lunes, 12 de septiembre de 2011

Los tímidos pasos de la PGR en el caso Radilla

El pasado 29 de agosto México debió informar a la COIDH sobre los avances en la búsqueda de los restos de Rosendo Radilla, caso paradigmático de violación a los derechos humanos en nuestro país.

**Publicado originalmente en M Semanal




Crear un banco nacional de ADN para desaparecidos en la “guerra sucia”; indagar entre los muertos desconocidos de los cementerios locales de Atoyac, Guerrero; expandir las áreas de búsqueda con georadares a otras zonas del ex cuartel militar de esa localidad, y abstenerse o limitar el uso de maquinaria pesada en estas indagatorias, son las recomendaciones e ideas para dar con los restos de Rosendo Radilla. Sin embargo, las acciones de la Procuraduría General de la República (PGR) son limitadas. Ha pasado un año y medio y sólo se ha buscado, dos veces, en el mismo lugar.
El pasado 29 de agosto México debió informar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) sobre el avance en el cumplimiento de la sentencia dictaminada en el caso de Rosendo Radilla Pacheco, en la cual esa Corte declaró al Estado mexicano autor del delito de desaparición forzada en el contexto de la “guerra sucia” de los años setenta. Así, cuando pasen las lluvias de esta temporada, se realizará una tercera búsqueda de los restos de Radilla en el ex cuartel militar de Atoyac. Las nuevas excavaciones programadas fueron dadas a conocer de forma discreta. Un boletín institucional de la PGR anunció esta búsqueda en el ex cuartel militar de Atoyac, Guerrero.

Por primera vez un grupo de peritos especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) asesorará a la PGR en la búsqueda de posibles cementerios clandestinos y restos óseos. En el grupo de expertos estarán Mario Ramírez Cardona y José Antonio Zamora Téllez, peritos en materia de geología del Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). Al frente del área de arqueología estará Osvaldo José Sterpone, de la Coordinación Nacional de Arqueología del INAH. Participarán también Jorge Arturo Talavera e Israel Dávila Lara Borges, también de esta institución.

“Los peritos actualmente utilizan dos aparatos que, nos dicen, son muy caros: el resistivímetro y el georadar”. Esos aparatos envían electricidad al subsuelo, con lo que obtienen una lectura de las irregularidades del terreno, explica en entrevista con M Semanal Sergio Méndez, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), organización que acompaña a los familiares de Radilla en el caso. La información obtenida es procesada y se puede hacer un mapa en tercera dimensión del terreno. “El perito nos explicó que hay 18 irregularidades divididas en cuatro o cinco zonas del mismo campo de tiro”. Pero se podría tratar de madrigueras de animales, troncos, piedras, etcétera; la segunda parte de estas indagaciones es excavar y ver de qué se trata.

LC: Hay versiones de que existen otras zonas en el ex cuartel donde también podría haber restos óseos y que allí no se está buscando.
SM: Obviamente el terreno es muy limitado, porque hay otras zonas en las que también podrían estar buscando.
LC: ¿Cuáles son estos otros espacios donde podría haber fosas clandestinas?
SM: Es posible que se encuentren restos enterrados debajo de la cancha de basquetbol. Otros dicen que pueden encontrarse restos debajo de la (actual) casa del presidente municipal. Hay distintas versiones, pero ahorita la PGR se ha circunscrito al campo de tiro. Inicialmente el campo de tiro se dividió en cuatro zonas, y posteriormente se agregó una “zona ampliada”, a solicitud de Tita Radilla, hija del desaparecido Rosendo Radilla.
Los peritos del INAH nos hicieron una presentación muy buena. Nosotros solicitamos esta información pero, al igual que el resto de la averiguación previa, sólo la podemos consultarin situ. Actualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo un amparo para que los familiares de Radilla Pacheco y sus coadyuvantes puedan sacar copias del expediente.


TRASCABOS EN EL EX CUARTEL


Las primeras excavaciones se hicieron con maquinaria pesada, con trascabos, y se detectaron irregularidades. Pero esto podría ser contraproducente en las indagatorias: “Lo que nos explicaron los peritos del INAH es que no se tiene que excavar ni con palas, menos con maquinaria pesada. Se tiene que hacer con herramientas muy finas. Tienen que quitar con mucho cuidado la tierra. Es más, no puede haber más de dos personas, porque (incluso) el perito puede contaminar el resto óseo con una lágrima, con un cabello o con saliva. Entonces, tienen que ser muy cuidadosos con los restos óseos, porque como ya llevan mucho tiempo (en el subsuelo), es posible que se echen a perder y no se pueda analizar el ADN”, explica Sergio Méndez. El abogado reitera: los restos, de ser hallados, pueden estar en muy malas condiciones. “Nos dijeron que pueden parecer como mazapán, o pueden estar llenos de hongos, pueden estar fracturados o pueden estar dañados. Por esta razón, es indispensable que la excavación se haga por secciones, con herramientas muy delicadas”.

EL CAMPO DE TIRO

Leonel Paiz es perito de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) y acompaña el caso de Rosendo Radilla a petición de la CMDPDH. De acuerdo a Paiz, el uso de trascabos no fue inadecuado en una etapa inicial, por el tipo de terreno y el gran espacio en donde había que buscar. Incluso ejemplificó con el caso de los restos en el genocidio de Bosnia, donde se trabajó inicialmente con maquinaria pesada, pero siempre bajo la observación expertos, lo que no fue el caso aquí. En su informe Paiz recomendó que la búsqueda de restos se extendiera a otras zonas del ex cuartel militar y sus alrededores, y no sólo se circunscribiera al campo de tiro; la determinación de indagar en el campo de tiro se hizo a partir de los testimonios varias personas. Sin embargo, como ha denunciado la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), las autoridades militares no han aportado información interna sobre el paradero de Rosendo Radilla y otros desaparecidos.

Julio Mata, secretario ejecutivo de la Afadem, advierte en entrevista que “todo el caso es producto del trabajo de los familiares. Para nosotros no hay investigación real sobre los desaparecidos”. Todo el trabajo está basado en testigos aportados por los familiares y los peritajes de los antropólogos forenses, porque “la PGR se ha negado a citar a los responsables de las desapariciones forzadas”. Concluye: “Están buscando en lugares donde hay pocas probabilidades de encontrar algo”.

Leonel Paiz añade: se recomendó la expansión de la búsqueda “de acuerdo a nuestra experiencia, y de acuerdo también a los propios testimonios de las personas que vivían en el sector”. El guatemalteco advirtió que en docenas de casos similares se pueden hallar cementerios de este tipo no sólo al interior de un cuartel, sino en los alrededores de éste; es necesario poner atención en aquellos terrenos donde se presentaba vigilancia constante en los años en que se presentaron las desapariciones (en este caso, en la década de los setenta). Pero algunas de las zonas que tanto los testigos como los expertos guatemaltecos han sugerido para excavar ya tienen construcciones nuevas.

LC: De acuerdo a su experiencia, ¿cómo ve el avance de las indagatorias?
LP: Caminan un poco lento. Aunque a veces es así, un poco lento. Aquí en Guatemala llevamos desde 1992 (trabajando el tema de) cementerios clandestinos. Ya con el tiempo se han hecho manuales que agilizan el proceso, pero en general nosotros creemos que acá lo hemos hecho en muchísimo menos tiempo de lo que han sido los trámites para autorizar estas nuevas áreas (en México).
LC: ¿Cómo encuentra el proceso mexicano?
LP: Técnicamente van muy bien en el caso de Rosendo Radilla. Las personas que yo conocí, las vi con muy buena voluntad. En eso no creo que haya ningún problema. Pero me parece que se deberían agilizar las investigaciones, y no dejar pasar demasiado tiempo.

Otra recomendación del grupo guatemalteco en el caso de Rosendo Radilla es buscar en los cementerios legales a aquellos hombres y mujeres muertos no identificados de la época, “a los NN”. Esto no se realiza en México. Finalmente, recomendaron hacer un muestreo genético a nivel nacional, no sólo de Radilla Pacheco, sino de los cientos de desaparecidos de la época.
LC: ¿Cuánto costaría el muestreo?
LP: No te podría dar exactamente cuánto es el costo. Pero sí hay que hacerlo. Son cosas que aquí (en Guatemala) también se están haciendo y han funcionado.
El 19 de mayo de este año la Coidh emitió una primera resolución tras cumplirse el primer año de su sentencia en el caso Radilla. En ese informe la Corte determinó que el Estado había incumplido con todas las recomendaciones en el caso Radilla Pacheco, excepto con publicar extractos de la sentencia del caso en un diario de circulación nacional y en elDiario Oficial de la Federación. El Estado mexicano presentó un informe el 29 de agosto que detalla cómo va el cumplimiento del resto de los puntos —el pago de las indemnizaciones, la investigación—; pero el punto más importante, abatir la impunidad en delitos de lesa humanidad, sigue pendiente. “No han hecho una sola diligencia encaminada a castigar a los responsables de la ‘guerra sucia’”, señaló Sergio Méndez.

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Caso paradigmático
El 25 de agosto de 1974, Rosendo Radilla Pacheco fue detenido en un retén militar. Fue visto por última vez en el ex Cuartel Militar de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Radilla fue compositor y un líder social de ese municipio. En diciembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos halló culpable al Estado mexicano de diversas violaciones de derechos humanos en la desaparición forzada de Radilla Pacheco, caso ya paradigmático de la guerra sucia en México. La corte determinó que México violó los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida de Radilla, además de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial de sus hijos Tita, Andrea y Rosendo.


La sentencia y su cumplimiento




Entre otras cosas, la CoIDH determinó en 2009 que México debía localizar el paradero del señor Radilla Pacheco o, en su defecto, entregar sus restos mortales a los familiares. Este aspecto nodal de la sentencia sigue pendiente.

El Estado también debía limitar el fuero militar. En fechas recientes la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las violaciones a los derechos humanos cometidos por personal castrense deben ser juzgados por tribunales civiles (la Secretaría de la Defensa Nacional rechazó esta determinación). Si bien existe ahora la orientación de la SCJN, sigue pendiente una reforma al Código Penal militar.

La Coidh también determinó que un representante del Estado mexicano debía ofrecer disculpas públicas por los hechos de desaparición forzada y develar una placa conmemorativa por el caso de Radilla Álvarez en Atoyac de Álvarez. Hasta la fecha, relató Julio Mata, la develación de la placa y las disculpas públicas se siguen discutiendo.

La CoiDH ordenó que se entregue un monto de dinero a los familiares de Rosendo como una medida de reparación del daño. La PGR anunció en días recientes que este monto ya se encontraba en un tribunal, listo para ser entregado.

El 29 de agosto pasado, el Estado mexicano debía presentar un informe a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sobre el avance en el cumplimiento de la sentencia en el caso Radilla. Hasta el 31 de agosto, los familiares no habían sido notificados si dicho informe fue presentado o no.

Sin embargo, esto no quiere decir necesariamente que México fue omiso. Puede deberse a que la notificación a los familiares se ha retrasado por parte de la misma CoIDH o que México solicitó una prórroga.

El de Rosendo Radilla es un caso que avanza despacio. Pero en México sigue ocurriendo la desaparición forzada. El pasado 30 de agosto, en el marco del Día Internacional del Desaparecido, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al gobierno mexicano publicar la Ley General de Desaparición Forzada, frente a lo que calificó como una urgencia en nuestro país, por el alto número de casos en los últimos años.

(Lydiette Carrión)