*Columna "La Rendija", publicada en el Gráfico el 11 de enero de 2012
Hay una frase que queda grabada en la memoria de todo egresado de anexo en el país: “A ver, hijo de su pinche madre”.
A los anexos —que se ofertan como centros de recuperación para adictos y el que es internado ahí no puede salir por propio pie— caen todos aquellos que se han convertido en “problema” para alguien.
Se trata de población que nadie quiere atender. Muchos son adictos a las drogas o el alcohol; una gran mayoría tiene algún tipo de enfermedad psiquiátrica; otros fueron expulsados del núcleo familiar desde muy pequeños y no tienen herramientas para mantenerse.
La familia se pregunta, ¿cómo ayudar a un hijo adicto, que no quiere buscar ayuda? La oferta del gobierno local y federal en atención de adicciones y enfermedades mentales es escasa y parcial.
Entonces, después de un viacrucis, la familia decide internarlo en un anexo. Parece que la policía capitalina también tomó la misma decisión.
Estos lugares no cuentan con ningún tipo de control. No tienen expertos sobre salud mental y son frecuentes las quejas por maltrato y tortura. Vaya, ni siquiera están reconocidos por los grupos de 12 pasos, de donde sacan su nombre.
En diciembre de 2009, se dio a conocer que el anexo "Los Elegidos de Dios", en Iztapalapa, mantenía a sus “pacientes” a la fuerza: bajo condiciones infrahumanas, los obligaban a trabajar sin sueldo. Era todo un negocio y la policía y funcionarios de la delegación Venustiano Carranza colaboran en los operativos para “internar” a más indigentes.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal acaba de emitir su recomendación 13/2011 al respecto. Pero no son sólo los anexos.
En el caso de Casitas del Sur se dio el mismo mecanismo. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal enviaba a esta instancia privada a los niños que estaban en medio de alguna querella legal. Las autoridades no realizaron nunca un seguimiento de las condiciones del albergue. En 2009 se dio a conocer la desaparición de 11 niños.
El problema central es que no existe presupuesto y políticas para atender a la población vulnerable: niños abandonados, jóvenes adictos, población callejera. El gobierno deja el asunto a las instituciones privadas y no sistematiza ningún tipo de supervisión.
Hasta que no se resuelva el problema de fondo, seguiremos leyendo estas historias de terror.
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