Los desaparecidos

*Publicado originalmente en Milenio Semanal



El gobierno mexicano pidió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que “llame a las cosas por su nombre” y rechazó algunas observaciones preliminares que hiciera el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) respecto a México. Pero los expedientes —viejos y nuevos— siguen llegando a instancias internacionales. Tal es el caso de Alicia de los Ríos, desaparecida desde 1978 en el contexto de la llamada “guerra sucia”, así como los de José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes, quienes presuntamente fueron desaparecidos por miembros del Ejército en 2009, en el contexto de la guerra contra el narcotráfico.

“AQUÍ NO ES CERESO”

Martes 29 de diciembre de 2009. Municipio de Buenaventura en Chihuahua. Alrededor de las ocho de la noche, unos 10 presuntos militares ingresaron al domicilio de José Alvarado Herrera, de 30 años. Se lo llevaron a la fuerza junto con su prima, de nombre Nitza Paola Alvarado Espinoza, de 31. Ese mismo día, en el mismo municipio, los elementos del Ejército sacaron sin orden judicial alguna a Rocío Irene Alvarado Reyes (de 18 años) de casa de su madre, a quien encerraron en el baño junto con dos menores de edad. Desde entonces se desconoce el paradero de los tres.

Al día siguiente, los familiares acudieron al municipio de Nuevo Casas Grandes, para interponer una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, pero las autoridades se negaron y los enviaron al de Buenaventura. Los familiares se dirigieron al lugar pero no había nadie que los atendiera en las oficinas, por lo que tuvieron que regresar el 31 de diciembre de 2009 cuando al fin pudieron presentar la denuncia por el delito de privación ilegal de la libertad ante Arón Enríquez Duarte, Ministerio Público de Buenaventura, quien les dijo que sus familiares estaban en el Batallón 35 de Infantería porque se había realizado una redada en su comunidad y estaban siendo investigados.

Los familiares acudieron al cuartel del Ejército Mexicano. El vigilante les dijo, textualmente: “Váyanse a la chingada, aquí no es Cereso”. El cuatro de enero de 2010, la madre de uno de los desaparecidos acudió a las oficinas de quejas y denuncias del Operativo Conjunto Chihuahua, en Ciudad Juárez, en donde se radicó la queja número 886/09 ante el licenciado Javier González Mocken. Ese mismo día, otro familiar de las víctimas presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Ciudad Juárez, Chihuahua. Los familiares también se acercaron al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDHM). El caso cumple con las consideraciones para ser tipificado como desaparición forzada: “La privación de la libertad, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”. Sin embargo, “el Estado sigue tratando el caso como un extravío de personas o desaparición”, denunciarían después los representantes de las familias, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La minimización del delito en caso de desaparición forzada parece ser constante en México. El GTDFI señaló en sus observaciones preliminares que “debido a que la impunidad es un elemento frecuente en los casos de desapariciones forzadas, muchos casos que podrían encuadrarse bajo este delito son reportados e investigados bajo una figura diferente o ni siquiera son considerados como delitos (…) pudiendo enmarcarse bajo el delito de desaparición forzada, son clasificados bajo delitos distintos, tales como el secuestro o el abuso de autoridad”.


UNA LLAMADA

El tres de febrero de 2010, Nitza Paola logró llamar a J, una amiga suya. Lloraba y le suplicaba que la sacara de ahí. La llamada fue interrumpida. Su amiga relataría que oyó la voz de dos hombres, uno de los cuales decía: “¡Pinche vieja culera, ya habló, te dije que no la dejaras sola!”. El número telefónico quedó registrado y fue denunciado. Pero si bien el Ministerio Público pudo determinar el lugar de la llamada, jamás se hizo pesquisa alguna.

Ante la CIDH, el Estado alegó que la compañía telefónica clasificó al teléfono como de “prepago”, por lo que no existiría información sobre el titular de la línea. El 17 de mayo de 2010, J, la amiga de Nitza, recibió otra llamada desde un número de teléfono diferente. Al otro lado de la línea sólo se escucharon quejidos. Posteriormente, ese mismo número quedó registrado en una llamada perdida dirigida a los familiares de José Ángel. “Todo lo que ha pasado ha sido reportado a la autoridades de todos los niveles”, advierte Alma Gómez Caballero del CEDHM. Y ninguna autoridad indagó sobre las llamadas telefónicas. Hasta la fecha “no tenemos respuesta”.

El caso fue presentado desde enero de 2010 ante la ONU, y fue reiterado en la reciente visita del GTDFI. También existe ya un expediente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el máximo tribunal de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la materia. Inicialmente, el caso de Nitza, José Ángel y Rocío se presentó ante la CIDH, sin embargo, como “pudimos demostrar que había sido responsable el Ejército, la propia comisión de oficio lo mandó a la Corte para efecto de medidas provisionales”, explicó Gómez Caballero.

La Corte Interamericana ha establecido medidas provisionales para los tres desaparecidos y más de una decena de familiares y amigos. En su última resolución, fechada el primero de abril de 2011, convocó a que el Estado mexicano asista a una audiencia pública para conocer el estado de la implementación de dichas medidas provisionales. Esto se llevaría a efecto en el próximo periodo ordinario de sesiones, del 27 de junio al nueve de julio de 2011, en Costa Rica. Mientras tanto, José Ángel, Nitza y Rocío siguen desaparecidos. José Ángel tiene tres hijos: una niña de 10 años, un niño de cinco y un bebé de seis meses al que no conoce. Nitza ha dejado dos hijas, de 15 y 13 años, y Rocío a una pequeña de cuatro años.

Al presentar las observaciones preliminares sobre desapariciones forzadas en México, Ariel Dulitzky advirtió que, si bien aún no se ha analizado toda la información proporcionada por las diversas organizaciones e instancias, se ha podido identificar ciertos patrones, de acuerdo a la región en el país. “Hemos visto el fenómeno de la presencia militar mucho más fuerte en Chihuahua, en Guerrero, en Coahuila. El fenómeno de la guerra sucia y sus temas están mucho más presentes en Guerrero. El tema del secuestro de migrantes se ve más en los estados donde hay tránsito de ellos”. Eventualmente, el caso de los tres desaparecidos podría convertirse en una nueva sentencia de la Corte Interamericana contra el Estado mexicano por desaparición forzada, junto al de Rosendo Radilla Pacheco, quien fue detenido ilegalmente el 25 de agosto de 1974, en un retén militar y fue visto por última vez en el ex Cuartel Militar de Atoyac de Álvarez, Guerrero.




GUERRA SUCIA Y GUERRA CONTRA EL NARCO

¿Cómo influye el tema de la guerra sucia en las desapariciones actuales, si bien se trata de un contexto diferente? Para Nik Steinberg, de Human Rights Watch en México, una razón importante por la cual siguen ocurriendo las desapariciones forzadas “es que ni las de la guerra sucia, ni las actuales, han sido debidamente investigadas. Si quienes cometieron crímenes atroces hace décadas no han sido sancionados por sus actos, quienes están en posición de cometerlos en la actualidad tienen pocos incentivos para dejar de cometerlos”. En la gran mayoría de estos casos, “las autoridades no cumplen con los pasos básicos para llevar al cabo una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial. Como resultado, son los familiares de las víctimas quienes realizan la investigación: son ellos quienes hablan con los testigos, juntan evidencias, y buscan a sus familiares”.

Otra similitud entre la guerra sucia y el momento actual es que siguen siendo los militares quienes investigan los hechos en los que sus miembros están involucrados. “Funcionan como juez y parte”, a pesar de que la Corte Interamericana ha dictado varias sentencias para advertir que estos casos deben ser investigados y juzgados en el fuero penal ordinario. Sin embargo, advierte Steinberg, existe una diferencia importante. “Es el impacto que podría tener en los casos actuales el que las autoridades decidan de una vez por todas asumir su responsabilidad de llevar a cabo una investigación adecuada. Si bien la lucha por la justicia emprendida por los familiares de las víctimas de la guerra sucia continuará, en la medida que pasan los años se hace más y más difícil encontrar a sus seres queridos con vida. Por el contrario, una investigación seria y oportuna de los casos actuales podría ser crucial para dar con el paradero de quienes han sido desaparecidos recientemente”.

Este es el caso de Jehú Abraham Sepúlveda Garza, al cual Human Rights Watch da seguimiento. El 12 de noviembre de 2010, alrededor de las seis 15 de la tarde, Jehú habría detenido su camioneta afuera de una tienda en el minicipio de San Pedro Garza García, en Monterrey, Nuevo León, cuando fue interceptado por miembros de la policía de tránsito. Según un registro proporcionado por la policía municipal, como no llevaba consigo su licencia de conducir, fue detenido y trasladado a la estación de policía. Posteriormente, miembros de la policía ministerial de Monterrey se llevaron a Sepúlveda Garza sin mediar orden de aprehensión.

La esposa de Jehú relató a Human Rights Watch que llamó al teléfono celular de su marido a las siete 30 de esa tarde. La víctima respondió el llamado y dijo que no se le había permitido efectuar llamadas y que estaba siendo trasladado por la policía ministerial hasta su delegación, pero que, según le habían informado, sería liberado a la brevedad. Una hora después su esposa llamó nuevamente, pero el teléfono había sido apagado. Hasta la fecha, Jehú continúa desaparecido.