Santa Catarina, Dionisio Herrera Duque (quien en 2011 fue inhabilitado por desvío de recursos); habían participado en un enfrentamiento armado suscitado el 28 de abril, es decir, apenas cinco días antes de su desaparición.

Maximina Hernández Maldonado, madre de Everardo, declaró a la prensa que éste había pedido su cambio porque no le gustaba la forma de ser de Herrera Duque. Poco después de que le concedieron el cambio laboral, desapareció. El MP no hizo diligencia alguna durante los primeros dos años. Cinco años después, las indagaciones son casi nulas, o aún peor: en la inspección ocular realizada en el vehículo de Everardo el día que éste desapareció, el MP omitió detallar el destino de una serie objetos: una hoja que a simple vista parecía formar parte de una denuncia, monedas y una botella. Nada fue recabado. El MP sólo recogió un aro con cinco llaves, y un llavero tipo con los colores del equipo de futbol Tigres.

El 17 de mayo de 2007 compareció Víctor Alejandro García Hernández, compañero de Everardo. Aseguró que lo había visto por última vez la noche del 30 de abril, cuando fueron a tomar unas cervezas junto con otro compañero de nombre Jesús Eligio Mena. Esa noche se habría suscitado una discusión entre los tres. Al día siguiente García Hernández fue asesinado. Se le encontró muerto junto con otros dos hombres en la colonia El Obispo, en los límites municipales de San Pedro Garza García. Mena, el tercer hombre de la discusión del 30 de abril, cayó en contradicciones. En una primera entrevista dijo a la policía ministerial que había sido dado de baja el cinco junio de 2007, pero después, al comparecer frente al MP, aseguró que seguía como elemento activo de esa corporación.

El 14 de octubre de 2011 una nota del diario El Norte informó que Jesús Eligio Mena era uno de los 46 policías del municipio de Santa Catarina detenidos y procesados presuntamente por realizar tareas de espionaje para grupos criminales (actividad conocida como “halconeo”).

Los casos de José René y José Everardo siguen detenidos.

EL VALOR DE UNA FIRMA

En el caso de Juan Manuel Ortiz Rodríguez existen indicios de que su jefe directo falsificó su firma la noche de su desaparición. Aquél, de entonces 33 años, era policía municipal de Apodaca, Nuevo León. Había iniciado su turno a las siete de la noche del 26 de febrero de 2009. A las dos de la mañana del 27, llamó a su madre y le dijo que se encontraba patrullando.

Juan Manuel debía terminar su turno a las siete de la mañana; jamás llegó a casa. La familia llamó a la delegación de Policía y las autoridades aseguraron que había entregado su turno. Al revisar el documento que se encontraba en la delegación para avalar el dato, los familiares se percataron de que la firma había sido falsificada: Juan Manuel no había hecho entrega de su arma ni de su patrulla.

Más aún, en un sitio donde laboran decenas de personas, sólo el jefe directo, de apellido Ovalle, y otro elemento de nombre Ezequiel, declararon haberlo visto en la mañana del 27 de febrero. Una vez que los familiares señalaron que la firma del desaparecido había sido falsificada, el MP se dio a la tarea de reproducir de forma idéntica varias declaraciones ministeriales de elementos policiacos. En éstas aseguraban que los policías no firman ningún documento al concluir su turno. En otras palabras, se pretendía restar valor a la irregularidad en la que incurrió el comandante de turno por la posible falsificación de la firma del desaparecido.

Un día después de la desaparición la patrulla fue hallada en una brecha. La Policía aseguró que dio con su paradero debido a una llamada anónima. En el interior de la unidad se encontraban las armas de Juan Manuel.

De acuerdo con extractos del expediente, el jefe directo de Juan Manuel, el comandante Ovalle, rindió su declaración ministerial hasta el nueve de octubre de 2009; es decir, casi ocho meses después. Encima, se contradijo: advirtió que había visto a la víctima por última vez el 26 de febrero (un día antes de su desaparición), pero luego añadió que Juan Manuel le entregó su pistola Beretta el 27 por la mañana.

Meses más tarde, el MP no había localizado a otros dos compañeros de Juan Manuel que habrían sido claves en el caso. Uno de ellos, el encargado de las radios, había estado en contacto con la víctima durante toda la noche. El jefe de Juan Manuel, quien falsificó la firma e incurrió en contradicciones, jamás fue sancionado o procesado.

Juan Manuel continúa desaparecido. Dejó dos niñas. A una de ella ni siquiera la vio nacer.

Las observaciones preliminares del GTDFI tras su visita a México en marzo de 2011, alertan de que sólo en siete estados de la República se contempla el delito de desaparición forzada: Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Durango, Distrito Federal, Nayarit y Oaxaca. En los 25 restantes no se encuentra tipificado. En Nuevo León se encuentra a punto de aprobarse una iniciativa para tipificar el delito de desaparición forzada en el código penal. En estos momentos, casos como los de Juan Manuel, la familia Urbina, José Everardo y José René no pueden procesarse como desaparición forzada porque el delito simplemente no existe como tal en el código local; los casos son consignados como desaparición, falsedad de declaraciones o secuestro.

La iniciativa en Nuevo León se encuentra “congelada” desde hace ya casi un mes en el Ejecutivo local.

Lydiette Carrión