Falsificaba documentos para prostitución en penales. Ahora "sólo saca fotocopias"

Sólo hay dos presuntos culpables detectados en la red de trata y prostitución en penales femeninos: Diana y Omar.

Desde diciembre de 2009 se supo de su probable responsabilidad. Pero Diana siguió trabajando en el juzgado en el que presuntamente falsificó documentos con el fin de prostitución por ocho meses más, hasta agosto de 2010, cuando los medios hicieron público su caso.

Omar fue indiciado por lo menos desde septiembre de 2009, y presentó su renuncia en ese mes. A pesar de la gravedad del caso, su jefa la aceptó sin preguntar su paradero, y él se fue a trabajar a otro juzgado.

Diana Trujillo

El 12 de diciembre de 2009, la policía cibernética encontró actas falsificadas para citar a internas en una computadora de la servidora pública Diana Trujillo Neri. Estas falsificaciones presuntamente servirían para propiciar la salida de mujeres de los penales femeninos, rumbo a los túneles de los juzgados localizados en el reclusorio norte, para practicar la prostitución.

Sin embargo, Diana Neri Trujillo siguió trabajando en el juzgado hasta el 17 agosto de 2010, hasta que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) realizó una visita de inspección en el Juzgado Cuadragésimo Tercero Penal.

A pesar de haber contado con la información desde el 12 de diciembre (en el juzgado, de hecho, se percataron desde el 3 de diciembre), y haber un acta administrativa en contra de Trujillo Neri por lo menos desde el 6 de enero de 2010, no fue sino hasta el 28 de junio de 2010 cuando el Consejo de la Judicatura resolvió iniciar de oficio el procedimiento disciplinario administrativo a la servidora pública

El 31 de agosto que se ventiló en los medios de comunicación su presunta participación en la red de prostitución y posible trata. Hasta entonces la funcionaria fue separada de su cargo.

La recomendación continúa: personal de la CDHDF se presentó el 17 de agosto de 2010 en el Juzgado Cuadragésimo Tercero Penal, con la finalidad de entrevistar a la titular, Diana Ivonne Carmona Rosete, quien informó que funge como titular de ese juzgado desde el mes de febrero del 2010, y por tanto, no estaba en funciones cuando se descubrió la situación.

Sin embargo, Carmona Rosete dijo tener pleno conocimiento de que el Ministerio Público investigaba a Diana Trujillo Neri. “Señaló que Diana Trujillo Neri continúa trabajando en ese juzgado, pero considerando los hechos en los que está involucrada, la cambió de funciones, es decir, ya no tiene acceso a ningún expediente y sólo se limita a sacar fotocopias”.

Presunción de inocencia al infinito

La recomendación estableció que “si bien la actuación de la jueza se apegó estrictamente a sus deberes e hizo del conocimiento de la Secretaría Técnica de la Comisión de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal copia del acta administrativa iniciada contra Diana Trujillo Neri por falsificación de documentos, al menos desde el 6 de enero de 2010, no fue sino hasta el 28 de junio de 2010 cuando el Consejo de la Judicatura resolvió iniciar de oficio el procedimiento disciplinario administrativo a la servidora pública. Esta dilación, a cargo del Consejo de Judicatura local, retrasó más de cinco meses su determinación”.


Joaquín Cedillo
El otro indiciado directo es Joaquín Omar Cedillo Luna, quien laboraba en el Juzgado Quincuagésimo Sexto Penal ante el Ministerio Público. Al ser descubierto, alegó que lo único que hizo “fue hacerle un favor a los ‘estafetas’, quienes argumentaban que no les permitían ver a sus novias, parejas o familiares y que los pedimentos falsos les facilitarían el acceso a ellas”.


“Por otro lado, en lo que se refiere al caso de la titular del Juzgado Quincuagésimo Sexto Penal, quien no obstante haber obtenido del señor Joaquín Omar Cedillo Luna una declaración explícita de que falsificó pedimentos, aceptó la renuncia que éste le presentó apenas cinco días después de haber sido confrontando con el hecho.

Cuatro días después de que Cedillo aceptó el hecho, “la CDHDF solicitó a la directora de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal información respecto a los hechos del caso”. La autoridad “se limitó a señalar que el señor Cedillo había renunciado y que ya no trabajaba ahí”.

“Sin embargo, según consta en el acta circunstanciada recabada por personal de esta Comisión el día 20 de agosto de 2010, el señor Cedillo fue contratado en el Juzgado Cuadragésimo Noveno Penal, donde actualmente presta sus servicios como administrativo especializado desde el 4 de enero de 2010”.

La recomendación advierte: “Más allá de que, dada la relevancia del caso en el que el señor Cedillo estaba involucrado, era de esperarse que las autoridades judiciales supieran de su paradero, es comprensible que su recontratación en un juzgado distinto haya pasado desapercibida. Lo grave en todo caso radica en que no hay evidencia alguna de que la jueza o alguna otra u otro servidor público del juzgado hayan denunciado al señor Cedillo ante el Ministerio Público o solicitado la apertura de un procedimiento administrativo en su contra ante el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal”.


Por todo lo anterior, la CDHDF recomendó al presidente del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) que “instruya por escrito a todos los juzgados penales, principalmente aquellos ubicados en los edificios anexos a Reclusorios Preventivos Varoniles del Distrito Federal, para que lleven un estricto control de los pedimentos judiciales”.



También solicitó una investigación respecto a los dos indiciados.

El TSJDF se puso sus moños y rechazó en principio la recomendación, por un formalismo. Este martes 5 de octubre, la CDHDF por fin recibió el oficio STP/SP/124/2010 de fecha 4 de octubre de 2010, signado por el Magistrado Edgar Elías Azar, en el cual el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) se da por notificado de la Recomendación 04/2010, en su calidad de Presidente del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal.

En los próximos días el tribunal deberá dar a conocer si acepta o no la recomendación.


En la recomendación se estipulan 13 puntos, siete para la Secretaría General de Gobierno del Distrito Federal, tres para la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y tres más para el TSJDF.
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Ver también: Sexo en el túnel por un champú

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Un dato sobre el tema de trata y prostitución en los penales, contenido en la recomendación de la CDHDF: “De la información recabada se obtuvo que treinta y ocho mujeres de una población de ciento cinco, se embarazaron cuando ya estaban en reclusión en el CEFERESO; de las treinta y ocho mujeres, nueve no tenían autorizada visita íntima ni familiar interreclusorios”.