La muerte de Emmanuel D’herrera (o de cómo el arraigo domiciliario sólo es válido si se es expresidente genocida)

El sábado pasado, Emmanuel D’Herrera falleció a los 65 años por un derrame cerebral desencadenado por un encarcelamiento jurídicamente irregular. Éste duró 11 meses, y no contó con los cuidados necesarios para atender su diabetes e hipertensión.

Emmanuel D´Herrera fue llamado “unabomber región cuatro” por la prensa, por hacer estallar un artefacto explosivo en el Walmart de Teotihuacan el 16 de mayo de 2009.

Era activista desde hacía décadas. Era de los pacíficos. Incluso había contendido para cargos de elección popular por diversos partidos, según el diario Excélsior.

De acuerdo con los comunicados del comité en defensa de Emmanuel De Herrera, este señor de 65 años tenía estudios en Economía Internacional realizados en París, Francia; dominaba perfectamente el francés, inglés e italiano; tuvo una carrera diplomática, con actividades comerciales y empresariales en Francia, España, Portugal, Bélgica, Estados Unidos, Colombia y Venezuela.

Pero el tema de la construcción de un Walmart en una zona arqueológica en Teotihuacan le pudo. Participó desde 2004 en las organizaciones opositoras.

El 16 de mayo de 2009, dicen algunos, “se le pasó la mano”: hizo estallar un artefacto explosivo dentro de la Bodega Aurrera de Teotihuacán, en el Estado de México.

Según el propio Emmanuel, la idea no era herir a nadie, sino hacer ruido. Le funcionó.


El 17 de mayo de 2009, D'Herrera Arizcorreta fue ingresado en el Centro de Prevención y Readaptación Social de Molino de Flores en Texcoco, Estado de México, y sometido a proceso penal por el delito de “Portación de arma peligrosa” en el Juzgado 2º de primera instancia. La Juez a cargo del proceso le otorgó la libertad bajo fianza y salió libre el 21 de mayo de 2009.

“Al cruzar el umbral de la prisión, cuatro personas, sin identificación, ni gafete de ninguna clase u otro indicio de que fueran policías, le sujetaron violentamente y le subieron a un vehículo. Durante al menos seis horas lo trajeron esposado y encapuchado”.

Posteriormente fue llevado a una oficina de la Policía Ministerial de Estado de México, en Toluca. No se le permitió hacer una llamada.

“Fue trasladado a la Procuraduría de Justicia del Estado de México para que se le practicara una certificación médica, pero no habiendo allí ningún aparato para medir la glucosa en sangre, lo llevaron a un hospital, donde lo tuvieron el resto de la noche, con suero e insulina para controlarle la crisis de diabetes con que arribó”.

A la mañana siguiente, después de tratar de hacerlo firmar una declaración, le dijeron que quedaba libre.

“A la salida de la oficina, fue detenido por agentes de la Agencia Federal de Investigaciones, que le trasladaron a Ciudad Nezahualcóyotl para presentarlo a la delegación de la Procuraduría General de la República, y después ser ingresado en el Penal de Neza-Bordo, donde se le procesa por el mismo hecho por el que estuvo en el Reclusorio de Molino de Flores, esta vez con cargos federales, ante el juzgado 12 de distrito en Ciudad Nezahulacóyotl.

En otras palabras: se le proceso por el mismo delito en dos juzgados.

Durante casi un año en prisión, D’Herrera presentó severas complicaciones relacionadas con sus padecimientos (diabetes e hipertensión). Esto fue denunciado casi desde el principio por sus compañeros, ya que su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Después de 11 meses, había perdido cinco piezas dentales; sufrió disminución de la vista; perdió mucho peso, y finalmente, sufrió un derrame cerebral, por lo que fue internado en el Hospital General Dr. Gustavo Baz Prada Nezahualcóyotl.

Era un hombre de 65 años comprometido con lo creía, enfermo, y que fue encarcelado de forma irregular y sin tener los cuidados que necesitaba. Esto fue denunciado repetidamente a las comisiones de derechos humanos local y nacional. Hasta la fecha ninguna se ha pronunciado por el caso.