Lydiette Carrión
Desde 2007, la ley contempla la alerta de género. En teoría,
funcionaría así: un grupo de la sociedad pide que se active y ofrece sus
alegatos, se reúnen las presidentas de los institutos de la mujeres de todo el
país, así como el secretario de Gobernación y otros funcionarios, evalúan los
hechos y activan la alerta si lo consideran necesario.
Entonces fluye dinero para que autoridades y organizaciones
estudien por qué ocurre la violencia.
Por ejemplo, en el Estado de México, el transporte público
ha sido identificado como punto peligroso para las mexiquenses. La mayoría
trabaja en el Distrito Federal y regresa a su hogar por la noche. En las paradas
de autobuses, en los peseros que se van quedando vacíos, en las calles poco
iluminadas, ocurren los ataques.
Con la alerta de género se podría estudiar el sistema de
transporte público, los puntos más peligrosos y hacer los cambios necesarios.
En el papel, la alerta y la ley son muy bonitas. Hasta
vienen expertos de otros países para estudiarla e implementarla en otras
partes. El problema es que desde 2007 a la fecha, de las seis ocasiones en que se
ha solicitado la alerta de género, no se ha puesto en marcha ni una vez. Ni una
sola. Ni cuando en la zona triqui de Oaxaca estaban desapareciendo y matando
mujeres en medio de un terrible conflicto social, ni cuando empezaron a
desaparecer y a matar mujeres en Nuevo León en el contexto de la guerra contra
el narcotráfico, ni, por supuesto, cuando se solicitó para detener la ola de
feminicidios en el Estado de México.
El problema, explican organizaciones es que las autoridades
perciben la Alerta como un arma de golpeteo político.
En enero de 2011, las autoridades decidieron no declarar la
alerta de género en el Estado de México. Entonces varias organizaciones
presentaron un amparo que fue admitido por un juez federal. Por mandato, las
autoridades deberán discutir de nuevo y decidir sobre la alerta en el Edomex.
La fecha para ello es el próximo 19 de julio.
¿Qué harán las autoridades? Haga su quiniela.
Glosario de
Supervivencia
Recompensa:
Medida desesperada de las autoridades, dirigida no tanto a resolver casos, sino
a acallar a la opinión pública cuando las investigaciones son un desastre.
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