APPO, el muerto que nadie contó

El 14 de junio de 2006 la policía de Ulises Ruiz intentó desalojar, infructuosamente, un plantón de maestros en el zócalo de la ciudad de Oaxaca. Esto fue el detonante para que unos días después se creara la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y se presentara un estallido social que duraría varios meses y dejaría como saldo, tan sólo ese primer año de 2006, 26 asesinatos; todos, impunes. A estos se sumarían decenas de muertes violentas en los siguientes años.



El domingo 14 de junio de 2009, la APPO celebró el inicio de su movimiento con una mega marcha. Para el grueso de los periódicos y revistas, el resultado del tercer aniversario fueron varios negocios y tiendas vandalizados, y un activista muerto y 14 heridos, al explotar cohetones y quemarse gasolina que llevaban simpatizantes en un vehículo para la marcha.

Pero esa muerte –que por lo demás puede calificarse de desafortunada y terriblemente torpe-- no es la única que acompaña al tercer aniversario.

Días antes, se sumó un nuevo crimen político: el de Sergio Martínez Vásquez, quien luchaba, entre otras cosas, por los derechos ambientales de la región.


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De acuerdo con el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codep, una de las organizaciones sociales más antiguas de la entidad y que forma parte de la APPO), actualmente se están desarrollando 29 proyectos mineros multinacionales, en su mayoría canadienses y estadunidenses. Pero éstos no han tomado en cuenta el impacto ecológico ni de salud pública en la zona.

En 2009, la empresa Cuzcatlán comenzó la construcción de la mina “La Trinidad”, en San José del Progreso, Oaxaca, la primera de más de 16 que serán construidas a lo largo y ancho del Valle de Ocotlán-Ejutla.

Los habitantes de la región han denunciado que estos trabajos han tenido como consecuencia el resquebrajamiento de las casas y la contaminación de la región con plomo, el cual puede causar en los humanos graves enfermedades, como el saturnismo (un trastorno en el comportamiento de los glóbulos blancos) y una anemia difícil de curar, así como fallas severas en el sistema nervioso central.

Este mismo año “se reactivarán más de 50 minas que ya trabajaron hace 15 o 20 años en el valle, como “La Colmena” en San Jerónimo Taviche, “que actualmente produce grandes cantidades de drenaje ácido, causante de enfermedades de los ojos, de las vías respiratorias y la piel. En la región se ha registrado el fallecimiento de más de 20 cabezas de res, en los últimos tres meses, los análisis han determinado envenenamiento por plomo, mercurio, arsénico y cianuro”, afirma el Codep.

Por ello la asamblea comunitaria (en la región las comunidades se rigen por usos y costumbres en algunos casos) resolvió desconocer al presidente municipal, Venancio Oscar Martínez Rivera, y el comisariado ejidal, Quintín Vásquez Rosario, de San José del Progreso.

Esto generó, de acuerdo con los activistas, varios actos de hostigamiento:
El 24 de marzo intentaron secuestrar Agustín Ríos Cruz, integrante del CODEP. “A las ocho de la mañana llegaron al plantón de la mina hombres vestidos de civil, que irrumpieron con pistolas y armas largas. Cuando se les pidió que mostraran la orden de aprehensión, dijeron: ‘No necesitamos de un pinche papel, son órdenes del gobernador’”.

Al día siguiente, José David Hernández Álvarez, también miembro del CODEP sufrió un intento de secuestro, cuando, a las 8:30 de la mañana, fue a dejar a sus hijos a la primaria.

En la madrugada entre el 7 y el 8 de junio pasado, Sergio Martínez Vásquez, integrante del Consejo Estatal del CODEP, fue asesinado.

Martínez Vásquez trabajaba como taxista. Realizó un viaje a la agencia de Pino Suárez el día 7 por la noche. Al día siguiente su cuerpo fue hallado con 10 impactos de bala. Aunque todavía no se cuenta con suficiente información, el Codep sostiene que “todo apunta a confirmar que los actores materiales de este asesinato fueron los grupos paramilitares que Ulises Ruiz mantiene operando en la región”.

La demanda que dio vida a la APPO (y que sigue vigente) es la renuncia de Ulises Ruiz, como gobernador de Oaxaca, además de varias exigencias magisteriales y sociales. Ahora, se suma el exigir el cierre de los proyectos mineros multinacionales que se desarrollan en el Valle de Ocotlán.

Durante el estallido social en Oaxaca, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos documentó 26 asesinatos relacionados con el conflicto durante el 2006.

En 2007, se sumaron 27 muertes más relacionadas con problemas políticos. En 2008, 15 más, además de varias desapariciones forzadas. Entre estas últimas se encuentran la de Lauro Juárez, militante del Frente Popular Revolucionario (FPR, organización que forma parte de la APPO), quien fue sustraído de una casa en la que dormía con ¡30 personas más!



*Una versión del texto fue publicada en El Periódico en Línea, el lunes 15 de junio de 2009.