Casitas del Sur, a la ONU

*Columna publicada en el Universal Gráfico el 1 de febrero de 2012.


Este mes se cumplieron tres años desde la desaparición de 11 niños de Casitas del Sur, albergue  administrado por la Iglesia Cristiana Restaurada.
Ahí, la Procuraduría capitalina (PGJDF) enviaba a pequeños cuyos padres se hallaban en procesos judiciales. Hasta ahora, sólo un niño ha sido recuperado.

Se comprobó que casos similares se habían presentado en Monterrey y Cancún. Se trataba de una red que operaba en varios estados de la República.

En ese entonces, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) advirtió que el problema de fondo es que ninguna institución —ni la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), la PGJDF o cualquier otra— tenía un padrón de niños en albergues y mucho menos supervisaba su bienestar.

Ahora, si bien se han establecido protocolos para resolver este problema en el DF,  ni la Sedeso ni la PGJ los han implementado a cabalidad, acusa la CDHDF.
En septiembre de 2009, entrevisté vía telefónica a Mayte Bello Azamar, quien se quedó a cargo de dos sobrinas que vivieron por cinco años en Casitas del Sur. Ella decía:  “La más chiquita, de ocho años [en ese entonces], viene traumada… Quisiera que me platicara bien, pero nada. Se agacha y se queda callada”.

La sobrina más grande, de 13 años, le platicaba que si no cantaban “lo de su religión” (de la Iglesia Restaurada) tenían que hacer planas de escritura. “Mi hermana decía que estaban bien. Pero cada fin de año les decían que sus hijas reprobaban”. Después descubrió que sus sobrinas no tenían registros escolares en la SEP.

La asistencia privada fue el negocio redondo de este grupo criminal. Además del tráfico de niños, Reinsac AC (a la cual pertenecía Casitas del Sur) recibía donaciones de empresas como Walmart de México, Muebles Troncoso, Fundación Sólo por Ayudar IAP (constituida en 1985 por Lolita Ayala). No sólo embaucó a la PGJ, sino a varias fundaciones altruistas que actuaron de buena fe. Y por supuesto, los familiares de varios niños debían pagar cuotas.

En 2009, el caso fue presentado por familiares de los niños desaparecidos ante la ONU. En abril de 2011, la CDHDF lo llevó al Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada e Involuntaria de Personas de la ONU. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado mexicano puede ser responsabilizado e incluso juzgado por estos hechos.

Ojalá y antes de que esto suceda, el gobierno de verdad se haga cargo y los encuentre.