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martes, 7 de febrero de 2012

Casitas del Sur, a la ONU


*Columna publicada en el Universal Gráfico el 1 de febrero de 2012.


Este mes se cumplieron tres años desde la desaparición de 11 niños de Casitas del Sur, albergue  administrado por la Iglesia Cristiana Restaurada.
Ahí, la Procuraduría capitalina (PGJDF) enviaba a pequeños cuyos padres se hallaban en procesos judiciales. Hasta ahora, sólo un niño ha sido recuperado.

Se comprobó que casos similares se habían presentado en Monterrey y Cancún. Se trataba de una red que operaba en varios estados de la República.

En ese entonces, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) advirtió que el problema de fondo es que ninguna institución —ni la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), la PGJDF o cualquier otra— tenía un padrón de niños en albergues y mucho menos supervisaba su bienestar.

Ahora, si bien se han establecido protocolos para resolver este problema en el DF,  ni la Sedeso ni la PGJ los han implementado a cabalidad, acusa la CDHDF.
En septiembre de 2009, entrevisté vía telefónica a Mayte Bello Azamar, quien se quedó a cargo de dos sobrinas que vivieron por cinco años en Casitas del Sur. Ella decía:  “La más chiquita, de ocho años [en ese entonces], viene traumada… Quisiera que me platicara bien, pero nada. Se agacha y se queda callada”.

La sobrina más grande, de 13 años, le platicaba que si no cantaban “lo de su religión” (de la Iglesia Restaurada) tenían que hacer planas de escritura. “Mi hermana decía que estaban bien. Pero cada fin de año les decían que sus hijas reprobaban”. Después descubrió que sus sobrinas no tenían registros escolares en la SEP.

La asistencia privada fue el negocio redondo de este grupo criminal. Además del tráfico de niños, Reinsac AC (a la cual pertenecía Casitas del Sur) recibía donaciones de empresas como Walmart de México, Muebles Troncoso, Fundación Sólo por Ayudar IAP (constituida en 1985 por Lolita Ayala). No sólo embaucó a la PGJ, sino a varias fundaciones altruistas que actuaron de buena fe. Y por supuesto, los familiares de varios niños debían pagar cuotas.

En 2009, el caso fue presentado por familiares de los niños desaparecidos ante la ONU. En abril de 2011, la CDHDF lo llevó al Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada e Involuntaria de Personas de la ONU. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado mexicano puede ser responsabilizado e incluso juzgado por estos hechos.

Ojalá y antes de que esto suceda, el gobierno de verdad se haga cargo y los encuentre.

miércoles, 18 de enero de 2012

Anexos y desamparo


*Columna "La Rendija", publicada en el Gráfico el 11 de enero de 2012


Hay una frase que queda grabada en la memoria de todo egresado de anexo en el país: “A ver, hijo de su pinche madre”.
A los anexos —que se ofertan como centros de recuperación para adictos y el que es internado ahí no puede salir por propio pie— caen todos aquellos que se han convertido en “problema” para alguien.
Se trata de población que nadie quiere atender. Muchos son adictos a las drogas o el alcohol; una gran mayoría tiene algún tipo de enfermedad psiquiátrica; otros fueron expulsados del núcleo familiar desde muy pequeños y no tienen herramientas para mantenerse.
La familia se pregunta, ¿cómo ayudar a un hijo adicto, que no quiere buscar ayuda? La oferta del gobierno local y federal en atención de adicciones y enfermedades mentales es escasa y parcial.
Entonces, después de un viacrucis, la familia decide internarlo en un anexo. Parece que la policía capitalina también tomó la misma decisión.
Estos lugares no cuentan con ningún tipo de control. No tienen expertos sobre salud mental y son frecuentes las quejas por maltrato y tortura. Vaya, ni siquiera están reconocidos por los grupos de 12 pasos, de donde sacan su nombre.
En diciembre de 2009, se dio a conocer que el anexo "Los Elegidos de Dios", en Iztapalapa, mantenía a sus “pacientes” a la fuerza: bajo condiciones infrahumanas, los obligaban a trabajar sin sueldo. Era todo un negocio y la policía y funcionarios de la delegación Venustiano Carranza colaboran en los operativos para “internar” a más indigentes.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal acaba de emitir su recomendación 13/2011 al respecto. Pero no son sólo los anexos.
En el caso de Casitas del Sur se dio el mismo mecanismo. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal enviaba a esta instancia privada a los niños que estaban en medio de alguna querella legal. Las autoridades no realizaron nunca un seguimiento de las condiciones del albergue. En 2009 se dio a conocer la desaparición de 11 niños.
El problema central es que no existe presupuesto y políticas para atender a la población vulnerable: niños abandonados, jóvenes adictos, población callejera. El gobierno deja el asunto a las instituciones privadas y no sistematiza ningún tipo de supervisión.
Hasta que no se resuelva el problema de fondo, seguiremos leyendo estas historias de terror.

martes, 22 de junio de 2010

¿Avance sustancial en el caso Casitas del Sur?

La Procuraduría General de la República anunció, a través de un comunicado, que este lunes “se logró la detención de Antonio Domingo Paniagua Escandón (a) "Kelu", en España”, quien se encuentra identificado como fundador de la asociación religiosa “Iglesia Cristiana Restaurada”, la secta detrás del caso Casitas del Sur.

A pesar de ser un avance sustancial, en el fondo sólo me queda un sabor de amargura: el líder de la secta sigue libre, decenas de personas involucradas en el tráfico de menores siguen libres; y lo más terrible, 11 niños continúan desaparecidos.

***

Casitas del Sur era un albergue infantil al que la procuraduría local enviaba niños que tenían algún tipo de problema familiar.

Los familiares de la niña Ilse Michel, cuya patria potestad se dirimía en tribunales, denunciaron reiteradamente que, a pesar de que su abuela materna había ganado la custodia, los directores del albergue no le querían dar a la niña.

El 29 de enero de 2009, las sedes del albergue fueron "tomadas" por agentes de la PGJDF y se rescató a 126 niños, quienes fueron trasladados al DIF, además de que siete personas fueron detenidas.

Entonces se dieron cuenta que 11 niños habían sido sustraídos o desaparecidos de las instalaciones.

Entre ellos, Jesús Alejandro Espinoza Sánchez que en ese entonces tenía dos años; los hermanitos Juárez Ojeda: Hefziba Magdalena, de 11 años; Natanel Isaí, de 12; y Azael Israel, de 14 años.

También desaparecieron los hermanitos Cuadrilla Trejo: Brayan, que entonces tenía siete años; Jorge, de 10 años; y Sergio Iván, de 11 años.

Y por supuesto, la pequeña Ilse Michel.


Desde entonces se desató el escándalo de la situación en la que se encontraban los niños en este albergue, y la manera en que eran enviados a otras sedes en varias partes del país.

Se conoció la manera en que el líder de la Iglesia Cristiana Restaurada (la cual ha sido apodada “los perfectos” por aquellos que decidieron abandonarla) lograba un control férreo en sus feligreses.

La aprehensión que la PGR anuncia estos días corresponde a uno de los prestanombres del líder de la secta: Jorge Erdely Graham, quien sigue prófugo.

Hasta la fecha ni la PGR, ni la procuraduría local, ni la Interpol ha dado con el paradero de los 11 niños .

Tampoco es claro el grado de cumplimiento de la recomendación que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal hizo a diversas instancias (entre ellas la PGJDF, el DIF local, la SEDESO), para subsanar las fallas estructurales que permitieron que a 11 niños se los tragara la tierra.


HOYOS NEGROS QUE TRAGAN NIÑOS, MUJERES E INDIGENTES

El principal hoyo negro en el sistema es que no hay instancia local o federal que lleve un censo de las casas hogar de asistencia privada. Más aún, ningún organismo inspecciona las condiciones en las que están los niños o mujeres que viven ahí.

Por eso ocurren casos como Casitas del Sur, o como el caso reciente de un anexo para drogadictos en los que secuestraban y esclavizaban personas.

Por eso este país es el paraíso de los esclavistas, de los abusadores, de los tratantes de personas. Y no hay ninguna iniciativa efectiva que trate de poner fin a esta situación.

**

Pero el caso de Casitas del Sur puso al desnudo el aspecto más perverso del estado de vulnerabilidad de estos chicos. Aquellos que traficaron con estos niños trataron de usar a su favor el desprestigio de las familias de estos pequeños.

Todos los niños provenían de familias con problemas. Los casos más graves, probablemente, serían aquellos en los que los niños fueron colocados por la propia procuraduría del Distrito Federal: niños cuyos padres han sido calificados no aptos para hacerse cargo de ellos.

La red que se desapareció a estos niños contaba con esto: los familiares no lograrían despertar las simpatías del público general, por ser “malos padres”. Por lo general, se trataban de niños a los que nadie estaba cuidando y monitoreando. Algunos de ellos pasaban meses sin visitas. Al presentarse como cristianos y “personas de bien”, en el imaginario de muchos quedó que, probablemente, estos niños estarían en mejores manos si eran “adoptados” por miembros de la secta religiosa. Y así lo dijeron en un principio.

Pero todo ello es falso. A riesgo de decir una obviedad: las adopciones ilegales pueden ser el infierno. Nadie sabe en dónde están estos niños, con quién; o si los obligan a trabajar o son abusados; o si son golpeados, o si fueron utilizados para tráfico de órganos.

Casi dos años después de que los familiares de Ilse Michel denunciaran que no la dejaban ver (las denuncias no iniciaron en enero, cuando se destapó el escándalo, sino meses antes, en septiembre u octubre), nadie sabe el paradero de estos niños. El más pequeño tendría unos tres años. El más grande, unos 15 o 16 años.

Ver también: El negocio altruista de Casitas del Sur

Los otros niños de Casitas del Sur

martes, 15 de septiembre de 2009

Los otros niños de Casitas del Sur

Lydiette Carrión
Ciudad de México

* Una versión resumida de este trabajo fue publicado en El Periódico el lunes 14 de septiembre de 2009.



Entrevistas a varios familiares de niños que estuvieron en Casitas del Sur documentan que muchos menores nunca fueron a la escuela mientras estuvieron en el albergue y desatendieron sus necesidades médicas.

Los testimonios también relatan cómo en las semanas previas al cateo de enero de 2009, trasladaban a los niños de una casa a la otra, de un albergue a otro. La última vez que vieron a los niños Cuadrilla Trejo fue cerca de Six Flags. Los trabajadores los bajaron del camión del albergue y se internaron en las colonias cercanas a la Pichacho Ajusco caminando… de los Cuadrilla Trejo, han explicado familiares en varias ocasiones, la policía no tiene ningún indicio.


LOS NIÑOS BAUTISTA

El señor Bautista tiene tres hijos que estuvieron en Casitas del Sur, desde 2005, hasta el día en que la procuraduría capitalina realizó el cateo. Le cuesta trabajo creer que Casco Majalca estuviera involucrada en la desaparición de 11 niños, ya que era muy amable. Incluso, una vez fue a África por dos meses, para ayudar a los niños de allá.

Pero sus hijos le han relatado cómo en las semanas anteriores al cateo, los niños eran trasladados a diversos lugares: los llevaban “a paseos en la playa”; pasaban varios días en casas de empleados de Casitas del Sur; llegaban personas desconocidas al albergue.

Para el señor Bautista, las cosas se empezaron a descomponer cuando Elvira Casco Majalca dejó de estar a cargo del lugar.

El señor Bautista accede a una entrevista, a condición de que sólo publique sus apellidos, y no mencione el nombre de sus hijos. La entrevista se realiza en un Vips cerca del metro Chilpancingo. Es un hombre todavía joven, con una voz baja, por momentos, casi inaudible.

Cuando se separó de su esposa, el señor Bautista se vio con tres hijos –un bebé de un año y meses, una niña de cinco y un niño de siete años-. Y comenzó el peregrinar en instituciones para que lo apoyaran.

“Levanté el acta de abandono de hogar, y nunca me hicieron caso en la Procuraduría capitalina. En la procuraduría, le dijeron: ‘la señora está dejando a sus hijos con usted, así que eso no es abandono de hogar’. Y así, chequé en otras casas hasta que llegué a la Casita del Sur”.

“Yo los veía cada fin de semana, todos los sábados de cinco a seis”, dice y asegura que sus hijos estuvieron felices ahí.

Por eso, cuando pregunta si es cierto que ahora Casco Majalca está presa por el delito de tráfico de menores, su rostro muestra una mezcla de consternación e incredulidad.

“Yo les preguntaba que cómo se sentían, si no les pegaban”, y ellos, dice, aseguraban que no.

Pero, explica, sí había castigos si se portaban mal. “Los paraban, castigados con un letrero [que decía por qué lo habían castigado. Por ejemplo]: ‘por faltarle el respeto a la maestra’”.

Una vez, recibió un reporte, porque su hijo fue grosero con una maestra. A las maestras en el lugar las llamaban “mamá”, explica. Le preguntó a su hijo por qué había sido grosero, y éste nunca le contestó. “Nunca habló al respecto. Dejó pasar como un mes”, y durante todo ese mes estuvo castigado. Y por eso no tenía visitas. Al final decidió hablar y aceptó que había sido grosero.



INEXISTENCIA ESCOLAR

Hasta hace unos meses recuperó a sus hijos. Pero de la documentación que entregó cuando ingresó a sus hijos a Casitas –actas de nacimiento, comprobantes de estudio, cartilla de vacunación—no volvió a ver nada.

“Fui a la central de la SEP en Iztapalapa, en Xochimilco… nada. Actualmente, en el nuevo albergue en el que se encuentran sus hijos, les harán un examen de colocación. Es como si sus hijos nunca hubieran ido a la escuela los últimos cinco años.



--¿Usted vio alguna vez los comprobantes escolares de los niños mientras estuvieron ahí?

--Daban una explicación de cómo iban los niños. Las niñas pasaban las boletas; las mostraban y las recogían de nuevo-- Dice que no recuerda si las boletas eran de la SEP o de otra institución.

--En la procuraduría, ¿qué les dijeron de los papeles?

--Nada.



El señor Bautista explica que antes de que ocurriera el cateo, alrededor de mediados de 2008, Elvira Casco Majalca se fue de ahí. A la persona que estaba encargada, le preguntaba por la directora y ella me decía que estaba enferma.



El señor Bautista procura ser mesurado en sus comentarios. Pero de pronto exclama. “No sé de qué manera los tenían callados. Si por medio de amenazas o qué”. Casi inmediatamente corrige: “Pero a mí sí me tienen confianza. Pero en la Procuraduría no hablan”.



Los tres hijos del señor Bautista fueron retenidos en el DIF nacional por casi dos meses después del cateo en Casitas del Sur. “Me los entregaron como si fueran pordioseros… mugrositos, sin bañarlos. Todo ese tiempo además, estuvieron separados.



--¿Qué hay de Ilse Michel?

--Mi niña me decía que llegó a conocerla, pero que de repente los separaban, que luego, durante los últimos meses, los andaban escondiendo.

“Derechos humanos, la procuraduría ya andaban tras de ellos. Entonces había ocasiones que se iban a la casa de unos de los que trabajaban ahí, por días. A veces se iban a paseos a la playa, y después los llevaban a la casa de un maestro”.

“Los andaban escondiendo. Eso me decía mi niña. Que [hacían esto] porque había polis. Entonces, pues ya sabían que habían descubierto algo”.

También llegaba gente del Walmart a darles regalos. “Pero eso está bien, ¿no?, que los ayudaran”.

Aunque su hija también le contó que de pronto llegaba “gente que no conocían”. Y que a sus hijos nunca los dejaban ver qué pasaba con esas personas o con qué niños estaban.

Quizá, explica, porque él estaba al tanto de sus hijos; porque la relación era buena. “Quizá yo estuve al pendiente. Y también ayudé económicamente”.

--¿Pero qué hay de los niños desaparecidos?—insiste la reportera.

El rostro del señor Bautista adopta una expresión confidencial. Dice: los tienen los propios empleados de Casitas. Mira, si te llevas a un niño, con todos sus papeles, ni siquiera lo tienes que sacar del país o la ciudad, lo cambias de colonia, ¿quién se va a dar cuenta?



LOS NIÑOS BELLO AZAMAR

Mayte Bello Azamar y su esposo Gabriel Ortiz se quedaron a cargo de tres de hijos de su hermana (dos niñas de ocho y trece), y un niño (de seis) que vivieron por cinco años en Casitas del Sur. Además la abuela (madre de Mayte) está a cargo de una niña más grande, llamada Susana.

En entrevista telefónica, se muestra renuente a hablar. Cuestiona: “¿qué gano al dar una entrevista?”. Ya bastante tiene con cuidar a sus sobrinos, además de sus propios hijos. Y además tiene que llevarlos al sicólogo de la PGJ, y ni siquiera le quieren dar cita por Xochimilco, sino que tiene que ir hasta Balderas y cruzar toda la ciudad.

--Pero, pues hay 11 niños desaparecidos.

--Sí-- admite. --Los niños...

Al final, accede a dar una entrevista telefónica. Y se explaya. Le gana la rabia.



“La más chiquita, de ocho años. Ella viene traumada. Ella llegó [al albergue] de tres años. Y sí las castigaban… Quisiera que me platicara bien, pero nada. Se agacha y se queda callada.

La más grande explica que “si no cantaban lo de su religión tenían que hacer planas [de escritura] de lo que tenían que cantar.



Mayte explica que ella y su esposo no tenían permiso de Casco Majalca para visitar a sus sobrinos, y sólo podían verlos la madre de ellos y su abuelo.



Pero una vez, hubo un problema con la mayor, Susana, ya que se quería escapar. (Mayte hace un paréntesis: “si hubieran estado bien, no se habría querido escapar, ¿no?) Entonces mandaron llamar a la familia para “tranquilizarla”, y como Mayte era la que vivía más cerca, llegó a Casitas del Sur, junto con su cuñado.



En la puerta tuvo un altercado con Casco Majalca, porque ésta calificó de “loca” a Susana. Por lo que Mayte ya no pudo pasar. Pero desde la puerta vio a los niños, que estaban “descalzos, flacos, con unas playeritas”.

La voz de Mayte Belloso cambia: “Mi hermana decía que estaban bien. Pero cada fin de año les decían [en el albergue] que sus hijas reprobaban.

“Elvira decía que sí las mandaban a la escuela. Pero en todos esos años nunca las mandaron a la escuela”. No hay registros ni en la SEP ni en ningún lado del historial escolar de sus sobrinas.

Actualmente la niña de 13 años está en cuarto de primaria. Y la de ocho, tiene el kinder. “Apenas si se sabe los colores”.

El enojo regresa a la señora Bello. Y dice: “Y ahora esto es mi responsabilidad”. Desde el 25 de junio, que está a cargo de sus sobrinas, ha pasado todo el tiempo tratando de buscarles escuela, de conseguir sus cartillas de vacunación, sus documentos. “Apenas si hay actas de nacimiento”.

domingo, 9 de agosto de 2009

El negocio "altruista" de Casitas del Sur

Han pasado más de siete meses desde que 126 niños fueron rescatados del albergue Casitas del Sur. Pero hasta ahora las autoridades locales y federales no han reparado el daño que sufrieron estos menores de edad. Tampoco existe un padrón confiable y completo de los niños que viven en albergues de asociaciones civiles, como lo era Casitas del Sur.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en su recomendación 4/2009, dirigida a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, y a la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, señaló que se debe realizar un acompañamiento para que los niños que fueron rescatados de Casitas del sur reciban apoyo sicológico y social. Hasta la fecha no existe un diagnóstico público sobre el estado en el que se encuentran estos niños.

De acuerdo con fuentes del gobierno local, de los 126 niños, sólo 44 infantes ya se encuentran con sus familiares.

Además, dos niños siguen en el DIF, pero tienen averiguación previa en Morelos y Guerrero, y 78 continúan en el DIF nacional. Además dos niñas se escaparon del DIF nacional a los pocos días de haber llegado.

Las niñas que se fugaron, según fuentes del gobierno local, formarían parte de los 11 niños desaparecidos del albergue Casitas del Sur.

Sin embargo, asegura Trinidad, madre de Jesús Alejandro, uno de los pequeños desaparecidos, le han dicho en la Procuraduría Local que no son 11, sino más de 20 los infantes sustraídos en la capital.

Según el Proyecto presentado, Casitas del Sur atendía a 144 menores de edad en 2007: 85 niñas y 59 niños. El costo mensual por cada uno de ellos era de 2 mil 863 pesos; es decir, anualmente cada niño costaba 4 millones 947 mil 276 pesos, de acuerdo con lo que informó la organización.

La “Lista de niños en la Casita del Sur”, entregada a las autoridades ese año incluía a 147 menores de edad. Entre ellos, una niña de cuatro años llamada Andrea Casco Majalca, con los mismo apellidos de la directora del centro, Elvira Casco Majalca y quien ahora es testigo protegida por la Procuraduría General de la República.

Para el periodo del 1 de abril al 31 de julio, la organización entregó un nuevo padrón de beneficiarios con 148 menores de edad.

Entre ellos, Jesús Alejandro Espinoza Sánchez (uno de los niños sustraídos). De acuerdo con el padrón, en lactante tenía dos años, pesaba 9.5 kilos y medía 75.5 centímetros en ese entonces.

Aparece de nuevo una Andrea Casco Majalca, de seis años, Ilse M. Curiel Martínez, de nueve años (pero de forma inexplicable aparece enlistada junto a los de 11 años), con un peso de 28.5 kilogramos y un metro 30 centímetros, y los hermanos Juárez Ojeda Hefziba Magdalena, de 11 años, 36 kilos y un metros 38 cm de estatura;

Natanel Isaí, de 11, 37 kilos y 1.42 de altura; y Azael Israel, de 14 años, 36.4 kilos de peso y un metro 51 de estatura. A pesar de que los hermanitos Juárez Ojeda pasaron varios años en Casitas del Sur, jamás pudieron alcanzar un peso y talla correspondiente a su edad.

Los hermanitos Cuadrilla Trejo también están en el padrón: Brayan, de siete años y 24 kilos; Jorge, de 10 años y 26 kilos; y Sergio Iván, de 11 años.

En el padrón también apareceenseis mujeres jóvenes de 18 y 19 años, a pesar de que el refugio no estaba contemplado para mayores de edad.

La semana pasada, los familiares de Ilse Michel, Jesús Alejandro y los hermanitos Ojeda Juárez revelaron que las investigaciones han dado indicios que por lo menos Ilse Michel fue sacada del país. La PGR no ha desmentido las afirmaciones.

El escándalo de Casitas del Sur se destapó a inicios de este año, cuando padres de infantes en el albergue denunciaron que no los dejaban ver a sus hijos. Entonces, se reveló que por lo menos nueve habían sido sustraídos de la casa hogar a la cual la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal estaba canalizando menores. Actualmente hay 11 menores desaparecidos.

EL NEGOCIO DE LA ASISTENCIA PRIVADA

De acuerdo con el Proyecto de Trabajo presentado por Reinsac, Reintegración Social AC, a la cual pertenecía Casitas del Sur, a las autoridades capitalinas para solicitar fondos, esta organización creó una importante red de apoyos y ayudas tanto en la iniciativa privada como estatales.

Entre sus “coinversionistas” en 2008, reportó en el documento (del cual EL PERIÓDICO tiene una copia) estaban: Walmart de México, Muebles Troncoso SA de CV, la Fundación Licio y Gloria Lagos Terán AC, Fundación Sólo por Ayudar IAP (constituida en 1985 por Lolita Ayala), Industrias de Maíz Puebla SA de CV, Desarrollo Integral del Individuo AC, Gráficos Western SA de CV, Alimento para Todos IAP.

Según el programa de Financiamiento para la Asistencia e Integración Social en el Distrito Federal 2008, entregado a las autoridades locales para solicitar apoyo económico, las Casita del Sur recibiría apoyo en materia de asesoría y educación del Instituto Nacional de Educación para los Adultos. Además, dentro de las organizaciones que “colaborarán y participarán en la comunidad”, incluyen a la Comunidad Tocani Montessori, “en la supervisión y asesoría del grupo de preescolar”; con la delegación Tlalpan; y con alumnos de la preparatoria del Colegio de México, entre otros.

Pero Reinsac ya había recibido donativos de otras instancias en años anteriores. Incluso en 1998, durante sus trabajos de ayuda por las inundaciones en Chiapas, recibió aportaciones de Pemex y Grupo CFC, entre otros.

Reinsac fue constituido en 1994, ante notario público, por Antonio Domingo Paniagua Escandón (quien, de acuerdo a los registros de la Secretaría de Gobernación, está registrado como líder religioso de la Iglesia Cristiana Restaurada), César Octavio Mascareñas de los Santos (también miembro de la Iglesia Cristiana Restaurada), actualmente prófugo.

El 7 de mayo de 2003, Reinsac renovó su mesa directiva, y quedó a cargo Evira Casco Majalca, Georgina Delgado Medina, Guillermo Olguím Sacristán. En el documento que da cuenta de ello, los representantes de Reinsac asentaron que “la gran mayoría de nuestros colaboradores se suscriben a las creencias básicas del cristianismo y es nuestro deber informarlo así”.

De acuerdo con documentos oficiales, Elvira Casco Majalca es enfermera jubilada del Hospital de México y egresada de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. A sus 61 años, nunca se casó, según su expediente. Actualmente, a pesar de haber sido señalada como responsable de la desaparición de 11 niños, Casco Majalca es testigo protegido.


UN PADRÓN DE NIÑOS, INEXISTENTE


Ninguna instancia gubernamental tiene un padrón definido de las asociaciones civiles que tienen a su cargo niños, como lo fue Casita del Sur. Tampoco existe un padrón definido de los niños que se encuentran hospedados en estos lugares.
Sólo existe, en la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social un padrón de organizaciones sociales. Pero en éste no sólo se encuentran los albergues de asistencia privada, sino cualquier otra asociación civil.

Éste problema es uno de los puntos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal señaló en su recomendación 4/2009, dirigida a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, y a la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal. Hasta la fecha ese padrón no existe. En México no existe un censo de los niños que viven en albergues privados, ni en qué condiciones se encuentran.


Nota: Una versión de este trabajo fue publicado en tres notas en "El Periódico", del 3 al 6 de agosto de 2009. Aunque el tema de Casitas del Sur ha sido tratado hasta el cansancio en casi todos los medios periodísticos, sigue impune en los hechos.