martes, 2 de julio de 2013

Antes de morir, dijo: "Fue Juan"


Eran las 9:30 de la noche cuando el señor Juárez escuchó que alguien se acercaba a la puerta. Debía ser un conocido porque los perros no ladraron.

—¿Quién es?

—Vengo a hablar con Luisa, respondió una voz que reconoció como la de Cuauhtémoc, un sobrino suyo.

Luisa, la hija del señor Juárez, miraba un programa de Juan Pablo II en la televisión.

—Ahí te hablan, le avisó.


Luisa salió a la puerta de la casa. Poco después, el señor Juárez escuchó siete disparos de arma de fuego. Se asomó y vio que su hija agonizaba; antes de morir le dijo: “Fue Juan”.

El asesinato de la abogada Luisa Juárez Miranda, de 54 años, ocurrió el 30 de abril de 2011 en San Agustín Buenavista, un poblado de poco más de 2 mil habitantes en el municipio de Soyaniquilpan de Juárez, estado de México. De acuerdo con sus hermanos, Cristina y Heliodoro Juárez Miranda, las autoridades han sido omisas. Hasta la fecha el asesinato de Luisa está impune.

Antes de ser asesinada, Luisa se dedicaba a cuidar a su papá y llevaba dos asuntos legales, ambos vinculados con despojo de tierras entre familiares.

En el primero defendía a un hombre llamado Eugenio, tío político de Juan, quien había falsificado la firma de su pariente para hacerse de unas tierras. Además, lo había hecho mientras era comisario ejidal, lo que es ilegal.

En el segundo defendía a Adolfo, un campesino analfabeta que, en una ocasión, cuando fue a cobrar el dinero que le daban del programa Procampo descubrió que su hija lo había despojado de su tierra.

Ambos casos eran fáciles de ganar y tenían audiencias en mayo de 2011. “Y a mi hermana la mataron el 30 de abril”, sentencia Heliodoro.

El homicidio de Luisa fue tomado por el MP de Jilotepec, estado de México. Ahí pasó 2 meses y medio. En julio fue trasladado a Toluca y descentralizado a Lerma.

Al inicio estuvo bien, “comenzaron a trabajar”, pero repentinamente, a decir de Cristina, las cosas comenzaron a entorpecerse sin razón aparente.

La primera ministerio que llevó el caso en Lerma le gritaba al papá de Luisa que le dijera quién la había matado. El señor ya había declarado en Jilotepec que escuchó la voz de Cuauhtémoc. Pero la servidora le decía que le molestaba mucho trabajar “con viejitos”. Los ministeriales llamaron a declarar a testigos no importantes, pero a los clave como Cuauhtémoc hasta la fecha no los han requerido. Juan, por ejemplo, rindió su declaración un año después del asesinato, explica Cristina.

Mientras tanto, el expediente se hacía perdedizo. En agosto de 2012 dijeron a los hermanos que había sido reasignado a feminicidios. Pero ahí les respondieron que no tenían la carpeta. Interpusieron una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

El expediente por fin apareció de nuevo en Lerma; las autoridades aseguraron que lo habían reasignado a esas oficinas desde feminicidios, “pero no hay un solo oficio que demuestre que alguna vez había estado ahí”, explica Cristina.

Los familiares de Luisa presionaron para que se hicieran estudios periciales. En Jilotepec, habían hecho una autopsia, pero no los estudios correspondientes. Apenas hace dos meses (dos años y medio después del asesinato) les entregaron el estudio de mecánica de lesiones y se enteraron que la abogada había forcejeado antes de morir. Supieron que había sido mordida y que se defendió.

Por ello, infieren, que probablemente Luisa rasguñó al agresor. Sin embargo, jamás se hicieron los estudios correspondientes, como raspado de uñas; tampoco se buscaron huellas. Por todo ello, sintetiza Heliodoro: “Nosotros creemos que hay tráfico de influencias en el caso de mi hermana”.

Texto publicado en El Universal Gráfico el 26 de junio de 2013