Las historias que llamo “del subsuelo” por lo general no sólo tienen diversas lecturas, sino distintos niveles de profundidad. En la mayoría de los casos (en particular las que se refieren a organizaciones sociales), tienen momentos emblemáticos que pasan desapercibidos en la información pública.
Este es el caso de la emboscada de San Juan Copala, población que el Movimiento Unificado por la Lucha Triqui Independiente declaró como municipio independiente, durante la efervescencia de las movilizaciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
Creo que el momento que se está perdiendo de vista es la alianza que el MULTI realizó por casi tres años, con la Ubisort.
Para entender Copala, explican algunos testigos privilegiados de los hechos, es necesario remontarse no sólo a la creación de la organización que ha sido acusada de paramilitar Ubisort (Unidad por el Bienestar Social de la Región Triqui), sino a la formación del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y la posterior escisión del MULTI (Movimiento de Unificación y Lucha Independiente).
El MULTI es una escisión del MULT, la cual se dio dentro del fervor del movimiento magisterial y social de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
LAS RAZONES DEL MULTI
De acuerdo con el MULTI, la escisión de presentó entre otras cosas, debido a la falta de disponibilidad de los líderes del MULT de democratizar los procesos de toma de decisiones. También porque el MULT, en 2004, decidió entrarle a la vía electoral.
De acuerdo con Miguel Ángel Granados Chapa, en ese momento se creó el Partido Unión Popular, que consiguió una importante presencia en la zona. Lo encabezó Héctor Sánchez (ex senador perredista) que se inconformó con la decisión de su partido de coaligarse con el PAN Acción Nacional y Convergencia para sostener la candidatura de Gabino Cué.
Sánchez presentó la suya propia, por el PUP, “que gozó del apoyo del gobierno de José Murat”. El partido de Héctor Sánchez fue la canica en la balanza que permitió a Ulises Ruiz llegar al poder, y que propició que Gabino Cué perdiera la gubernatura.
Héctor Sánchez también es tío de la Ruth, la joven que presuntamente delató a los líderes del ERPI, Jacobo y Gloria (ver: "Víctima, topo o lesbiana. Los pasos oscuros de Ruth").
Sin embargo, para varias personas cercanas al proceso de pacificación que actualmente viven el MULT y el MULTI, la gota que derramó el vaso y propició la escisión del MULTI fue un problema de índole familiar, mas que político.
LA ALIANZA FUNESTA
Como una organización nueva, enclavada en una de las regiones más difíciles de Oaxaca, el MULTI tomó la decisión de aliarse con la UBISORT, organización que desde su creación en 1994, ha sido de corte paramilitar.
A pesar de esta alianza, el MULTI tuvo la fortuna de salir a la luz en la coyuntura de las movilizaciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, por lo que inmediatamente fue cobijada por las organizaciones más afines a la Otra Campaña. De hecho parte de la dinámica de medios, de discurso del MULTI son afines y complementarias del espíritu que tiene el zapatismo. Su forma de organización es más horizontal.
En cambio, el MULT no formó parte de la APPO, aunque sus miembros simpatizaban con el movimiento magisterial de 2006 y algunos participaron de forma más o menos individual.
La diferencia entre MULT y MULTI propició que el grueso de las organizaciones sociales apoyaran de forma contundente el caso del MULTI, mientras que el MULT fue incluso vilipendiado. Algunos miembros de la APPO lo veía como un brazo más de la política partidista.
Fue en este contexto, cuando en enero de 2007, los habitantes de San Juan Copala (tanto del MULTI como de la UBISORT) decidieron declarar su población como municipio autónomo. (Cabe recordar que San Juan Copala, formalmente, pertenecería al municipio de Juxtlahuaca.)
LOS AÑOS DE LA MATANZA
Los años que siguieron, fueron difíciles para el MULTI, pero también para el MULT.
Por ejemplo, el 5 de julio del año 2007 desaparecieron Virginia Ortiz Ramírez (de 20 años), profesora de educación primaria bilingüe, y su hermana Daniela Ortiz Ramírez (14 años) estudiante de secundaria.
Ellas eran originarias de la comunidad de el Rastrojo Cópala, Juxtlahuaca, y pertenecían al MULT.
Antonia Ramírez y Emelia Ortiz, madre y prima de Virginia y Daniela han declarado que en los problemas de hombres no se debe atacar a las mujeres; que son ellos quienes deben solucionar sus conflictos. “Pero la terrible realidad es que las mujeres somos percibidas, culturalmente, como un objeto muy valioso del contrario y es sobre nosotras donde recae la violencia estratégica y cotidianamente. Somos las mujeres el famoso ‘botín de guerra’”.
Diez meses después, el 7 de abril de 2008, fueron asesinadas Felícitas Martínez (21 años) y Teresa Bautista (24), quienes trabajaban en la estación de radio comunitaria, La voz que rompe el silencio, en San Juan Copala.
El caso de Felícitas y Teresa dio la vuelta al mundo. Pero en los medios no trascendió la desaparición de Virginia y Daniela.
LA PACIFICACIÓN
En 2008, Serapaz decidió entrar a colaborar en el proceso de pacificación de la zona triqui y en particular entre el MULT y el MULTI.
Para ello, el MULT exigió –y no estaba sujeto a negociación-- que el MULTI se deslindara de la UBISORT.
En septiembre, aproximadamente, de acuerdo a personas cercanas al proceso de pacificación, el MULTI rompió formalmente con la UBISORT.
De inmediato comenzaron las hostilidades en el municipio independiente de San Juan Copala, conformado tanto por miembros del MULTI como de la UBISORT.
En diciembre pasado las hostilidades se agravaron, y fue cuando varias organizaciones se pusieron como tarea “romper el cerco” que rodeaba a San Juan Copala.
Organizaciones cercanas a La Otra Campaña, como Vocal y Cactus, junto con organizaciones de derechos humanos, impulsaron la caravana que el pasado 27 de Abril, salió de la Ciudad de Huajuapan de León, en el Estado de Oaxaca, rumbo al Municipio Autónomo San Juan Copala .
La Ubisort "advirtió" que no permitiría que la caravana llegara a San Juan Copala. Esta organización no está compuesta por paramilitares de juguete. Tiran a matar. La caravana fue cobardemente emboscada
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martes, 4 de mayo de 2010
viernes, 23 de octubre de 2009
Más sobre peritajes de Brad Will
La Procuraduría General de la República erogó 165 mil 350.91 pesos durante la investigación del asesinato de Brad Will. Debido a viajes y viáticos, un ministerio público de la federación (MPF) gastó 43 mil 817 pesos por viáticos en viajes a Oaxaca durante 2008; y en 2009, el costo fue por 121 mil 533.28 pesos.
A ello se debe sumar también el sueldo que el MPF ya percibía, de 26 mil 986 pesos mensuales. Ello para investigar el asesinato del periodista estadunidense Brad Roland Will, ocurrido el 27 de octubre de 2006, cando cubría el conflicto en Oaxaca.
El gasto realizado por la PGR en el caso contrasta con el que erogó únicamente para que policías canadienses jubilados realizaran un peritaje alterno para el caso del asesinato de Brad Will.
Estos policías cobraron a la Procuraduría General de la República 64 mil 280.24 dólares. Esto quiere decir que la PGR erogó alrededor de 800 mil pesos para que los canadienses realizaran una investigación que duró 14 días. Sin embargo, este peritaje no se integró en el expediente judicial del asesinato.
Gilberto López es abogado defensor de Juan Manuel Martínez Moreno, quien fue acusado del homicidio de Brad Will. Familiares y miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca han reiterado en varias ocasiones que Juan Manuel es inocente.
El abogado defensor explicó en entrevista que aunque los peritajes de la PGR están incluidos en el expediente, no tienen un papel relevante en el juicio. Son sólo cuestiones de forma. El de la CNDH también está incluido, pero no el de la policía canadiense.
El peritaje canadiense dio un espaldarazo a la hipótesis de la PGR de que los disparos que dieron muerte a Brad Will fueron realizados de cerca (y no desde una distancia superior de los 35 metros , como concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos).
Lydiette Carrión
Ciudad de México
A ello se debe sumar también el sueldo que el MPF ya percibía, de 26 mil 986 pesos mensuales. Ello para investigar el asesinato del periodista estadunidense Brad Roland Will, ocurrido el 27 de octubre de 2006, cando cubría el conflicto en Oaxaca.
El gasto realizado por la PGR en el caso contrasta con el que erogó únicamente para que policías canadienses jubilados realizaran un peritaje alterno para el caso del asesinato de Brad Will.
Estos policías cobraron a la Procuraduría General de la República 64 mil 280.24 dólares. Esto quiere decir que la PGR erogó alrededor de 800 mil pesos para que los canadienses realizaran una investigación que duró 14 días. Sin embargo, este peritaje no se integró en el expediente judicial del asesinato.
Gilberto López es abogado defensor de Juan Manuel Martínez Moreno, quien fue acusado del homicidio de Brad Will. Familiares y miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca han reiterado en varias ocasiones que Juan Manuel es inocente.
El abogado defensor explicó en entrevista que aunque los peritajes de la PGR están incluidos en el expediente, no tienen un papel relevante en el juicio. Son sólo cuestiones de forma. El de la CNDH también está incluido, pero no el de la policía canadiense.
El peritaje canadiense dio un espaldarazo a la hipótesis de la PGR de que los disparos que dieron muerte a Brad Will fueron realizados de cerca (y no desde una distancia superior de los 35 metros , como concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos).
Lydiette Carrión
Ciudad de México
miércoles, 7 de octubre de 2009
Dudoso y caro, peritaje canadiense de Brad Will
Lydiette Carrión
Ciudad de México
Los policías canadienses jubilados que realizaron un peritaje para el caso del asesinato de Brad Will cobraron a la Procuraduría General de la República 64 mil 280.24 dólares.
Esto quiere decir que la PGR erogó alrededor de 800 mil pesos para que los canadienses realizaran una investigación que duró 14 días. Este peritaje tampoco se integró en el expediente judicial del asesinato.
Al responder una solicitud de información por medio de la Ley de Transparencia, la PGR también informó que los policías canadienses cubrieron sus propios gastos de transportación, hospedaje, seguro médico, etcétera.
El peritaje realizado por estos policías dio un espaldarazo a la hipótesis de la PGR de que los disparos que dieron muerte a Brad Will fueron realizados de cerca (y no desde una distancia superior de los 35 metros , como concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos). Pero, denunció la CNDH en su momento, no se incluyó dentro del expediente judicial del asesinato. Por lo que no tuvo carácter probatorio dentro de las investigaciones en el asesinato del periodista estadunidense, ocurrido el 27 de octubre de 2006, cuando cubría el conflicto social en Oaxaca.
La presentación de este peritaje ante la opinión pública en meses pasados abrió un nuevo debate entre la PGR y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La CNDH consideró que “el reporte contratado y difundido por la Procuraduría General de la República relacionado con el homicidio del señor Bradley Roland Will no sustenta sus conclusiones en elementos técnico-científicos; no es un dictamen pericial sino una opinión; carece de valor jurídico alguno, de acuerdo con la legislación mexicana y su jurisprudencia, y no tuvo el propósito de encontrar la verdad histórica y legal, sino de avalar las hipótesis de quien contrató a sus autores.
Y su creación, aseguró la CNDH en su momento, “revela la intención de la institución contratante¨(es decir, la PGR) por validar una hipótesis indemostrable, mediante procedimientos profesionales de las ciencias forenses, de que el victimario se encontraba a una distancia de entre dos y ocho metros de su víctima”.
El peritaje independiente fue elaborado por por James Stephen, patólogo forense; Phil Ziegler, perito en armas de fuego y balística, y Gary Buerk, comandante del equipo de homicidios, jubilados de la Real Policía Montada canadiense. Su reporte concluyó que el homicida “estaba parado entre 12.20 y 0.70 metros (de Brad Will) cuando disparó el primer tiro. El tirador estaba parado frente a Will y hacia la derecha, fuera del ángulo de la cámara. No hubo rebote. El segundo disparo fue hecho poco después de que Will había caído al piso, mientras era cargado y antes de que fuera colocado en un vehículo” para llevarlo a una estación de la Cruz Roja.
Entre las críticas que se realizaron al peritaje de los jubilados está que nunca revisaron físicamente la playera que Brad Will portaba al momento de su homicidio. Sólo se basaron en las fotografías del expediente. La CNDH también denunció que entre los investigadores no había expertos en el análisis del sonido (una de las pruebas que presentó la CNDH fue una pericial sobre el sonido del disparon y el tiempo en que tardó en impactar a Brad Will, y a partir de ese análisis, el peritaje de la CNDH concluyó que había sido un disparo efectuado a la larga distancia), y aún así invalidaron las conclusiones de la CNDH.
Otro aspecto: en el video que Brad Will estaba grabando al momento de su muerte, poco antes del disparo, se escucha una voz que amenazante ordena apagar su cámara. Aunque el expediente judicial ya había determinado que esta amenaza iba dirigida a Karol Iván Ilescas, que entonces era camarógrafo de Televisa, la policía canadiense señaló en su informe que la amenaza iba contra Brad Will, y que éste sabía algo de español.
Por último, destaca en el informe que, en los antecedentes del informe, los jubilados señalan a Brad Will como un periodista que había cubierto temas de guerrilla en centroamérica y que había ingresado de manera ilegal a territorio mexicano.
Publicado en El Periódico, miércoles 7 de octubre de 2009
Ciudad de México
Los policías canadienses jubilados que realizaron un peritaje para el caso del asesinato de Brad Will cobraron a la Procuraduría General de la República 64 mil 280.24 dólares.
Esto quiere decir que la PGR erogó alrededor de 800 mil pesos para que los canadienses realizaran una investigación que duró 14 días. Este peritaje tampoco se integró en el expediente judicial del asesinato.
Al responder una solicitud de información por medio de la Ley de Transparencia, la PGR también informó que los policías canadienses cubrieron sus propios gastos de transportación, hospedaje, seguro médico, etcétera.
El peritaje realizado por estos policías dio un espaldarazo a la hipótesis de la PGR de que los disparos que dieron muerte a Brad Will fueron realizados de cerca (y no desde una distancia superior de los 35 metros , como concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos). Pero, denunció la CNDH en su momento, no se incluyó dentro del expediente judicial del asesinato. Por lo que no tuvo carácter probatorio dentro de las investigaciones en el asesinato del periodista estadunidense, ocurrido el 27 de octubre de 2006, cuando cubría el conflicto social en Oaxaca.
La presentación de este peritaje ante la opinión pública en meses pasados abrió un nuevo debate entre la PGR y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La CNDH consideró que “el reporte contratado y difundido por la Procuraduría General de la República relacionado con el homicidio del señor Bradley Roland Will no sustenta sus conclusiones en elementos técnico-científicos; no es un dictamen pericial sino una opinión; carece de valor jurídico alguno, de acuerdo con la legislación mexicana y su jurisprudencia, y no tuvo el propósito de encontrar la verdad histórica y legal, sino de avalar las hipótesis de quien contrató a sus autores.
Y su creación, aseguró la CNDH en su momento, “revela la intención de la institución contratante¨(es decir, la PGR) por validar una hipótesis indemostrable, mediante procedimientos profesionales de las ciencias forenses, de que el victimario se encontraba a una distancia de entre dos y ocho metros de su víctima”.
El peritaje independiente fue elaborado por por James Stephen, patólogo forense; Phil Ziegler, perito en armas de fuego y balística, y Gary Buerk, comandante del equipo de homicidios, jubilados de la Real Policía Montada canadiense. Su reporte concluyó que el homicida “estaba parado entre 12.20 y 0.70 metros (de Brad Will) cuando disparó el primer tiro. El tirador estaba parado frente a Will y hacia la derecha, fuera del ángulo de la cámara. No hubo rebote. El segundo disparo fue hecho poco después de que Will había caído al piso, mientras era cargado y antes de que fuera colocado en un vehículo” para llevarlo a una estación de la Cruz Roja.
Entre las críticas que se realizaron al peritaje de los jubilados está que nunca revisaron físicamente la playera que Brad Will portaba al momento de su homicidio. Sólo se basaron en las fotografías del expediente. La CNDH también denunció que entre los investigadores no había expertos en el análisis del sonido (una de las pruebas que presentó la CNDH fue una pericial sobre el sonido del disparon y el tiempo en que tardó en impactar a Brad Will, y a partir de ese análisis, el peritaje de la CNDH concluyó que había sido un disparo efectuado a la larga distancia), y aún así invalidaron las conclusiones de la CNDH.
Otro aspecto: en el video que Brad Will estaba grabando al momento de su muerte, poco antes del disparo, se escucha una voz que amenazante ordena apagar su cámara. Aunque el expediente judicial ya había determinado que esta amenaza iba dirigida a Karol Iván Ilescas, que entonces era camarógrafo de Televisa, la policía canadiense señaló en su informe que la amenaza iba contra Brad Will, y que éste sabía algo de español.
Por último, destaca en el informe que, en los antecedentes del informe, los jubilados señalan a Brad Will como un periodista que había cubierto temas de guerrilla en centroamérica y que había ingresado de manera ilegal a territorio mexicano.
Publicado en El Periódico, miércoles 7 de octubre de 2009
jueves, 1 de octubre de 2009
Otro revés para la PGR en el caso Brad Will
La Procuraduría General de la República (PGR) sufrió otro revés en el caso de Brad Will, cuando un juez federal determinó que el llamado “testigo clave” de la PGR no podía identificar al responsable del asesinato. Más aún, determinó que ningún miembro de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) estaba armado cerca del estadunidense al momento del disparo.
La PGR acusó a Juan Manuel Martínez Moreno del homicidio del periodista el 27 de octubre de 2006. Sin embargo, dio a conocer su abogado defensor, Gilberto López, el juez cuarto de lo penal, con sede en Oaxaca, certificó que Karol Iván Llescas, “el testigo de la PGR, no pudo haber visto quién accionó el arma que privó de la vida a Brad Will”.
El martes pasado “a las 11:00 am, se señaló para que tuviera lugar la diligencia de interrogatorio al testigo de la PGR, Karol Ivan Llescas Resendiz, quien el 27 de octubre de 2006 era camarógrafo de Televisa. Y después de 12 horas que duró la diligencia, en donde también se realizó una inspección ocular a los DVDs de Televisa y al video póstumo de Brad Will, se certificó que el testigo de la PGR no pudo haber visto quién accionó el arma que privó de la vida a Brad Will”.
Karol Iván Llescas fue señalado como el testigo clave de la PGR en diversas ocasiones. A pesar de que en interrogatorios anteriores siempre señaló que nunca vio al asesino, esta determinación del juez es contundente.
Lo que es más importante, el juez cuarto de lo penal con sede en Oaxaca, Luis Salvador Cordero, “certificó que ninguno de los que estaban frente a la cámara de Will portaba armas de fuego”.
En semanas anteriores, la PGR sufrió otro revés, cuando una juez desechó una pericial humana de la Procuraduría, debido a que fue presentada de forma extemporánea.
La PGR impugnó la determinación de la juez, por lo que esto habrá de resolverse en los próximos días. A partir de esto, la juez 15 de distrito con sede en Oaxaca, Rosa Iliana Noriega Pérez, resolverá si otorga o no el amparo solicitado por la defensa de Juan Manuel Martínez Moreno.
Publicado en El Periódico el jueves 1 de octubre
La PGR acusó a Juan Manuel Martínez Moreno del homicidio del periodista el 27 de octubre de 2006. Sin embargo, dio a conocer su abogado defensor, Gilberto López, el juez cuarto de lo penal, con sede en Oaxaca, certificó que Karol Iván Llescas, “el testigo de la PGR, no pudo haber visto quién accionó el arma que privó de la vida a Brad Will”.
El martes pasado “a las 11:00 am, se señaló para que tuviera lugar la diligencia de interrogatorio al testigo de la PGR, Karol Ivan Llescas Resendiz, quien el 27 de octubre de 2006 era camarógrafo de Televisa. Y después de 12 horas que duró la diligencia, en donde también se realizó una inspección ocular a los DVDs de Televisa y al video póstumo de Brad Will, se certificó que el testigo de la PGR no pudo haber visto quién accionó el arma que privó de la vida a Brad Will”.
Karol Iván Llescas fue señalado como el testigo clave de la PGR en diversas ocasiones. A pesar de que en interrogatorios anteriores siempre señaló que nunca vio al asesino, esta determinación del juez es contundente.
Lo que es más importante, el juez cuarto de lo penal con sede en Oaxaca, Luis Salvador Cordero, “certificó que ninguno de los que estaban frente a la cámara de Will portaba armas de fuego”.
En semanas anteriores, la PGR sufrió otro revés, cuando una juez desechó una pericial humana de la Procuraduría, debido a que fue presentada de forma extemporánea.
La PGR impugnó la determinación de la juez, por lo que esto habrá de resolverse en los próximos días. A partir de esto, la juez 15 de distrito con sede en Oaxaca, Rosa Iliana Noriega Pérez, resolverá si otorga o no el amparo solicitado por la defensa de Juan Manuel Martínez Moreno.
Publicado en El Periódico el jueves 1 de octubre
jueves, 30 de julio de 2009
La muerte de Brad Will. Reflexiones
A propósito de los resultados que la policía canadiense envió sobre el asesinato de Brad Will (por cierto, la PGR reenvió una traducción a los correos de su sala de prensa, pero ésta yo no la pude abrir porque estaba presuntamente envirulada), dicen los expertos que se refuerza la postura de las procuradurías locales y federal de que el asesino era miembro de la APPO.
Las autopsias de Canadá, PGR y de la procuraduría oaxaqueña coinciden en que el primer disparo se hizo desde un rango no mayor a 12 metros. y que el segundo disparo se hizo a quemarropa. Concluyen que se hizo mientras Brad Will estaba siendo cargado por miembros de la APPO.
Por el contrario, el peritaje de la CNDH insiste en que ambos disparos se hicieron desde una distancia mayor a 35 metros.
Si el disparo se hizo de cerca, todo apuntaría a asumir que el asesino de Brad Will estaba de parte de la APPO.
Sin embargo, me quedan dudas, ideas... No tengo una opinión acabada. Pero quedan datos en el tintero:
*La investigación pericial canadiense se basa exclusivamente en los elementos (fotografías, etc) que proporcionó la PGR.
*Según el rumor de las autoridades, si Brad Will fue baleado de cerca, ergo, su asesinato fue cometido por "la APPO". Ojo, ni siquiera por un miembro de la APPO, sino por la APPO, como un ente único e indivisible. Recuérdese que en 2006 prácticamente hubo una guerra civil en Oaxaca.
*Pregunta: ¿cuántos casos de infiltrados en la APPO se conocieron? a mi mente, de forma vaga llega uno relevante: la presencia de un policía federal que participó también durante el operativo en el que encarcelaron a los hermanos Cerezo en 2001.
*Más preguntas: ¿Cuál podría ser el móvil de un miembro de la APPO para matar a Brad Will? ¿que estaba filmando cómo apuntalaban una barricada y cómo usaban un camión de redilas? ¿porque la filmación podría usarse después para encarcelar a los que participaron? ¿sería un plan para inculpar al gobierno del asesinato de un estunidense?
*¿Cuál sería el móvil de las autoridades oaxaqueñas para asesinarlo? ¿Inculpar a la APPO? ¿hacer que la opinión internacional volteara aún más hacia el caso Oaxaca?
*¿Qué motivación puede tener la CNDH para alterar un peritaje en este caso?
*De igual forma, ¿qué motivación puede tener la policía canadiense? Sobre la PGR y la Procuraduría oaxaqueña.. no cuestiono.
*Durante 2006, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) documentó 26 muertes con hechos relacionados con el conflicto oaxaqueño. Muchos de ellos, muertos por apuñalamiento, por bala, degollados, otros en accidentes.
* En 2007, a pesar de que el conflicto no estaba activo, se registraron 27 muertes vinculadas. En 2008, 15. No hay cifras para 2009.
*Lo único que me queda claro es que los motivos por los que estalló el conflicto socal en la APPO son legítimos, y siguen vigentes.
Las autopsias de Canadá, PGR y de la procuraduría oaxaqueña coinciden en que el primer disparo se hizo desde un rango no mayor a 12 metros. y que el segundo disparo se hizo a quemarropa. Concluyen que se hizo mientras Brad Will estaba siendo cargado por miembros de la APPO.
Por el contrario, el peritaje de la CNDH insiste en que ambos disparos se hicieron desde una distancia mayor a 35 metros.
Si el disparo se hizo de cerca, todo apuntaría a asumir que el asesino de Brad Will estaba de parte de la APPO.
Sin embargo, me quedan dudas, ideas... No tengo una opinión acabada. Pero quedan datos en el tintero:
*La investigación pericial canadiense se basa exclusivamente en los elementos (fotografías, etc) que proporcionó la PGR.
*Según el rumor de las autoridades, si Brad Will fue baleado de cerca, ergo, su asesinato fue cometido por "la APPO". Ojo, ni siquiera por un miembro de la APPO, sino por la APPO, como un ente único e indivisible. Recuérdese que en 2006 prácticamente hubo una guerra civil en Oaxaca.
*Pregunta: ¿cuántos casos de infiltrados en la APPO se conocieron? a mi mente, de forma vaga llega uno relevante: la presencia de un policía federal que participó también durante el operativo en el que encarcelaron a los hermanos Cerezo en 2001.
*Más preguntas: ¿Cuál podría ser el móvil de un miembro de la APPO para matar a Brad Will? ¿que estaba filmando cómo apuntalaban una barricada y cómo usaban un camión de redilas? ¿porque la filmación podría usarse después para encarcelar a los que participaron? ¿sería un plan para inculpar al gobierno del asesinato de un estunidense?
*¿Cuál sería el móvil de las autoridades oaxaqueñas para asesinarlo? ¿Inculpar a la APPO? ¿hacer que la opinión internacional volteara aún más hacia el caso Oaxaca?
*¿Qué motivación puede tener la CNDH para alterar un peritaje en este caso?
*De igual forma, ¿qué motivación puede tener la policía canadiense? Sobre la PGR y la Procuraduría oaxaqueña.. no cuestiono.
*Durante 2006, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) documentó 26 muertes con hechos relacionados con el conflicto oaxaqueño. Muchos de ellos, muertos por apuñalamiento, por bala, degollados, otros en accidentes.
* En 2007, a pesar de que el conflicto no estaba activo, se registraron 27 muertes vinculadas. En 2008, 15. No hay cifras para 2009.
*Lo único que me queda claro es que los motivos por los que estalló el conflicto socal en la APPO son legítimos, y siguen vigentes.
lunes, 15 de junio de 2009
APPO, el muerto que nadie contó
El 14 de junio de 2006 la policía de Ulises Ruiz intentó desalojar, infructuosamente, un plantón de maestros en el zócalo de la ciudad de Oaxaca. Esto fue el detonante para que unos días después se creara la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y se presentara un estallido social que duraría varios meses y dejaría como saldo, tan sólo ese primer año de 2006, 26 asesinatos; todos, impunes. A estos se sumarían decenas de muertes violentas en los siguientes años.
El domingo 14 de junio de 2009, la APPO celebró el inicio de su movimiento con una mega marcha. Para el grueso de los periódicos y revistas, el resultado del tercer aniversario fueron varios negocios y tiendas vandalizados, y un activista muerto y 14 heridos, al explotar cohetones y quemarse gasolina que llevaban simpatizantes en un vehículo para la marcha.
Pero esa muerte –que por lo demás puede calificarse de desafortunada y terriblemente torpe-- no es la única que acompaña al tercer aniversario.
Días antes, se sumó un nuevo crimen político: el de Sergio Martínez Vásquez, quien luchaba, entre otras cosas, por los derechos ambientales de la región.
***
De acuerdo con el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codep, una de las organizaciones sociales más antiguas de la entidad y que forma parte de la APPO), actualmente se están desarrollando 29 proyectos mineros multinacionales, en su mayoría canadienses y estadunidenses. Pero éstos no han tomado en cuenta el impacto ecológico ni de salud pública en la zona.
En 2009, la empresa Cuzcatlán comenzó la construcción de la mina “La Trinidad”, en San José del Progreso, Oaxaca, la primera de más de 16 que serán construidas a lo largo y ancho del Valle de Ocotlán-Ejutla.
Los habitantes de la región han denunciado que estos trabajos han tenido como consecuencia el resquebrajamiento de las casas y la contaminación de la región con plomo, el cual puede causar en los humanos graves enfermedades, como el saturnismo (un trastorno en el comportamiento de los glóbulos blancos) y una anemia difícil de curar, así como fallas severas en el sistema nervioso central.
Este mismo año “se reactivarán más de 50 minas que ya trabajaron hace 15 o 20 años en el valle, como “La Colmena” en San Jerónimo Taviche, “que actualmente produce grandes cantidades de drenaje ácido, causante de enfermedades de los ojos, de las vías respiratorias y la piel. En la región se ha registrado el fallecimiento de más de 20 cabezas de res, en los últimos tres meses, los análisis han determinado envenenamiento por plomo, mercurio, arsénico y cianuro”, afirma el Codep.
Por ello la asamblea comunitaria (en la región las comunidades se rigen por usos y costumbres en algunos casos) resolvió desconocer al presidente municipal, Venancio Oscar Martínez Rivera, y el comisariado ejidal, Quintín Vásquez Rosario, de San José del Progreso.
Esto generó, de acuerdo con los activistas, varios actos de hostigamiento:
El 24 de marzo intentaron secuestrar Agustín Ríos Cruz, integrante del CODEP. “A las ocho de la mañana llegaron al plantón de la mina hombres vestidos de civil, que irrumpieron con pistolas y armas largas. Cuando se les pidió que mostraran la orden de aprehensión, dijeron: ‘No necesitamos de un pinche papel, son órdenes del gobernador’”.
Al día siguiente, José David Hernández Álvarez, también miembro del CODEP sufrió un intento de secuestro, cuando, a las 8:30 de la mañana, fue a dejar a sus hijos a la primaria.
En la madrugada entre el 7 y el 8 de junio pasado, Sergio Martínez Vásquez, integrante del Consejo Estatal del CODEP, fue asesinado.
Martínez Vásquez trabajaba como taxista. Realizó un viaje a la agencia de Pino Suárez el día 7 por la noche. Al día siguiente su cuerpo fue hallado con 10 impactos de bala. Aunque todavía no se cuenta con suficiente información, el Codep sostiene que “todo apunta a confirmar que los actores materiales de este asesinato fueron los grupos paramilitares que Ulises Ruiz mantiene operando en la región”.
La demanda que dio vida a la APPO (y que sigue vigente) es la renuncia de Ulises Ruiz, como gobernador de Oaxaca, además de varias exigencias magisteriales y sociales. Ahora, se suma el exigir el cierre de los proyectos mineros multinacionales que se desarrollan en el Valle de Ocotlán.
Durante el estallido social en Oaxaca, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos documentó 26 asesinatos relacionados con el conflicto durante el 2006.
En 2007, se sumaron 27 muertes más relacionadas con problemas políticos. En 2008, 15 más, además de varias desapariciones forzadas. Entre estas últimas se encuentran la de Lauro Juárez, militante del Frente Popular Revolucionario (FPR, organización que forma parte de la APPO), quien fue sustraído de una casa en la que dormía con ¡30 personas más!
*Una versión del texto fue publicada en El Periódico en Línea, el lunes 15 de junio de 2009.
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