miércoles, 25 de abril de 2012

El indigente que demandó al Estado mexicano




Parece más una casita del árbol que el refugio de un indigente. El hogar callejero de Ricardo Farías Melchor fue construido con pedazos de huacales de madera unidos con alambres; su techo está “impermeabilizado” con bolsas de plástico. Algunos recortes de revistas adornan el interior de las paredes, y cuenta con banquitos improvisados para las visitas.
Este refugio se encuentra entre los puestos que abarrotan la salida del Metro Copilco; desde ahí Farías observa a los estudiantes de la UNAM cuando emergen del subterráneo y caminan presurosos a sus clases. Los mira también cuando van de regreso, más relajados, y se detienen en los puestos a comprar curiosidades, artesanías o dulces y antojos.
Hace muchos años, Farías también vendía, recuerda un joven artesano que ofrece su mercancía al lado del hogar de aquél. El indigente, que ha demandado a 30 instituciones fue, alguna vez, el mejor artesano del Metro Copilco y sus alrededores. Trabajaba materiales diversos, pero destacaba en la elaboración de joyería de plata. Conocía las técnicas del punto peruano y la soldadura para hacer dijes, collares y aretes.
En ese entonces —dicen entre los puestos—, cuando Farías era un gran artesano, se enamoró de una mujer casada. Nadie sabe si perdió la razón porque ella le rompió el corazón o porque “le dieron toloache”. Lo cierto es que Ricardo se fue hundiendo cada vez más. Pasó de vender en la calle a vivir en ella. Desde hace por lo menos siete años, la casita de madera ocupa el lugar que antes tenía su puesto.
El artesano que relata la historia de Ricardo afirma que éste fue su maestro. Ahora, el indigente enfrenta la avaricia de los comerciantes en la zona, que lo quieren despojar de su lugar.

DISCUSIÓN ESCOLAR
A los problemas de don Ricardo eran ajenos el abogado Enrique Carpizo Aguilar y sus alumnos de la materia Práctica Forense de Amparo del semestre 2012-I, en la Facultad de Derecho de la UNAM. Pero durante una de las clases, alumnos y profesor comenzaron a discutir si la Constitución mexicana en verdad se cumplía, y alguien habló de las personas en situación de calle. Muchos recordaron a Farías, a quien veían día tras día en Copilco.
¿Cómo probar si la Constitución de verdad se cumple? A partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, es posible presentar un amparo por omisión, y ya no sólo por acciones que afectan al individuo. Profesor y alumnos decidieron intentarlo. Así lo relata Carpizo Aguilar (sobrino del ex procurador y ex rector Jorge Carpizo) en su cubículo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Dos de sus alumnos, Omar Roldán Orozco y Gabriela Flores, también relatan el caso.
En clase, comenta Carpizo, discutieron el caso de Ricardo. Un grupo de entre 10 y 20 alumnos redactaba la demanda y el profesor los corregía. El proceso tardó cerca de dos semanas. Pidieron a José Luis Reyes Farfán, joven médico que estaba a punto de graduarse en su especialidad de Psiquiatría, que evaluara al demandante. No sabía que, más tarde, esto le daría problemas con la burocracia de las instituciones médicas.
Según los datos recabados por Reyes Farfán y los litigantes, el señor Farías dijo haber nacido en 1963 en la delegación Azcapotzalco y ser huérfano. Creció en una casa hogar de esa demarcación y realizó estudios de primaria y secundaria en las escuelas “Tierra y Libertad” y “Fernando Montes de Oca”, respectivamente.
El examen médico firmado por el médico Reyes Farfán advierte que el señor Ricardo Farías presenta una edad mayor a la referida como cronológica, así como lesiones en la piel. “Muestra complexión muy delgada; en muy malas condiciones de higiene y aliño (...) se encuentra lenguaje espontáneo, fluente, incrementado en tono, intensidad, conservando velocidad, logra comprender instrucciones complejas. Se encuentra un discurso coherente, pero por completo incongruente a expensas de una desorganización del pensamiento. El examinado no muestra conciencia de los déficits en sus alteraciones de pensamiento”.
El señor Farías firmó la demanda ante las cámaras y reiteró que solicitaba ayuda. Carpizo Aguilar presentó el expediente incidental 1494/2011 el 14 de diciembre de 2011, ante la Jueza Primera de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal. La defensa fue prevenida al día siguiente. “Nos comentaron que se había reunido todo el juzgado para ver qué iban a hacer con esta demanda. No sabían qué hacer. Este es el primer antecedente que se presenta en México”, relata el abogado.
La defensa recibió una segunda prevención el 23 de diciembre. El tribunal pidió a la defensa que acreditara que efectivamente se trata de Ricardo Farías. Pero ¿cómo acreditar la identidad de un hombre en situación de calle, con un trastorno mental sin atender, que no cuenta con acta de nacimiento o credencial de elector? La defensa respondió que una de las violaciones a los derechos del señor Farías es precisamente que no tiene una identidad jurídica. En otras palabras, el Estado mexicano violó su derecho a la identidad.
El 28 de ese mismo diciembre, la jueza admitió la demanda y otorgó una suspensión provisional para que cesaran todas las omisiones que lesionaran los derechos del señor Ricardo Farías.
“Ahí no tuvimos problema”, cuenta Carpizo Aguilar. Pero días después, al conceder la suspensión definitiva, “el juez especifica que el señor Farías debe comparecer físicamente ante 30 autoridades dentro del término de tres días para reivindicar su situación”. En otras palabras, el juez no tomó en cuenta la situación de precariedad económica del señor Farías, ni el hecho de que éste se encuentra afectado de sus capacidades mentales.
El abogado hace una pausa. Añade una inquietud que los agobia en cada paso que dan en la defensa: “Déjame preguntarte algo. En caso de que al señor Farías se lo lleven a un albergue, ¿has visto las condiciones de éstos?”.
“El Estado ha omitido implementar programas para atender a este tipo de personas, que tienen una severa afectación mental”, añade el constitucionalista. Sí tiene, por ejemplo, instituciones como el hospital Fray Bernardino o el Instituto Nacional de Psiquiatría (INP). Sin embargo, no existe un responsable que lleve a personas en situación de calle a estas instancias.
Además, de acuerdo con testimonios de personas que han llevado a familiares a estos lugares, el tiempo máximo que los pacientes pueden permanecer ahí va de 15 a 21 días. Una vez estabilizada, la persona saldrá a la calle hasta una nueva crisis.
Las instituciones privadas para atender adicciones o personas en situación de calle, sin control psiquiátrico alguno, en cambio, sí han proliferado. Son los llamados “anexos”, que, en muchas ocasiones, han devenido en centros de explotación y trata.

TODOS SABEN, NADIE ACTÚA
La entrevista continúa en el cubículo. Carpizo Aguilar enlista las respuestas que hasta ahora han tenido de las dependencias; por ejemplo, lee en voz alta el oficio que envió un coordinador sectorial de la Secretaría de Educación Pública: “Es oportuno comentarle que si el solicitante así lo requiere podrá solicitar una certificación de estudios completos (...) siempre y cuando cumpla con los requisitos que se enlistan: acta de nacimiento en copia fotostática, identificación oficial con fotografía, Clave Única de Registro de Población, dos fotografías recientes y pago de derechos mediante el SAT”. En pocas palabras, Farías no puede acceder a sus comprobantes de estudios ni ejercer el derecho de identidad.
El estudiante Roldán relata la respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): “Este organismo dijo no reconocer los actos imputados, y añadió que los servicios del IMSS sólo son para los beneficiarios”. Por su parte, la Secretaría de Salud alegó que no le competía la atención de este tipo de personas, a menos de que cumpla con los requisitos de tener un empleo y ser derechohabiente. Finalmente, la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal advirtió que cuenta con los programas invernales. Pero hasta ahí.
Quizá la respuesta más sorprendente es la del INP: “Pidió que se negara el amparo”, explica Carpizo Aguilar; “Alegó que el señor Farías no se ha acercado a ese instituto”.
“El gran problema”, resume el abogado, es que “ya todos están enterados, hay violaciones a los derechos humanos y don Ricardo sigue igual. Prefieren hacerlo pedazos en el litigio y decir que no tiene razón, que no hay actos, que él no ha comparecido, que no hay programas, que no hay presupuesto, a ir y tirarle una chamarra. ¿Qué va a pasar? Pues que este litigio va a terminar en tribunales internacionales, porque la Constitución dice que tiene derecho a todo esto (salud, vivienda, educación) y en los hechos no es así”, finaliza.
Actualmente se ha interpuesto un recurso de revisión y se remitió al 14 Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa. La defensa está a la espera.
—¿Van a seguir el litigio, entonces?
—Hasta sus últimas consecuencias, responde Carpizo Aguilar.
Mientras, en los alrededores del Metro Copilco, Ricardo Farías sigue viendo pasar a los estudiantes. Saca un banquito “hechizo” de madera y lo ofrece a la reportera. Accede a la entrevista. Se dice indígena y estudiante, porque aprende el lenguaje, añade sonriente. Cuando se le pregunta sobre la demanda, señala algo cierto, en medio de una cascada de palabras y de frases atropelladas: sabe que es sólo una cascarita legal. “Ellos quieren que yo caiga en un juego que ellos ya tienen contabilizado”, dice, y sonríe. “Entonces, al estar contabilizados, por ejemplo, para ir... a lo que tú no quieres negociar, pues ya te han obligado. Ellos no ven mi caso desde el punto de vista que yo tengo, el de hacer mis cosas y recibir”.
Después de hablar un rato más, termina la entrevista. Se despide sonriente, con un amistoso choque de puños, el saludo de la banda.

* Texto publicado en Milenio Semanal el 3 de marzo de 2012


Para conocer el desenlace de la historia: Ricardo Farías, el indigente que demandó, ganó y desapareció