El indigente que demandó al Estado mexicano

Parece más una casita del árbol que el refugio de un indigente. El hogar callejero de Ricardo Farías Melchor fue construido con pedazos de huacales de madera unidos con alambres; su techo está “impermeabilizado” con bolsas de plástico. Algunos recortes de revistas adornan el interior de las paredes, y cuenta con banquitos improvisados para las visitas.

Este refugio se encuentra entre los puestos que abarrotan la salida del Metro Copilco; desde ahí Farías observa a los estudiantes de la UNAM cuando emergen del subterráneo y caminan presurosos a sus clases. Los mira también cuando van de regreso, más relajados, y se detienen en los puestos a comprar curiosidades, artesanías o dulces y antojos.

Hace muchos años, Farías también vendía, recuerda un joven artesano que ofrece su mercancía al lado del hogar de aquél. El indigente, que ha demandado a 30 instituciones fue, alguna vez, el mejor artesano del Metro Copilco y sus alrededores. Trabajaba materiales diversos, pero destacaba en la elaboración de joyería de plata. Conocía las técnicas del punto peruano y la soldadura para hacer dijes, collares y aretes.

En ese entonces —dicen entre los puestos—, cuando Farías era un gran artesano, se enamoró de una mujer casada. Nadie sabe si perdió la razón porque ella le rompió el corazón o porque “le dieron toloache”. Lo cierto es que Ricardo se fue hundiendo cada vez más. Pasó de vender en la calle a vivir en ella. Desde hace por lo menos siete años, la casita de madera ocupa el lugar que antes tenía su puesto.

El artesano que relata la historia de Ricardo afirma que éste fue su maestro. Ahora, el indigente enfrenta la avaricia de los comerciantes en la zona, que lo quieren despojar de su lugar.

DISCUSIÓN ESCOLAR

A los problemas de don Ricardo eran ajenos el abogado Enrique Carpizo Aguilar y sus alumnos de la materia Práctica Forense de Amparo del semestre 2012-I, en la Facultad de Derecho de la UNAM. Pero durante una de las clases, alumnos y profesor comenzaron a discutir si la Constitución mexicana en verdad se cumplía, y alguien habló de las personas en situación de calle. Muchos recordaron a Farías, a quien veían día tras día en Copilco.

¿Cómo probar si la Constitución de verdad se cumple? A partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, es posible presentar un amparo por omisión, y ya no sólo por acciones que afectan al individuo. Profesor y alumnos decidieron intentarlo. Así lo relata Carpizo Aguilar (sobrino del ex procurador y ex rector Jorge Carpizo) en su cubículo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Dos de sus alumnos, Omar Roldán Orozco y Gabriela Flores, también relatan el caso.

En clase, comenta Carpizo, discutieron el caso de Ricardo. Un grupo de entre 10 y 20 alumnos redactaba la demanda y el profesor los corregía. El proceso tardó cerca de dos semanas. Pidieron a José Luis Reyes Farfán, joven médico que estaba a punto de graduarse en su especialidad de Psiquiatría, que evaluara al demandante. No sabía que, más tarde, esto le daría problemas con la burocracia de las instituciones médicas.

Según los datos recabados por Reyes Farfán y los litigantes, el señor Farías dijo haber nacido en 1963 en la delegación Azcapotzalco y ser huérfano. Creció en una casa hogar de esa demarcación y realizó estudios de primaria y secundaria en las escuelas “Tierra y Libertad” y “Fernando Montes de Oca”, respectivamente.

El examen médico firmado por el médico Reyes Farfán advierte que el señor Ricardo Farías presenta una edad mayor a la referida como cronológica, así como lesiones en la piel. “Muestra complexión muy delgada; en muy malas condiciones de higiene y aliño (...) se encuentra lenguaje espontáneo, fluente, incrementado en tono, intensidad, conservando velocidad, logra comprender instrucciones complejas. Se encuentra un discurso coherente, pero por completo incongruente a expensas de una desorganización del pensamiento. El examinado no muestra conciencia de los déficits en sus alteraciones de pensamiento”.

El señor Farías firmó la demanda ante las cámaras y reiteró que solicitaba ayuda. Carpizo Aguilar presentó el expediente incidental 1494/2011 el 14 de diciembre de 2011, ante la Jueza Primera de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal. La defensa fue prevenida al día siguiente. “Nos comentaron que se había reunido todo el juzgado para ver qué iban a hacer con esta demanda. No sabían qué hacer. Este es el primer antecedente que se presenta en México”, relata el abogado.

La defensa recibió una segunda prevención el 23 de diciembre. El tribunal pidió a la defensa que acreditara que efectivamente se trata de Ricardo Farías. Pero ¿cómo acreditar la identidad de un hombre en situación de calle, con un trastorno mental sin atender, que no cuenta con acta de nacimiento o credencial de elector? La defensa respondió que una de las violaciones a los derechos del señor Farías es precisamente que no tiene una identidad jurídica. En otras palabras, el Estado mexicano violó su derecho a la identidad.

El 28 de ese mismo diciembre, la jueza admitió la demanda y otorgó una suspensión provisional para que cesaran todas las omisiones que lesionaran los derechos del señor Ricardo Farías.

“Ahí no tuvimos problema”, cuenta Carpizo Aguilar. Pero días después, al conceder la suspensión definitiva, “el juez especifica que el señor Farías debe comparecer físicamente ante 30 autoridades dentro del término de tres días para reivindicar su situación”. En otras palabras, el juez no tomó en cuenta la situación de precariedad económica del señor Farías, ni el hecho de que éste se encuentra afectado de sus capacidades mentales.

El abogado hace una pausa. Añade una inquietud que los agobia en cada paso que dan en la defensa: “Déjame preguntarte algo. En caso de que al señor Farías se lo lleven a un albergue, ¿has visto las condiciones de éstos?”.

“El Estado ha omitido implementar programas para atender a este tipo de personas, que tienen una severa afectación mental”, añade el constitucionalista. Sí tiene, por ejemplo, instituciones como el hospital Fray Bernardino o el Instituto Nacional de Psiquiatría (INP). Sin embargo, no existe un responsable que lleve a personas en situación de calle a estas instancias.

Además, de acuerdo con testimonios de personas que han llevado a familiares a estos lugares, el tiempo máximo que los pacientes pueden permanecer ahí va de 15 a 21 días. Una vez estabilizada, la persona saldrá a la calle hasta una nueva crisis.

Las instituciones privadas para atender adicciones o personas en situación de calle, sin control psiquiátrico alguno, en cambio, sí han proliferado. Son los llamados “anexos”, que, en muchas ocasiones, han devenido en centros de explotación y trata.

TODOS SABEN, NADIE ACTÚA

La entrevista continúa en el cubículo. Carpizo Aguilar enlista las respuestas que hasta ahora han tenido de las dependencias; por ejemplo, lee en voz alta el oficio que envió un coordinador sectorial de la Secretaría de Educación Pública: “Es oportuno comentarle que si el solicitante así lo requiere podrá solicitar una certificación de estudios completos (...) siempre y cuando cumpla con los requisitos que se enlistan: acta de nacimiento en copia fotostática, identificación oficial con fotografía, Clave Única de Registro de Población, dos fotografías recientes y pago de derechos mediante el SAT”. En pocas palabras, Farías no puede acceder a sus comprobantes de estudios ni ejercer el derecho de identidad.

El estudiante Roldán relata la respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): “Este organismo dijo no reconocer los actos imputados, y añadió que los servicios del IMSS sólo son para los beneficiarios”. Por su parte, la Secretaría de Salud alegó que no le competía la atención de este tipo de personas, a menos de que cumpla con los requisitos de tener un empleo y ser derechohabiente. Finalmente, la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal advirtió que cuenta con los programas invernales. Pero hasta ahí.

Quizá la respuesta más sorprendente es la del INP: “Pidió que se negara el amparo”, explica Carpizo Aguilar; “Alegó que el señor Farías no se ha acercado a ese instituto”.

“El gran problema”, resume el abogado, es que “ya todos están enterados, hay violaciones a los derechos humanos y don Ricardo sigue igual. Prefieren hacerlo pedazos en el litigio y decir que no tiene razón, que no hay actos, que él no ha comparecido, que no hay programas, que no hay presupuesto, a ir y tirarle una chamarra. ¿Qué va a pasar? Pues que este litigio va a terminar en tribunales internacionales, porque la Constitución dice que tiene derecho a todo esto (salud, vivienda, educación) y en los hechos no es así”, finaliza.

Actualmente se ha interpuesto un recurso de revisión y se remitió al 14 Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa. La defensa está a la espera.

—¿Van a seguir el litigio, entonces?

—Hasta sus últimas consecuencias, responde Carpizo Aguilar.

Mientras, en los alrededores del Metro Copilco, Ricardo Farías sigue viendo pasar a los estudiantes. Saca un banquito “hechizo” de madera y lo ofrece a la reportera. Accede a la entrevista. Se dice indígena y estudiante, porque aprende el lenguaje, añade sonriente. Cuando se le pregunta sobre la demanda, señala algo cierto, en medio de una cascada de palabras y de frases atropelladas: sabe que es sólo una cascarita legal. “Ellos quieren que yo caiga en un juego que ellos ya tienen contabilizado”, dice, y sonríe. “Entonces, al estar contabilizados, por ejemplo, para ir... a lo que tú no quieres negociar, pues ya te han obligado. Ellos no ven mi caso desde el punto de vista que yo tengo, el de hacer mis cosas y recibir”.

Después de hablar un rato más, termina la entrevista. Se despide sonriente, con un amistoso choque de puños, el saludo de la banda.

* Texto publicado en Milenio Semanal el 3 de marzo de 2012


Para conocer el desenlace de la historia: Ricardo Farías, el indigente que demandó, ganó y desapareció

Mariana: ¿suicidio o feminicidio?

* Historia publicada en El Universal Gráfico el 10 de abril de 2012

Julio César Hernández Ballinas telefoneó a su suegra, Irinea Buendía, y le dijo: Tu hija Mariana se suicidó. La hallé colgada. Era el filo de las 7 de la mañana del 28 de junio de 2010.

Irinea, otra de sus hijas y el esposo de ésta se trasladaron en menos de media hora al hogar de Mariana, en el municipio de Chimalhuacán. Encontraron la casa abierta. Ballinas (como todos llaman a Julio César) se había ido. Aunque era policía judicial, dejó la escena del crimen sin resguardo.

Irinea entró hasta la recámara y encontró el cadáver de su hija Mariana recostado en la cama. Presentaba rigidez y lesiones: rasguños en el cuello, en la frente y moretones en las piernas. El pelo estaba revuelto, y su cuerpo había sido bañado y secado: tenía esas arrugas que deja el haber pasado mucho tiempo en el agua. Los pies estaban descalzos y limpios, mientras que el piso estaba sucio.

Irinea y sus familiares tomaron fotografías de baja resolución con la cámara de su celular. En la recámara había una bolsa con documentos importantes y maletas con ropa: los preparativos de Mariana para dejar a su esposo. Se iba por las golpizas que aquél le propinaba, la violencia y las amenazas de muerte que le hacía –incluso Ballinas le hablaba a Irinea y le decía que iba a matar a Mariana.

A los pocos minutos llegó Ballinas con los agentes ministeriales. Irinea lo cuestionó por haber movido el cuerpo, ya que existe un protocolo de cadena de resguardo, el cual Julio César conocía por ser policía judicial.

En su declaración, Ballinas dijo que llegó antes de las 7 de la mañana de trabajar. Como nadie le abrió, entró por una ventana (que, por cierto, siempre permanecía cerrada) y encontró a Mariana colgada. Trató de resucitarla, la acostó en la cama y le masajeó las piernas. (En una segunda declaración, por cierto, dijo que había pasado la noche con una amante.)

Sin embargo, Irinea constató que a las 7:30 de la mañana el cuerpo ya presentaba rigor mortis. Los análisis practicados un par de horas más tarde indicaron que llevaba entre 8 y 10 horas sin vida; había muerto entre las 11 y las 12 de la noche. ¿Ballinas acaso había tratado de “revivir” un cuerpo frío con rigor mortis?, cuestiona la familia.

El cuerpo de su hija no fue lo único que no encuadraba con la versión del suicidio: dos toallas húmedas, un celular, un control de televisión y cuchillos en el baño, así como botellas de esmalte tiradas en el piso. No había un solo bote de basura en toda la casa. Y uno de los tambos de agua-- siempre llenos—había sido vaciado.

Los ministeriales levantaron el cadáver en 10 minutos. Las fotografías tomadas por los peritos estaban desenfocadas, sin mejor calidad las del celular de Irinea y describieron la postura del cadáver en dos párrafos, explica el abogado Rodolfo Martínez. Inclusive, añade, son contradictorios los peritajes sobre la mecánica de asfixia que mató a Mariana.

Las pruebas están viciadas de origen, resume la señora Irinea: “en la averiguación previa no señalan que el cuerpo de mi hija fue movido. No se cumplió con el protocolo de investigación, no se recopilaron indicios, no se recuperó el cordón, con el que supuestamente se había ahorcado, sino hasta 11 meses después. Tampoco se hizo raspado de uñas”.

Creer en la ley

Mariana creía en la ley. Era pasante de abogado por la UNAM e iba a iniciar su tesis de titulación, explica su madre. Desde 2006, trabajó en el Centro de Justicia de Chimalhuacán. Ahí conoció a Ballinas, quien la convenció de dejar de trabajar después de casarse.

Pero la ley le ha fallado a Mariana y a su madre. “Denuncié las omisiones en la averiguación previa”. Hace unos meses, una juez decretó el no ejercicio de la acción penal en contra de Ballinas. Actualmente, la familia ha interpuesto un amparo indirecto contra las deficiencias en la investigación. Irinea espera que ahora sí la justicia no le falle a Mariana.

Se desvaneció en el aire, a 100 metros de su casa

*Historia publicada en El Universal Gráfico el 3 de abril de 2012

Viviana, de 19 años, desapareció en menos de 15 minutos y a cien metros de la puerta de su casa. La calle estaba repleta de gente. Nadie vio nada. Lo más difícil para su mamá ha sido obligar a las autoridades a que hagan su trabajo y la busquen.

Viviana Lizbeth Vázquez Estrada daba clases en una escuela de inglés de Cuautitlán y a su vez se preparaba para tener la certificación del teachers. Le era fácil. Aunque era mexicana, había crecido en el norte de California, Estados Unidos, donde residió por nueve años. De hecho, apenas llevaba un año de regreso en México. Quería estudiar medicina en la UNAM, porque en Estados Unidos es muy difícil que los migrantes puedan acceder a la educación superior.

Presentó el examen el año pasado pero le faltaron ocho puntos para quedarse en Medicina. Decidió que lo intentaría de nuevo este año. Su mamá, Araceli Estrada, le dijo: no te preocupes, si de plano ya no se puede, nos regresamos a EU y estudias allá.

El martes 22 de noviembre de 2011, Araceli pasó por su hija Viviana  a la escuela de inglés y fueron con los abuelos paternos de ésta, de compras al Soriana y al Aurrerá.  Al terminar Araceli y Viviana regresaron a su casa en Paseos de Cuautitlán.

Llegaron a su hogar poco antes de las seis de la tarde. Viviana dijo que iba a la papelería y a un café internet. Su mamá le encargó que pasara a la tienda de abarrotes por unas salchichas. La joven salió y regresó al poco tiempo. El café internet estaba cerrado y se le habían olvidado las salchichas. Salió de nuevo a la tienda, que estaba a unos cien metros de la puerta de su casa. Nunca regresó.

Ese martes, había tianguis en la cuadra. A pesar de que la calle estaba llena de gente, nadie vio nada. Araceli llamó a sus familiares. Muchos pensaron que estaba exagerando. A las ocho de la noche, cuando era evidente que algo había pasado, Araceli se trasladó a la agencia del Ministerio Público de Cuautitlán. 

En el segundo turno de la agencia se tardaron siete horas en tramitar la denuncia de hechos. “Decían que no había papel, y luego les faltaban cosas”, cuenta la madre. Alrededor de las tres de la mañana, Araceli por fin pasó con el policía ministerial Augusto Loaeza. Éste le dijo que la denuncia estaba malhecha porque no tenía información. Éste añadió: a ver, “cuénteme usted lo que pasó”. Después de escuchar, el policía dijo: “Mire, me acaban de traer la desaparición de un chamaco de 16 años, de Galaxia Cuautitllán. Él es hombre, y la suya mujer, de 19. Deben estar juntos. Al rato regresan”.

Ella le reviró: “pues entonces es delito, mi hija es mayor de edad y él no. Así que búsquelos”. Nada pasó.

 “Ahí llevan los casos por turnos”, explica Araceli. Al día siguiente, cuando se presentó otra vez en MP, estaba el tercer turno. Le dijeron que regresara hasta el viernes, porque hasta entonces volvería a entrar el segundo turno, que lleva la carpeta Viviana.

Araceli Estrada habló con el fiscal, quien entonces era Abraham Eslava. Éste mandó decir que dejaran la carpeta abierta a cualquier turno. Sin embargo, hasta la fecha, en el expediente sólo existe la declaración de la madre y otra persona.

Actualmente, el caso ha sido atraído por la Coalición Regional Contra El Tráfico De Mujeres Y Niñas En América Latina Y El Caribe (CATWLAC). Ahí, Araceli ha conocido otras historias de adolescentes y jóvenes desaparecidas. “Son diferentes casos, diferentes contextos. Pero todas llegamos a la misma conclusión: las autoridades no hacen nada”. 

Culpable hasta que se demuestre lo contrario

Columna Rendija publicada el 18 de abril de 2012

La Procuraduría capitalina publicó este lunes un protocolo para acotar la presentación de presuntos responsables de delitos ante los medios de comunicación. Ahora, anunció, “sólo” se difundirán a individuos detenidos en flagrancia o aquellos indiciados por delitos graves.

Las autoridades han asegurado que con estas medidas han cumplido parcialmente a la recomendación que la Comisión de Derechos Humanos del DF emitió a mediados de marzo y que precisamente advertía de la violación sistemática de los derechos de los procesados al exhibirlos.

La recomendación 3/2012 de la CDHDF, hay que decirlo, ni siquiera era radical. Planteaba que no se exhibiera a los sospechosos al principio de las investigaciones sobre todo, para evitar la estigmatización de personas que pueden ser inocentes, así como de las familias de los culpables.

En la recomendación de la CDHDF se revisaron varios casos. Uno de ellos es el de Mariel Solís, estudiante universitaria que fue detenida y luego exhibida como parte de una banda de asaltantes y asesinos. Resultó inocente. Con el nuevo protocolo de la procuraduría, Mariel Solís volvería a ser exhibida y su dignidad pisoteada.

La recomendación de la CDHDF también advirtió el caso de  Aldo Christopher Granada González, quien fue detenido en 2009, porque la policía andaba buscando a un Christopher Aldo González Rivera, por los delitos de homicidio calificado y secuestro. Fue exonerado, pero pasó varios meses en prisión, perdió su trabajo y su salud se deterioró. Con el nuevo protocolo, Aldo Christopher también volvería a ser exhibido.

De acuerdo con El Universal, mientras explicaba este nuevo protocolo, el procurador capitalino Jesús Rodríguez Almeida admitió que los derechos de probables responsables se contraponen a los de víctimas y ciudadanía.

Nada más falso.

Uno de los derechos de los ciudadanos es tener acceso a información veraz, responsable y fundamentada por parte de las autoridades: cómo están trabajando para detener a posibles responsables, cuáles son sus estrategias de prevención del crimen, cómo están haciendo su trabajo los policías y cuántos delitos son resueltos de forma oportuna.

Tortura, el método de los flojos

Columna Rendija, publicada el 11 de abril de 2012

Lydiette Carrión

Cuando una persona que ha sido sobajada la mayor parte de su vida adquiere algo de autoridad, suele convertirse en un dictador. ¿Quién no ha tenido que enfrentarse a un guardia o recepcionista que ejerce su pequeño coto de poder de manera déspota, abusiva y francamente sádica?

Pero la práctica de la tortura por parte de policías y autoridades del Distrito Federal (y todo el país, para ser honestos) no se explica sólo por las historias personales de los victimarios. El completo sistema de justicia no sólo la permite, sino que descansa sobre ella. Me explico: Bajo contadas excepciones de algunos casos mediáticos, la policía capitalina no utiliza métodos de investigación: toma de huellas dactilares, ADN, revisión de cámaras de seguridad, investigación del móvil y oportunidad. Por eso depende de detener infraganti a los delincuentes, de recopilar testimonios de testigos o de su confesión.

Para conseguir la mentada confesión, la tortura, las amenazas e incomunicar a una persona por horas siguen siendo las únicas herramientas que la policía sabe utilizar, ya que no cuenta con otras herramientas: la disposición de medios y técnicas para investigar.

Además de lastimar, agredir y destruir la vida de los procesados, la tortura ha probado ser ineficaz para resolver delitos: no existe garantía de que una persona que fue detenida y confesó bajo tortura sea realmente culpable.

Recientemente, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó modificaciones al Código Penal para el Distrito Federal, para penalizar de forma más severa –de tres a 12 años--a los funcionarios que cometan tortura o martiricen a otra persona, al tratar de obtener información. Estas reformas son innegablemente benéficas. Sin embargo, es poco probable que por sí solas resuelvan el problema de fondo, ya que no están acompañadas de una verdadera profesionalización de la policía, o la estandarización de los operativos policiacos o de la garantía de que el ministerio público abrirá investigaciones por el delito de tortura: generalmente los funcionarios que comenten tortura, y son denunciados, suelen ser procesados bajo otros delitos, como lesiones o abuso de autoridad.

El primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Mario Patrón, ha identificado tres escenarios que propician la tortura: en primer lugar, la cárcel; el segundo, se da entre el momento de la detención y la puesta a disposición del ministerio público; y finalmente, en los operativos policiales.

Asaltos en Viveros

Columna Rendija publicada en El Universal Gráfico el 4 de abril de 2012

Lydiette Carrión

El sábado pasado me asaltaron en los Viveros de Coyoacán. Había corrido media hora y llevaba mi celular para escuchar música. Ya me iba. Caminé por una vereda poco transitada pero a la vista de otras personas, cuando un tipo llegó por la espalda y me pasó el brazo por el cuello: “este es un asalto, dame lo que traigas de valor”.

De forma inconsciente me acordé del caso de El Coqueto, que asfixiaba a sus víctimas con esa llave. Por eso, en vez de hacer lo que se recomienda en estos casos -no resistirse al asalto- me forcejeé. Alcancé a gritar, pero me volvió a agarrar por el cuello. En cuanto se distrajo, batallé y grité. El tipo, desconcertado, trató de tranquilizarme: “no te voy a hacer nada. Sólo dame lo que traigas de valor”. Le di mi celular, me liberé y grité “¡Ladrón!” con todas mis fuerzas.

Primero llegó un señor, y después la poli. Varios lo vieron y señalaron por dónde se fue. Los policías alertaron por radios. Quizá me equivoco, pero creo que era posible detenerlo, porque iba nervioso y la poli reaccionó rápido.

Pero aquí viene el drama de Viveros: éste pertenece al gobierno federal (vía Semarnap). La administración ha contratado seguridad privada y no hay acuerdo con la policía local.  El poli que primero me auxilió explicó que tuvo que saltarse para entrar al parque, porque si usaba la entrada no lo iban a dejar pasar. Tampoco se cerraron los accesos al parque.

Seguí platicando con los polis. Me dijeron que los asaltos en Viveros son frecuentes. También se presenta mucho el robo de vehículos a corredores, despojados a mano armada en las inmediaciones del lugar.

Dudé en escribir esta columna. Me siento estúpida y responsable por lo que me pasó: una regla básica de seguridad es no llevar audífonos en lugares públicos. Pero el primer paso para la seguridad humana es informar: si van a Viveros, recuerden que hay un asaltante solitario, inmoviliza a sus víctimas por el cuello, mide más de 1.70 de estatura, es moreno, musculoso y parece deportista (de seguro entrena mientras caza a sus víctimas). Puede haber gente a menos de 30 metros de ustedes y nadie se va a percatar de que son agredidos. La policía no va a poder entrar de inmediato y no van a cerrar los accesos.

Agradezco al señor que me auxilió primero, y al policía Soto y a su compañero, que me prestó su teléfono.