* Columna "Rendija", publicada el 14 de marzo de 2012 en El Universal Gráfico.
Un terrible caso de abuso sexual contra 35 niños en edad
preescolar podría costarle a la SEP varios millones de pesos. Y además podría
establecer un precedente inédito para que los niños sean escuchados, de verdad,
en los tribunales mexicanos.
El 15 de junio de 2011, Saúl Blancas, intendente del jardín
de niños “Andrés Oscoy Rodríguez”, en Iztapalapa, fue detenido. Dos niñas de
seis años lo habían acusado de haber abusado de ellas. Conforme se ampliaron
las investigaciones, las autoridades concluyeron que tres personas más estaban
implicadas. Entre ellas, la directora del jardín de niños (quien por cierto,
recibió una “jubilación exprés” por parte de la SEP cuando se destapó el
escándalo). También se advirtió que al menos 35 niños habían sido violados. Las
familias de 13 pequeños decidieron llevar el proceso hasta sus últimas
consecuencias.
En los tribunales de nuestro país, los menores no suelen ser
escuchados. Por lo general, son obligados a prestar sus declaraciones sin
ningún tipo de protección para su edad. No es raro que niños pequeños deban carearse
con el procesado; no importa si son víctimas de violación o testigos de delitos
graves, como un homicidio. Pero el caso del kínder de Iztapalapa podría ayudar
a revertir esta situación.
La organización civil Oficina de Defensoría de los Derechos
de la Infancia (ODI) está ayudando a las familias de los niños afectados. Se interpuso
un amparo que logró que testimonios fueran tomados de acuerdo a estándares
internacionales. Estándares, por cierto, que no están contemplados en las leyes
mexicanas.
Poco tiempo después, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación emitió un protocolo para que se proteja a los niños.
Hace un par de semanas la propia Secretaría de Educación Pública
tuvo que comparecer por lo que pasó en el kínder. Los defensores de los niños
han exigido que se enjuicie al Estado mexicano, y en particular a la SEP, porque
los cuatro acusados eran servidores públicos en ejercicio de sus funciones al
momento en que abusaron sexualmente de los niños. Además, los abusos se
efectuaron en un plantel público.
Si la SEP es hallada responsable, también se trataría de
algo inédito. Lo más importante es que nos daría herramientas a los ciudadanos
para exigir un mayor control sobre quién cuida a nuestros niños. Y de caer en
negligencia, podremos tener más certeza de que las autoridades no se vayan
impunes.
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