jueves, 29 de marzo de 2012
Palomas. la maternidad compartida
La desgracia de llamarse Aldo (o los nuevos presuntos culpables)
*Columna "Rendija", publicada el 28 de marzo de 2012 en El Universal Gráfico.
Es imposible olvidar a Mariel Solís cuando fue exhibida por
la procuraduría capitalina como
integrante de una banda de asaltantes. Enfundada en uno de esos chalecos
fosforescentes y el rostro angustiado, como sin poder creer lo que estaba
pasando.
Pero su caso, hasta cierto punto, tuvo un desenlace positivo:
se comprobó su inocencia; y el error de
la procuraduría fue denunciado hasta
el cansancio por los medios.
Mariel debe esto a su familia, a sus compañeros y amigos que
no se quedaron con los brazos cruzados. ¿Pero que hubiera sido de Mariel si, en
vez de ser una estudiante universitaria, fuera una trabajadora doméstica o desempleada? Probablemente su foto en la
procuraduría seguiría dando vueltas en internet, sin ningún tipo de aclaración.
No podría conseguir un empleo y sería estigmatizada de por vida, incluso
después de haber sido absuelta.
Esto es lo que pasa con la mayoría de los casos. Y el asunto
es mil veces peor, si el individuo ha sido acusado por delitos sexuales o
secuestro. Su vida jamás será la misma, aunque sea inocente.
Aldo Christopher Granada González tuvo la mala suerte de que
la policía andaba buscando a Christopher Aldo González Rivera, por el delito de
homicidio calificado y secuestro.
Como sus nombres se parecían, Aldo Christopher fue detenido
y exhibido en noviembre de 2009. Estuvo preso hasta julio de 2010 --incluso después de que el verdadero asesino
fuera encarcelado-- y su foto quedó de
recuerdo en la sección de “los más buscados” de la procuraduría capitalina,
meses después de haber recuperado la libertad.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
presentó la recomendación 03/2012 contra la práctica de exhibir públicamente a
las personas privadas de la libertad, sobre todo al inicio de la investigación.
Pero la solución de fondo también pasa por un elemento clave: la policía debe
investigar verdaderamente y dejar de actuar de forma precipitada y ansiosa.
¿Cómo es posible que una persona ingrese a la maquinaria de las cárceles y los
juzgados porque comparte dos nombres y un apellido con otra persona, y a pesar
de que los testigos dijeron que no se parecía al verdadero responsable? ¿Cómo
confiar en una procuraduría que comete errores tan… francamente de primaria?
·
@lydicar
La SEP, a juicio
* Columna "Rendija", publicada el 14 de marzo de 2012 en El Universal Gráfico.
Un terrible caso de abuso sexual contra 35 niños en edad
preescolar podría costarle a la SEP varios millones de pesos. Y además podría
establecer un precedente inédito para que los niños sean escuchados, de verdad,
en los tribunales mexicanos.
El 15 de junio de 2011, Saúl Blancas, intendente del jardín
de niños “Andrés Oscoy Rodríguez”, en Iztapalapa, fue detenido. Dos niñas de
seis años lo habían acusado de haber abusado de ellas. Conforme se ampliaron
las investigaciones, las autoridades concluyeron que tres personas más estaban
implicadas. Entre ellas, la directora del jardín de niños (quien por cierto,
recibió una “jubilación exprés” por parte de la SEP cuando se destapó el
escándalo). También se advirtió que al menos 35 niños habían sido violados. Las
familias de 13 pequeños decidieron llevar el proceso hasta sus últimas
consecuencias.
En los tribunales de nuestro país, los menores no suelen ser
escuchados. Por lo general, son obligados a prestar sus declaraciones sin
ningún tipo de protección para su edad. No es raro que niños pequeños deban carearse
con el procesado; no importa si son víctimas de violación o testigos de delitos
graves, como un homicidio. Pero el caso del kínder de Iztapalapa podría ayudar
a revertir esta situación.
La organización civil Oficina de Defensoría de los Derechos
de la Infancia (ODI) está ayudando a las familias de los niños afectados. Se interpuso
un amparo que logró que testimonios fueran tomados de acuerdo a estándares
internacionales. Estándares, por cierto, que no están contemplados en las leyes
mexicanas.
Poco tiempo después, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación emitió un protocolo para que se proteja a los niños.
Hace un par de semanas la propia Secretaría de Educación Pública
tuvo que comparecer por lo que pasó en el kínder. Los defensores de los niños
han exigido que se enjuicie al Estado mexicano, y en particular a la SEP, porque
los cuatro acusados eran servidores públicos en ejercicio de sus funciones al
momento en que abusaron sexualmente de los niños. Además, los abusos se
efectuaron en un plantel público.
Si la SEP es hallada responsable, también se trataría de
algo inédito. Lo más importante es que nos daría herramientas a los ciudadanos
para exigir un mayor control sobre quién cuida a nuestros niños. Y de caer en
negligencia, podremos tener más certeza de que las autoridades no se vayan
impunes.
El otro affaire Cassez
*Columna "Rendija" publicada el 21 de marzo de 2012 en El Universal Gráfico.
“En ese tiempo que sostuve
una relación con Israel Vallarta todas mis amistades se alejaron de mí; me
decían que Israel no me convenía. Supongo que porque es una persona violenta y
prepotente”.
Esto lo aseguró Florence
Cassez en su primera declaración ministerial, fechada y firmada el 9 de
diciembre de 2005.
No existe certeza sobre el affaire Cassez por lo que todos sabemos:
el montaje televisivo en el rancho Las Chinitas (la detención se había efectuado
el día anterior, el 8 de diciembre, en el Km 28 de la carretera libre México
Cuernavaca). La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá si la
ciudadana francesa debe ser liberada debido a estas irregularidades.
Sin entrar en la materia, desde
esta Rendija nos limitamos a fisgonear
la relación de Florence e Israel.
Ese 9 de diciembre, Cassez
contó la historia de su vida: peleas, trabajos esporádicos; su relación con Vallarta,
desde octubre de 2004 hasta julio de 2005, cuando volvió a Francia. Su regreso
a México en septiembre, al rancho de Israel, pero sin ser pareja.
En diciembre, dijo, notó cosas
raras. Una noche, al pasar por el cuartito de la entrada (donde después
hallarían a tres secuestrados), Vallarta la jaló del brazo, la apresuró, como
si no quisiera que ella notara algo. Y así contó varias historias: un día
compraron 50 huevos y por la tarde faltaban un tercio…aun así tuvieron el mismo
abogado los primeros meses.
Vallarta firmó su primera
declaración, bajo tortura, el mismo 9 de diciembre: “Hasta la parte de atrás
del rancho donde vivo, tengo una cabañita en la cual desde hace tres meses se
fue a vivir mi novia de nombre Florence… ella no estaba enterada de las
personas que tengo secuestradas dentro de mi casa.”
En febrero, Cassez cambió su
historia: se había mudado a la colonia Roma desde el 7 de diciembre. El 8, tomó
un taxi para recoger el resto de sus muebles. El taxi se descompuso. Llamó a
Israel para que pasara por ella en una taquería…
El 9 de marzo de 2006, Vallarta
acopló su versión a la de Cassez: Recogió a Florence a las 10:30, a altura del
kilómetro 28. Los detuvieron. Los separaron. “Si tú confiesas, tu novia se va”,
le dijeron. Habló con Cassez por teléfono: Hice un trato. Vete a tu país. Quise
hacerte feliz. No pude”.
No hay certeza jurídica. Pero
sí la hay de que Israel amó a Florence. Ella a él, no tanto.
miércoles, 21 de marzo de 2012
SESIÓN PÚBLICA DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE A ESTE MIÉRCOLES 21 DE MARZO DE 2012
Servicio a la comunidad: publicación íntegra (y sin revisión) sobre la versión estenográfica de la discusión sobre el caso de Florence Cassez.
SESIÓN PÚBLICA DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE A ESTE MIÉRCOLES 21 DE MARZO DE 2012.[1]
(SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS 12:15 HORAS)
SEÑOR
MINISTRO PRESIDENTE: Se abre la sesión correspondiente a la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Señora y Señores Ministros oportunamente se repartió el acta de la sesión
anterior. En votación económica si no
hay observaciones se pregunta si se aprueba.
(VOTACIÓN
FAVORABLE).
APROBADA
POR UNANIMIDAD DE VOTOS.
En primer término se dará cuenta con los asuntos de mi ponencia. Adelante secretario.
SECRETARIO
DE ESTUDIO Y CUENTA, LICENCIADO JAVIER MIJANGOS Y GONZÁLEZ: Sí
señor Ministro Presidente.
Se altera el orden de la lista para dar cuenta en primer término con el
asunto identificado con el número seis.
AMPARO
DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.
QUEJOSA:
FLORENCE MARIE LOUISE CASSEZ CREPIN.
El proyecto propone:
PRIMERO. SE
REVOCA LA SENTENCIA RECURRIDA.
SEGUNDO. LA
JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A FLORENCE MARIE LOUISE CASSEZ CREPIN EN
CONTRA DE LA AUTORIDAD Y EL ACTO PRECISADOS EN LOS ANTECEDENTES DE ESTA
SENTENCIA.
TERCERO. A
TRAVÉS DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN MÁS EFICAZ COMUNÍQUESELE A LA AUTORIDAD
PENITENCIARIA EL SENTIDO DE ESTE FALLO Y ORDÉNESE LA LIBERTAD ABSOLUTA E
INMEDIATA DE FLORENCE MARIE LOUISE CASSEZ CREPIN.
CUARTO. EN
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA CONVENCIÓN DE VIENA DE RELACIONES
CONSULARES, COMUNÍQUESE AL CONSULADO DE LA REPÚBLICA FRANCESA EN LA CIUDAD DE
MÉXICO EL SENTIDO DE ESTE FALLO.
NOTIFÍQUESE;
“…”
SEÑOR
MINISTRO PRESIDENTE: Está a su consideración. Señor Ministro Cossío.
SEÑOR
MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Gracias señor Presidente.
Voy a leer un documento que hemos preparado en la ponencia para tomar
posición respecto del proyecto que usted nos ha presentado, es un documento un
poco largo por la cantidad de incidencias y de cuestiones que tiene el proceso
desde luego y el proyecto mismo; en consecuencia, y en contra de mi…
SEÑOR
MINISTRO PRESIDENTE: Me permite un segundo señor Ministro, parece
que no se está escuchando, como que no está bien el audio, quiere verificarlo
por favor. Adelante.
SEÑOR
MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Muchas gracias. decía en contra de mi
costumbre, trata de leer para no cansar
a los señores Ministros, en esta ocasión lo haré, tomaré algunos minutos, pido
de antemano una disculpa.
En primer lugar quiero tratar el tema de procedencia, a mí me parece que
el proyecto pudo haber ampliado un poco más el tema de la procedencia misma,
dando o no dando por hecho que existe una interpretación por parte del
Colegiado sin dejar en claro si la misma tiene correspondencia en los conceptos
de violación y en los agravios del quejoso, debo señalar que de los cinco
argumentos referidos en la página noventa del proyecto, los identificados como
principio de buena fe ministerial, la interpretación de sin demora, la
asistencia consular, lo que la quejosa denomina acceso a la justicia y equidad
procesal y la presunción de inocencia, considero que sólo los puntos
mencionados en segundo y tercer lugar, relativos a la interpretación de “sin
demora y asistencia consular” son cuestiones relacionadas efectivamente con la
interpretación directa de la Constitución.
Me parece que el resto no hace referencia estricta a temas de
constitucionalidad pues todos ellos están vinculados con el comportamiento de
las autoridades ministeriales a la hora de la detención de la quejosa, así como
de diversas cuestiones relativas a la forma en que se llevaron a cabo
diferentes etapas del proceso, temas estos que a mi juicio son de estricta
legalidad; además, debo señalar que no se encuentra solicitud o planteamiento
en los conceptos de violación de la demanda de amparo, como la propia parte
quejosa lo reconoce en el escrito de revisión. En primer término, el argumento del Tribunal
Colegiado en relación con la expresión “sin demora” es el siguiente: Por lo que
es obvio, cito: “Que el hecho de que no hubiera sido puesta a disposición de
autoridad competente sin demora, obedeció a causa de fuerza mayor, como lo era
el preservar la vida y la integridad física de las víctimas y una vez recatadas
recibir atención médica y sicológica de urgencia. De lo anterior se sigue que si bien es cierto
que se aprecia un lapso considerable de tiempo desde la detención de que
quejosa hasta su puesta disposición del Ministerio Público de la Federación, no
puede considerarse que ese período resulte violatorio del artículo 16
constitucional, pues es evidente que al no haber una forma lógica de medir en
horas o minutos los términos inmediatamente o sin demora, o sin delación, la
valoración correspondiente tiene que apreciar en conciencia las circunstancias
particulares del caso, particularmente en la especie la necesidad de velar por
la integridad física de los ofendidos y brindarles el auxilio que para ellos
garantiza el artículo 20 constitucional en los términos citados”. Fin de la cita.
Cuanto el Tribunal Colegiado determina qué y vuelvo a citar: “Es evidente
que al no haber una forma lógica de medir en horas o minutos los términos
“inmediatamente” o “sin demora” “sin dilación”, la valoración correspondiente
tiene que apreciar en conciencia las circunstancias particulares del caso” fin
de la cita, está llevando a cabo un ejercicio de interpretación directo del
artículo16 constitucional.
Como ustedes saben dice el artículo 16: “poniendo sin demora a
disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud a la del
Ministerio Público” etcétera.
Desde mi punto de vista ya que el tribunal colegiado descartó una posible
interpretación de los términos inmediatamente o sin demora o sin dilación al
sostener que no se podía determinar el significado de esas expresiones en horas
ni en minutos decidió cómo debían entenderse dichos términos, pues indicó que
de la forma en la que lo refería la quejosa no podía entenderse la norma
constitucional; así mismo, en lo que se refiere a la asistencia consular, el
tribunal colegiado en página diversa dijo –y cito otra vez–: “Si bien existe la
disposición expresa en el código adjetivo que obliga al Ministerio Público a
comunicar la detención de un extranjero a la representación diplomática de un
país, el mencionado ordenamiento procesal no obliga al Ministerio Público de la
Federación a esperar hasta que el extranjero se encuentre asesorado por la
embajada o el consulado de su país para recibir su declaración ministerial, en
tanto que el artículo 36 de la Convención citada tampoco dispone que las
actuaciones de la autoridad investigadora deban retrasarse por la falta de la
comunicación a la representación diplomática, además que ello podría llevar a
otras violaciones a derechos fundamentales” –fin de la cita–. Considero que en
ambas interpretaciones una de constitucionalidad y otra de convencionalidad,
dentro de la regularidad constitucional, se fija el alcance de la disposiciones
a las que se refiere el tribunal colegiado de ahí que estime que el recurso es
procedente aun cuando creo que de manera más acotada a como está señalada en el
proyecto.
La segunda cuestión que me parece muy importante mencionar es que estamos
frente a un amparo directo en revisión, esto desde luego lo dice el proyecto,
sobre esto no voy a abundar mas cuestión, pero sí simplemente decir que no es
un amparo en revisión. Como todos nosotros sabemos en términos de la fracción
IX del artículo 107 constitucional, el asunto a tratar en los amparos directos
en revisión, son temas estrictos de constitucionalidad.
Cuando se reformó la Constitución recientemente con este cambio al
artículo 103 y al 107 en el mes de junio del año pasado, si leemos la
exposición de motivos no se hizo ahí ninguna modificación, ninguna afectación a
estos elementos salvo la competencia de los tribunales colegiados de forma tal
que siguen privando las reglas, muy importantes, de lo que podemos y no podemos
hacer en un amparo directo en revisión y lo que podemos o no podemos hacer en
un amparo en revisión o lo que podemos o no podemos hacer en un amparo directo
que hubiéremos atraído para efectos del análisis de los casos.
Esto como estos ustedes lo saben señores Ministros es de una enorme
importancia en el caso, porque esto determina cuál es el alcance de nuestras
competencias. No nos estamos sustituyendo aquí a los tribunales colegiados de
circuito como sí lo hubiéramos hecho en caso de que se hubiere solicitado una
facultad de atracción de un amparo directo sino que frente a la resolución
dictada por el tribunal colegiado en amparo directo se solicita la revisión, y
eso evidentemente limita de una forma importante lo que podemos y no podemos
hacer en este tipo de asuntos.
Una tercera cuestión que quiero mencionar, y es una petición en su
momento para que se eliminara del proyecto, es que en la página veintisiete y
veintiocho del proyecto hay una narración de hechos que el propio proyecto en
la nota a pie de página ocho que está en la pagina veintisiete identifica –y
abro unas comillas- “antecedentes reconocidos por la propia quejosa” se hace
una narración de hechos que es una narración de hechos –insisto– a partir de lo
que la propia quejosa reconoce, no es
una narración de hechos que se esté construyendo de una forma contradictoria
entre lo que el Ministerio Público sostiene y al propia quejosa sostiene.
Si la entendemos a la luz expresa de la nota que está en la página
veintisiete, es evidente que es un señalamiento exclusivamente de la parte
quejosa, pero si no se entiende así, si no se le da este parecería que el el
proyecto está aceptando que los hechos narrados por la quejosa son los hechos
verdaderos, son los hechos adecuados, son los hechos indubitables que se dieron
en la resolución o mejor dicho en las situaciones reales, que después son
tomados en la resolución, y esto sí me parece que compromete o podría llegar a
comprometer un entendimiento de la propia resolución, por qué, insisto, porque
se dice pasó esto, esto y esto, y en la nota -eso sí-, muy correctamente dice,
sólo lo que dice la quejosa, no encuentro realmente una razón para que
estuvieran en esa parte del proyecto, porque son hechos debatidos y
precisamente por ser hechos debatidos son los que tendrían que analizarse con
posterioridad.
Dejando de lado estas cuestiones, es decir, estoy a favor de la
procedencia del juicio, dos, entiendo que es un amparo directo en revisión y
que nuestras funciones como órgano jurisdiccional son limitadas, no podemos
hacer aquí todo lo que pudiéramos haber hecho en caso de haber atraído el
amparo directo o tuviéramos a la luz un amparo en revisión, y además, señalando
que estos hechos narrados en esta primera parte pueden tener un efecto
perturbador del resto de la sentencia, me quiero referir al fondo del asunto.
En cuanto al fondo del asunto estoy de acuerdo con la concesión del
amparo, pero no para la inmediata y absoluta libertad de la quejosa, ya que
considero que el amparo debe concederse por razones y para efectos distintos a
los que se nos están proponiendo.
El primer problema que quiero tratar es que se denomine en el proyecto
“efecto corruptor” y “puesta a disposición sin demora”.
Mi primer desacuerdo con el proyecto, es en la utilización del término
“efecto corruptor” que está definido en la página ciento treinta y cinco del
mismo, que le atribuye a la escenificación ajena a la realidad, un carácter
destructor de la totalidad del material probatorio sin distinguir entre lo que
fue producido u obtenido a través de las actuaciones que se dieron el periodo
de tiempo en que se violentó la entrega “sin demora”, que justifica la
procedencia del presente recurso.
En efecto, y como ya lo mencioné con anterioridad, la procedencia del
recurso debe circunscribirse al alcance que se fijó sobre lo que debe
entenderse por “sin demora”, en la
entrega de los detenidos, y no, si la supuesta escenificación causa un efecto
psicológico en los sujetos que provoca la falta de fiabilidad en el material
probatorio, independiente de la fuente de derecho comparado elegida para la
importación del concepto, considero que para demostrar tal efecto corruptor se
pudo haber solicitado pruebas pertinentes conforme al artículo 79 del Código
Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, como todos sabemos,
a la Ley de Amparo, para determinar si realmente una trasmisión en los medios
de comunicación, del tipo descrito por el proyecto, induce, tanto a las
víctimas, como a los testigos, así como a los jueces y las autoridades
participantes, al grado de invalidar la totalidad de las actuaciones
realizadas, las declaraciones rendidas, etcétera.
Asimismo, debía tomarse en cuenta, e incluido en estas pruebas, el grado
de fiabilidad de un testimonio cuando existe una situación de alto estrés o
estrés post-traumático para así analizar el argumento del Tribunal Colegiado al
efecto y calificar su pertinencia.
Nada de esto se hizo y consecuentemente aquí tengo un elemento también de
disenso.
Dejando de lado todo lo anterior, esta Primera Sala ya se ha pronunciado
respecto al alcance del término “sin demora”, referido a esta norma
constitucional que nos está dando la condición de procedencia, en el amparo
directo en revisión 2470/2011, se resolvió, que de acuerdo a la Constitución el
régimen general de la protección contra detenciones exigen que la persona
detenida sea presentada ante el Ministerio Público, lo antes posible; es decir,
la persona debe ser puesta a disposición de la autoridad ministerial sin
dilaciones injustificadas; por esta razón no es correcta la interpretación que
realizó el Tribunal Colegiado respecto al entendimiento de la obligación
constitucional de poner a disposición al detenido “sin demora” ante el
Ministerio Público, afirma que si bien la quejosa no fue puesta a disposición
de la autoridad competente inmediatamente, el reclama al respecto resultaba
inoperante, porque la demora obedeció a causa de fuerza mayor como preservar la
vida e integridad física de las víctimas y proporcionarles atención médica y
psicológica urgente después de haber sido rescatados. De esta manera, concluye,
que a pesar de existir un lapso considerable de tiempo desde la detención de la
quejosa hasta su puesta a disposición ante el Ministerio Público, no existía
violación al artículo 16 constitucional porque al no existir una forma lógica
de medir en horas y minutos los términos inmediatamente o sin dilación en la
valoración correspondiente, tiene que apreciarse en conciencia las
circunstancias particulares del caso.
En el precedente citado, esta Primera Sala precisó que si bien no es
posible ni sería adecuado fijar una regla de temporalidad que definiera el
concepto “sin demora”, aplicable a la presentación del detenido ante el
Ministerio Público, no se sigue que no sea posible adoptar un estándar que
posibilite al juez calificar cada caso concreto de un modo sensible a dos
necesidades: La de no dilatar injustificadamente la puesta a disposición de la
persona detenida, porque esto da lugar a la restricción de la libertad personal
sin control y vigilancia del Estado y las peculiaridades de cada caso en
concreto, como la distancia que existe entre el lugar de detención y la agencia
del Ministerio Público. La Sala concluyó en ese precedente, que tal circunstancia
se actualiza siempre que no existan motivos razonables que imposibiliten la
puesta a disposición inmediata, la persona continúa a disposición de sus
aprehensores y no sea entregada a la autoridad que sea competente para definir
su situación jurídica, y los motivos razonables únicamente pueden tener origen
en impedimentos fácticos, reales y comprobables.
Lo anterior, implica que debe presentarse al detenido ante el Ministerio
Público en cuanto sea posible, a menos que exista un impedimento razonable que
no resulte contrario al margen de facultades constitucionales y legales a cargo
de la policía, la cual no debe retener a una persona por más tiempo al
estrictamente necesario para trasladarla al Ministerio Público a fin de ponerlo
a disposición, donde deben desarrollarse las diligencias de investigación
pertinentes e inmediatas que permitan definir su situación jurídica, de la
cual, evidentemente depende su restricción temporal a la libertad.
En el caso, me parece que el efecto real de la demora en la entrega de la
quejosa al Ministerio Público provoca que aquellos elementos que puedan
utilizarse como prueba, generados como resultado de esa demora, o los elementos
derivados de éstos, no sean tomados en cuenta por el juzgador, pero no que lo
ocurrido en esta demora se convierta a su vez en la causa de un vicio por
inducción de la totalidad del juicio y proceso en todas sus instancias, lo cual
–insisto– no está demostrada en la consulta. Dicho de otro modo, la violación
procesal en el caso, fue la demora en el puesta a disposición de la detenida al
Ministerio Público sin razones que lo justifiquen, lo que en mi opinión, de
ninguna manera genera la invalidez de todo lo actuado sino en todo caso lo del
período del tiempo no justifica. Es verdad entonces que la transmisión por
parte de los medios, posterior al rescate de las víctimas resulta de una demora
injustificada en la puesta a disposición de la quejosa, ya que si bien dicha
demora puede considerarse justificada para llevar a cabo el rescate, no ocurre
lo mismo tratándose de la transmisión en los medios de una supuesta detención,
esto es, desde la interpretación de la Constitución en relación con este caso
concreto, no puedo admitir que exista un efecto generalizado y absoluto de
nulidad –como lo pretende la propuesta– por lo que tenemos que establecer los
lineamientos precisos para que la autoridad responsable, sin tomar en cuenta
los elementos específicamente viciados por la violación procesal, realice una
nueva valoración del material probatorio restante, lo cual es atinente también
con el tipo de procedimiento que tenemos en este momento frente a nosotros.
Siendo esto así, me parece que no debe ser tomado en cuenta por la
autoridad responsable en la nueva resolución que a mi juicio debe dictar,
porque deriva de la demora injustificada en la puesta a disposición al
Ministerio Público por la transmisión en los medios de una supuesta detención,
la identificación que las víctimas –no voy a dar el nombre para tratar de
mantener una cordura como lo que hemos decidido en otras Salas– hacen de la
quejosa en las ampliaciones de sus declaraciones iniciales, ya que expresamente
afirma: “Que reconocieron a la quejosa como consecuencia de verla en los
noticieros de la televisión”, es importante aclarar, que no considero que
cualquier identificación derivada de una transmisión por medios de comunicación
sea inválida, por el sólo hecho de provenir de dicha transmisión, sino que esta
transmisión –como en el caso sucedió– al provenir de una violación
constitucional grave como es la demora injustificada en la puesta a disposición
al Ministerio Público, genera la invalidez del reconocimiento que las propias
víctimas dicen que procede del material irregularmente obtenido.
Por todo lo anterior, lo que considero que no debe tomar en cuenta la
autoridad responsable al dictar su sentencia son los siguientes elementos que
adicionan a sus declaraciones en ampliación de declaración de Cristina Ríos
Valladares del quince de febrero de dos mil seis y cito los elementos en este
caso: Primero. El agregado relativo a que desde la primera casa de seguridad en
donde estuvieron privados de su libertad su hijo y ella, escucharon la voz de
una persona extranjera con acento muy peculiar, por lo que una vez que ha
analizado esa voz con la que ha escuchado en los medios de comunicación de la
persona que se identifica con el nombre de Florence Cassez, sin temor a
equivocarse reconoce que es la misma voz que escuchó en varias ocasiones en las
dos casas de seguridad en que estuvieron en cautiverio, debido a que el sitio
del cuarto donde los secuestradores la pusieron, estaba muy pegado a la puerta
que daba al cuarto en donde siempre se encontraban los sujetos que los cuidaban
y al momento de entrar y abrir la puerta escuchaba la voz de ella claramente,
percibiendo la voz y el tono de una extranjera y misma voz que se oía que
estaba bromeando con los demás cuidadores. Esto sucedió en la primera casa de
seguridad en la que estuvieron privados de su libertad.
Segundo. La manifestación que hizo la señora Cristina de que un
comerciante que vende verduras sobre la banqueta cerca de su domicilio, le
preguntó que si la habían secuestrado y al decirle que sí, le comentó que la
mujer francesa que había salido en televisión en varias ocasiones la había
visto por ahí, sobre todo cuando la de la voz se encontraba de compras por ese
lugar y observaba que esta mujer la seguía y estaba pendiente de donde ella iba y que incluso la mujer se
metía a una farmacia del rumbo y a través de los aparadores la vigilaba.
miércoles, 7 de marzo de 2012
Los otros monstruos
*Columna publicada en el Universal Gráfico el 7 de marzo de 2012
Sobre El Coqueto, no hay duda: es un
monstruo. Un asesino serial nos recuerda que todos somos vulnerables
a un ataque; no importa lo cuidadosos que seamos. Pero estos
monstruos no son los únicos; ni siquiera los más peligrosos.
Un juez federal concedió el amparo a
varias organizaciones de derechos humanos, para que en el Estado de
México se implemente una alerta de género que investigue y prevenga
la violencia contra las mujeres: secuestros, feminicidios y
desapariciones.
Las organizaciones hicieron hincapié
en las desapariciones. En el Edomex, casi la mitad de las mujeres
desparecidas tienen entre 10 y 20 años. Esto sugiere la presencia de
redes criminales dedicadas a levantar jovencitas para explotarlas
sexualmente.
El grueso de los casos está impune. Y
se suma otro factor: la trata de personas no puede investigarse en un
solo estado.
Esmeralda Castillo Rincón fue
secuestrada en mayo de 2009 en Ciudad Juárez, Chihuahua. En octubre
pasado, una persona declaró que había tenido contacto con ella en
un bar. Ésta le dijo que sería trasladada a La Merced (DF), y que
por favor le avisara a sus padres.
La familia pidió a las autoridades de
Chihuahua que rastrearan a la joven. Mas éstas parecen no haber
hecho nada. La familia llegó al DF con sus propios medios a buscar a
su hija.
En noviembre de 2004, Silvia Stephanie
Sánchez-Viesca, entonces de 16 años, fue secuestrada en Torreón,
Coahuila. Sigue desaparecida. Hay dos líneas de investigación: que
vive con un mafioso o que la mataron. En 2009, uno de los
sospechosos, Rodolfo García Vargas, fue asesinado en el Distrito
Federal. Le encontraron fotografías de una mujer descuartizada.
Hasta la fecha estas imágenes no han podido ser inspeccionadas por
las autoridades norteñas.
Los infiernos que viven las mujeres
explotadas por estas redes no le piden nada a El Coqueto en crueldad
y sadismo. Pero existe un factor extra: sus monstruos ganan mucho
dinero. Mientras, sus familias se enfrentan a la misma negligencia y
posible corrupción que vimos en el caso del feminicida serial. Por
ello es urgente exigir que se implemente esta alerta de género.
Amparo, madre de Ceci -una de las víctimas de El Coqueto-, dice algo cierto: somos más los buenos que los malos. Pero habrá que añadir: si los buenos nos quedamos cruzados de brazos, los malos nos van a ganar.
miércoles, 29 de febrero de 2012
El coqueto: La huella del asesino
Para cuando la policía colombiana
descubrió que había decenas de niños asesinados en diversos
departamentos (provincias) de ese país, y que podía deberse a un
homicida serial, Alfredo Garavito Cubillo ya había torturado y
matado a más de un centenar de menores. El peor asesino en serie de
América Latina llevaba siete años activo. Pasarían casi tres años
más para que lo atraparan en 1999.
Las cifras de Garavito no son claras:
unos contabilizan 200 niños asesinados; otros 170; el homicida
reconoció 140.
En 2005, el fiscal colombiano Álvaro
Vivas Botero, dictó en nuestro país su conferencia magistral “El
caso Garavito: homicida serial”, y abordó las coincidencias del
caso con los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.
En ese entonces Vivas Botero enfatizó
que Garavito había podido actuar con impunidad durante muchos años
porque no había comunicación entre las policías de las diferentes
provincias de Colombia.
Si hubiera existido esta colaboración,
incluso se le hubiera podido detener antes de que empezara a matar,
ya que antes había abusado y torturado alrededor de 200 niños.
Vivas Botero cuestionó: ¿Existe en la República Mexicana, una base
de datos con todos los desaparecidos?, ¿existe intercambio de
información entre procuradurías?
En días recientes, la policía
mexiquense aprehendió -para luego dejar escapar- al “Coqueto”,
presunto violador y asesino que operaba en el Estado de México y el
Distrito Federal. Se le vincula con al menos siete feminicidios de
jovencitas.
En la Ciudad de México, cuya mancha
urbana cubre el Distrito Federal y el Estado de México, si bien hay
ejercicios de colaboración entre procuradurías, el caso de “El
Coqueto” vuelve a poner el tema en la balanza.
Se han detectado, por ejemplo, casos en
que violadores detenidos en el Distrito Federal ya tenían
antecedentes en el Estado de México. Pero la procuraduría
capitalina se enteró hasta que había asegurado al sospechoso. Con
un intercambio pleno de información, se evitarían muchos delitos de
alto impacto.
Cabe preguntarse si una colaboración
más profunda entre las procuradurías mexiquense y capitalina
hubiera permitido una detención más rápida de “El Coqueto”.
(Aunque frente al escape del presunto feminicida, quien se fugó
por una ventana incluso estando esposado y vigilado, quizá las
preguntas deban ser otras.)
*Columna publicada el miércoles 29 de febrero de 2012 en El Universal Gráfico.
sábado, 25 de febrero de 2012
jueves, 23 de febrero de 2012
Petardazos: el quid del porrismo
*Columna publicada originalmente en El Gráfico el 22 de febrero de 2012
Lydiette Carrión
Deveras, deveritas, así de cuates,
¿alguien realmente cree que los porros del Bachilleres 3 puedan
hostigar y talonear a su comunidad, sin la complicidad de alguna
autoridad? ¿A poco la Secretaría de Seguridad Pública local es tan
inepta como para permitir el segundo incidente con petardos en un
metro, realizado por el mismo grupo, y en menos de cuatro meses?
Los porros no sólo son una pandilla;
también constituyen un jugoso capital para políticos y autoridades,
que los han aprovechado en campañas, como grupos de choque en
movimientos sociales, etcétera.
El PRI, por ejemplo, en los años
ochenta subsidió a los porros mediante la Comisión Nacional del
Deporte.
A finales de los años noventa, los
porros tuvieron un declive con el cambio de gobierno en el Distrito
Federal... hasta que hallaron su entrada en la flamante
administración de izquierda.
En los años 2004 y 2005, profesores
del CCH Naucalpan documentaron con cámara oculta que los porros de
su plantel eran “compitas” de los policías municipales. Por eso,
éstos sólo los detenían brevemente cuando los estudiantes los
acusaban de las golpizas que les propinaban. Ese mismo año,
estudiantes de las prepas 5 y 6 cerraron sus escuelas para demandar
la expulsión de los porros. Añadieron -pero nadie les quiso
creer-que los porros estaban entregando propaganda de políticos del
PRD.
Pero, por si había dudas, ya en 2006,
chicos con jerseys de las vocacionales y la universidad acamparon en
el plantón de Reforma en apoyo a López Obrador. Los porros siempre
han estado cerca del poder institucional. Eso los distingue de las
pandillas convencionales.
¿Cómo prevenir el porrismo?
Paradójicamente, la solución pasa necesariamente por acabar la
criminalización de la juventud.
En la mayoría de los casos, cuando un
adolescente llega al porrismo, ya ha sido marginado de su comunidad,
de su barrio, del estudio y el trabajo dignos (aunque vaya en una
escuela, intuye que sus expectativas no son las de otros). Ya ha
perdido la capacidad de soñar con su futuro.
Son varias las autoridades que deben
garantizar un futuro a los jóvenes. Pero, cabe preguntarse: ¿Cuántos
de esos políticos que han sido beneficiados por los porros realmente
renunciarán a ese capital político?
martes, 21 de febrero de 2012
Tomás: un final feliz
*Imagen tomada de la página de Facebook de la organización Por Nuestros hermanos sin voz.
** Columna "La Rendija" publicada en el Universal Gráfico el miércoles 15 de febrero de 2012
El señor Tomás es como casi cualquier
otro ser humano: con virtudes y defectos, y lleno de afecto para su
familia. Sin embargo, en su caso, esta familia no es humana; se
compone por perros y gatos que, junto a él, comparten la dura
realidad de vivir en la calle.
Tomás -que también responde al nombre
de Agustín o Pablo- es un hombre mayor en situación de calle. Por
años ha sido conocido entre las organizaciones protectoras de
animales, ya que desde su situación de calle, ha rescatado a decenas
de animales de Tultitlán, Estado de México.
A mediados de enero, sin embargo, el
antirrábico y la policía municipal realizaron un extenso operativo
para llevarse a sus perros. Un policía amagó al señor Tomás con
una pistola. Las autoridades alegaron que había una queja de los
vecinos y que los perros habían atacado a personas. Sin embargo,
nunca se aportaron evidencias o casos.
Los perros iban a ser sacrificados el
31 de enero. Pero la asociación Nuestros Hermanos sin Voz coordinó
una movilización en la que participaron otras organizaciones. Al
final, entre todos lograron negociar con las autoridades municipales,
y acordaron que los perros serían trasladados a un albergue en el
estado de Hidalgo. Al señor Tomás se le permitiría conservar
cuatro de ellos en el terreno donde vive.
Durante el tiempo en que Tomás estuvo
separado de sus perros, su salud se deterioró bastante. Ahora, los
esfuerzos se concentran para que la recupere. La solidaridad que le
ha demostrado es el mejor regalo del Día de la Amistad que pudo
haber tenido.
Esta historia, hasta ahora, ha tenido
un final feliz. Sin embargo, cuando se trata de mascotas, casi nunca
lo es. Según protectoras de animales, siete de cada 10 perros
regalados -en fechas como Navidad o San Valentín- terminan en las
calles. Ni hablar de la suerte de los gatos.
Veterinarios han detectado que la
Marquesa es lugar favorito de familias para abandonar a aquellos
cachorros que les regalaron en Navidad. Para Semana Santa, los
perritos que fueron regalados el 25 de diciembre están vagando por
la carretera. Muchos mueren atropellados. Y mientras sufren
muchísimo. Además, se genera un problema de salud y seguridad
pública.
La solución jamás será la crueldad
hacia perros y gatos, sino ser responsables. Empezar por no adoptar
una mascota si no se tiene la verdadera intención de que forme parte
de nuestra familia por toda la vida.
jueves, 9 de febrero de 2012
miércoles, 8 de febrero de 2012
Fue en un cine
Columna "Rendija" publicada en El Gráfico el 8 de febrero de 2012.
El viernes 3 de febrero, cuatro
estudiantes de secundaria -dos niños y dos niñas de entre 13 y 14
años- tuvieron el permiso de sus papás para ir, por primera vez,
solos al cine. Era su primer ejercicio de independencia. Nunca
pensaron que terminaría tan mal.
Dejaron las mochilas en casa de uno de
ellos, caminaron al metro y viajaron
una estación. Llegaron al Cinemex Pabellón del Valle,
localizado en un pequeñito centro comercial cuyos principales
atractivos son un Chedraui en la planta baja y, por supuesto, el cine
en el tercer piso. La película: Viaje II La Isla Misteriosa.
Función: 3:40 de la tarde.
Al iniciar la película, una pareja de
novios de entre 20 y 25 años empezó a causar alboroto. Una de las
niñas de secundaria les pidió que se callaran. La mujer la agredió
verbalmente. Se hicieron de palabras.
Pero el novio de la joven tuvo una
respuesta desmesurada y violenta: se levantó de su asiento y golpeó
con el puño cerrado a la niña. Le rompió los lentes, le cerró el
ojo y le causó derrame ocular; además le cortó el párpado y el
pómulo. Lesionó la retina, y actualmente, se corre el riesgo de
desprendimiento.
Los agresores huyeron de la sala, sin
que nadie lo impidiera.
Uno de los chicos, también de 14 años,
los persiguió: gritó que alguien lo detuviera, pero nunca apreció
ningún policía de la plaza. El chico desistió y regresó a ayudar
a su amiga.
Mientras tanto, en la dulcería del
cine, una joven le regaló un poco de hielo a la chica agredida. En
el establecimiento no había botiquín médico; alguien les obsequió
en el Chedraui unas muestras gratuitas de analgésico.
Los chicos hablaron con el gerente del
cine, Víctor Fernández. Éste nunca llamó al personal de seguridad
ni tampoco les proporcionó ayuda médica. Se limitó a darles unos
pases de cortesía, e insistió en que la empresa no se haría
responsable de lo sucedido. Explicó que el cine no cuenta con
personal de seguridad; excepto aquel que contrata la plaza comercial.
Los padres de la menor agredida
solicitaron ver las cintas de seguridad para identificar al hombre
que la golpeó. Pero el gerente Fernández les dijo que para ello
debían contar con una orden judicial. Actualmente los padres de la
niña ya presentaron denuncia ante el MP. Tienen pocas expectativas
de éxito. Por cierto, en la escuela, algunos padres de familia
culparon a la niña, por haber pedido a la pareja que guardara
silencio.
martes, 7 de febrero de 2012
Tarde de lectura entre entrevistas
Me gustan los libros. Me gusta el café. (experimentando con la función de subir posts desde el teléfono) 
Casitas del Sur, a la ONU
*Columna publicada en el Universal Gráfico el 1 de febrero de 2012.
Este mes se cumplieron tres años desde la desaparición de 11 niños de Casitas del Sur, albergue administrado por la Iglesia Cristiana Restaurada.
Ahí, la Procuraduría capitalina (PGJDF) enviaba a pequeños cuyos padres se hallaban en procesos judiciales. Hasta ahora, sólo un niño ha sido recuperado.
Se comprobó que casos similares se habían presentado en Monterrey y Cancún. Se trataba de una red que operaba en varios estados de la República.
En ese entonces, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) advirtió que el problema de fondo es que ninguna institución —ni la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), la PGJDF o cualquier otra— tenía un padrón de niños en albergues y mucho menos supervisaba su bienestar.
Ahora, si bien se han establecido protocolos para resolver este problema en el DF, ni la Sedeso ni la PGJ los han implementado a cabalidad, acusa la CDHDF.
En septiembre de 2009, entrevisté vía telefónica a Mayte Bello Azamar, quien se quedó a cargo de dos sobrinas que vivieron por cinco años en Casitas del Sur. Ella decía: “La más chiquita, de ocho años [en ese entonces], viene traumada… Quisiera que me platicara bien, pero nada. Se agacha y se queda callada”.
La sobrina más grande, de 13 años, le platicaba que si no cantaban “lo de su religión” (de la Iglesia Restaurada) tenían que hacer planas de escritura. “Mi hermana decía que estaban bien. Pero cada fin de año les decían que sus hijas reprobaban”. Después descubrió que sus sobrinas no tenían registros escolares en la SEP.
La asistencia privada fue el negocio redondo de este grupo criminal. Además del tráfico de niños, Reinsac AC (a la cual pertenecía Casitas del Sur) recibía donaciones de empresas como Walmart de México, Muebles Troncoso, Fundación Sólo por Ayudar IAP (constituida en 1985 por Lolita Ayala). No sólo embaucó a la PGJ, sino a varias fundaciones altruistas que actuaron de buena fe. Y por supuesto, los familiares de varios niños debían pagar cuotas.
En 2009, el caso fue presentado por familiares de los niños desaparecidos ante la ONU. En abril de 2011, la CDHDF lo llevó al Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada e Involuntaria de Personas de la ONU. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado mexicano puede ser responsabilizado e incluso juzgado por estos hechos.
Ojalá y antes de que esto suceda, el gobierno de verdad se haga cargo y los encuentre.
lunes, 6 de febrero de 2012
Nuevo León, cuando el desaparecido es un "poli"
Los policías no son inmunes a la desaparición forzada, con casos donde las autoridades encubrieron o participaron en el secuestro de sus compañeros.
Reportaje publicado en Milenio Semanal en diciembre de 2011
El agente Giovany Urbina Aguilera
terminó su turno. Salió del módulo de Licencias, donde laboraba,
en el parque Tucán, en Valle Verde, Monterrey, y se dirigió a donde
había estacionado su auto. Minutos después, como relataría luego a
los familiares, un amigo y compañero de Giovany también salió del
módulo y, ya en la calle, un muchacho que ponía papel polarizado a
los autos le preguntó si había visto “el levantón”. La
camioneta Cherokee blanca modelo 1996 de Giovany ya no se encontraba
allí. Eran pasadas las cuatro de la tarde del viernes 26 de
septiembre de 2008.
Más adelante, otros testigos
señalarían que Giovany, de entonces 25 años, había sido
secuestrado por personas que llevaban chalecos con insignias de la
Agencia Federal de Investigación (AFI) y que portaban armas largas.
Bajaron de una camioneta Yukon y obligaron al joven agente a subirse
a su propioa Cherokee. Ese mismo día, un poco más temprano, fue el
último en que se vio a Julián Urbina Torres y a Julián Eduy
Aguilera, padre y hermano de Giovany, respectivamente. Ambos se
desempeñaban también como agentes de tránsito. Lo último que se
supo de ellos es que a las tres de la tarde de ese mismo viernes
entregaron sus motocicletas en las oficinas de la Secretaría de
Vialidad y Tránsito de Monterrey para dirigirse a su camioneta Ford
Ranger azul modelo 1987. Un testigo advirtió que se les vio hablando
con dos sujetos para después subir los cuatro a la Ranger azul.
El caso de Giovany Urbina ha sido
atraído por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o
Involuntarias (GTDFI) de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), pues se encontraron elementos suficientes para considerar que
las autoridades participaron en el hecho. El organismo también
atrajo los casos de Juan Manuel Ortiz Rodríguez, policía municipal
de Apodaca, desaparecido el 27 de febrero de 2009, y los de José
Luna Ramírez y José Everardo Lara Hernández, agentes del municipio
de Santa Catarina, desaparecidos el dos de mayo de 2007. Se espera
que el GTDFI atraiga, eventualmente, el caso de Julián y Eduy.
No existen estadísticas oficiales
sobre el número de desapariciones forzadas en el país; tampoco las
hay sobre estas desapariciones en Nuevo León. Ciudadanos en Apoyo a
los Derechos Humanos (Cadhac) da hoy seguimiento a 114 casos en ese
estado; en 35 por ciento de ellos se han presentado elementos que
indican la participación, por acción u omisión, de algún servidor
público. Pero el problema es nacional. De acuerdo con el GTDFI, la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró un aumento
sostenido en el número de quejas sobre desapariciones forzadas, ya
que pasó de cuatro en 2006 a 77 en 2010. Sin embargo, en ese lapso
sólo se le informó acerca de dos sentencias condenatorias en contra
de funcionarios públicos por ese delito en todo el país.
A MARCHAS FORZADAS
Cada persona que ha tenido la desdicha
de tener desaparecido a un familiar constata que las investigaciones
del Ministerio Público (MP) son siempre a marchas forzadas, y
dependen en su mayor parte de las indagaciones que hacen los propios
familiares. Para mayor agravio, Giovany recibía por su trabajo un
sueldo neto de dos mil 250 pesos a la quincena, el mismo monto que su
padre y su hermano. Según la prensa, actualmente sus familiares no
reciben ningún tipo de ayuda económica por parte de la institución
en la que laboraban. La dependencia catalogó el caso como abandono
laboral y dejó a las esposas de Julián y Eduy a la deriva.
En noviembre de 2008, Gloria, esposa de
Julián y madre de Eduy y Giovany, presentó a las autoridades la
sábana de registro de llamadas del Nextel que Eduy llevaba el día
que desapareció. El aparato continuó funcionando hasta el dos de
octubre, pero las autoridades no investigaron de forma inmediata ni
los números marcados, ni la localización del Nextel (determinada
por las antenas de recepción). Según registros del caso (a los que
M Semanal tuvo acceso), el MP no sólo no utilizó esta información,
sino que dejó pasar un año entero antes de solicitar la información
de los otros teléfonos celulares que llevaban las víctimas. Por
desvaríos burocráticos, los datos fueron entregados mucho después.
Las llamadas telefónicas no fueron el
único indicio que las autoridades desperdiciaron. Algunos de los
testigos fueron llamados a declarar hasta un año después de los
hechos; además, las pocas pruebas periciales fueron contaminadas por
mal manejo.
El 23 de abril de 2009, casi siete
meses después de la desaparición, fue asegurada de nuevo la
Cherokee blanca de Giovany. Las placas originales habían sido
removidas y se encontraron al día siguiente en un Tsuru blanco,
localizado en un lote de autos. Pasaría un año más para que las
autoridades se enteraran de que el Tsuru había sido propiedad del
estado de Nuevo León, y que tenía reporte de robo desde marzo de
2008. El 15 de enero de 2010, la Dirección de Tránsito de Monterrey
remitió al corralón una camioneta Ford azul. El MP determinó que
se trataba del mismo vehículo en el que habían desaparecido Julián
y su hijo Eduy.
La camioneta llevaba un año y medio
abandonada frente a una escuela primaria, a pesar de que los vecinos
la habían reportado meses atrás. El 28 de enero de 2010 el personal
de agencia del MP realizó una recolección de indicios al interior
de la camioneta: fueron encontrados casquillos de armas y lo que
parecían ser huellas de sangre; sin embargo, posteriormente, la
agencia determinó que las pruebas fueron contaminadas con huellas
del personal de la fiscalía.
Actualmente el caso se encuentra
varado. Los rastros se enfrían cada año que pasa. Sólo queda un
indicio vago en las declaraciones de los testigos: la presión que
imprimen grupos criminales a un “poli” en la última cadena de
mando para obtener una licencia sin papeles.
POLICÍAS EN LA MIRA
El dos de mayo de 2007 desaparecieron
tres elementos municipales: Omar Cabello Cabrera, José Everardo Lara
Hernández y José René Luna Ramírez. Los dos últimos casos fueron
atraídos por el GTDFI.
Lara Hernández, que entonces tenía 23
años de edad, fue plagiado cerca de las 8:20 de la mañana, a dos
cuadras de la Secretaría de Policía y Vialidad de Santa Catarina.
Fue interceptado en las avenidas Culebra y Miguel Alemán cuando
viajaba en su auto Mercury. Tres sujetos vestidos de color oscuro y
con armas largas bajaron de una camioneta Suburban verde oscuro, y a
punta de pistola se lo llevaron. José Everardo tenía siete meses de
casado.
Por su parte, Luna Ramírez salió de
su casa poco antes de las siete de la mañana para dirigirse a su
trabajo cuando fue secuestrado por dos sujetos vestidos con
pantalones negros, botas tipo policía y chalecos con las siglas AFI,
quienes descendieron de un vehículo blanco. Atestiguaron los hechos
dos personas, quienes incluso alcanzaron a apuntar la numeración de
las placas.
Ambos casos quedaron radicados en el MP
Número Dos del Cuarto Distrito Judicial de Nuevo León (Santa
Catarina). Ambos fueron escoltas del entonces alcalde de Santa
Catarina, Dionisio Herrera Duque (quien en 2011 fue inhabilitado por
desvío de recursos); habían participado en un enfrentamiento armado
suscitado el 28 de abril, es decir, apenas cinco días antes de su
desaparición.
Maximina Hernández Maldonado, madre de
Everardo, declaró a la prensa que éste había pedido su cambio
porque no le gustaba la forma de ser de Herrera Duque. Poco después
de que le concedieron el cambio laboral, desapareció. El MP no hizo
diligencia alguna durante los primeros dos años. Cinco años
después, las indagaciones son casi nulas, o aún peor: en la
inspección ocular realizada en el vehículo de Everardo el día que
éste desapareció, el MP omitió detallar el destino de una serie
objetos: una hoja que a simple vista parecía formar parte de una
denuncia, monedas y una botella. Nada fue recabado. El MP sólo
recogió un aro con cinco llaves, y un llavero tipo con los colores
del equipo de futbol Tigres.
El 17 de mayo de 2007 compareció
Víctor Alejandro García Hernández, compañero de Everardo. Aseguró
que lo había visto por última vez la noche del 30 de abril, cuando
fueron a tomar unas cervezas junto con otro compañero de nombre
Jesús Eligio Mena. Esa noche se habría suscitado una discusión
entre los tres. Al día siguiente García Hernández fue asesinado.
Se le encontró muerto junto con otros dos hombres en la colonia El
Obispo, en los límites municipales de San Pedro Garza García. Mena,
el tercer hombre de la discusión del 30 de abril, cayó en
contradicciones. En una primera entrevista dijo a la policía
ministerial que había sido dado de baja el cinco junio de 2007, pero
después, al comparecer frente al MP, aseguró que seguía como
elemento activo de esa corporación.
El 14 de octubre de 2011 una nota del
diario El Norte informó que Jesús Eligio Mena era uno de los 46
policías del municipio de Santa Catarina detenidos y procesados
presuntamente por realizar tareas de espionaje para grupos criminales
(actividad conocida como “halconeo”).
Los casos de José René y José
Everardo siguen detenidos.
EL VALOR DE UNA FIRMA
En el caso de Juan Manuel Ortiz
Rodríguez existen indicios de que su jefe directo falsificó su
firma la noche de su desaparición. Aquél, de entonces 33 años, era
policía municipal de Apodaca, Nuevo León. Había iniciado su turno
a las siete de la noche del 26 de febrero de 2009. A las dos de la
mañana del 27, llamó a su madre y le dijo que se encontraba
patrullando.
Juan Manuel debía terminar su turno a
las siete de la mañana; jamás llegó a casa. La familia llamó a la
delegación de Policía y las autoridades aseguraron que había
entregado su turno. Al revisar el documento que se encontraba en la
delegación para avalar el dato, los familiares se percataron de que
la firma había sido falsificada: Juan Manuel no había hecho entrega
de su arma ni de su patrulla.
Más aún, en un sitio donde laboran
decenas de personas, sólo el jefe directo, de apellido Ovalle, y
otro elemento de nombre Ezequiel, declararon haberlo visto en la
mañana del 27 de febrero. Una vez que los familiares señalaron que
la firma del desaparecido había sido falsificada, el MP se dio a la
tarea de reproducir de forma idéntica varias declaraciones
ministeriales de elementos policiacos. En éstas aseguraban que los
policías no firman ningún documento al concluir su turno. En otras
palabras, se pretendía restar valor a la irregularidad en la que
incurrió el comandante de turno por la posible falsificación de la
firma del desaparecido.
Un día después de la desaparición la
patrulla fue hallada en una brecha. La Policía aseguró que dio con
su paradero debido a una llamada anónima. En el interior de la
unidad se encontraban las armas de Juan Manuel.
De acuerdo con extractos del
expediente, el jefe directo de Juan Manuel, el comandante Ovalle,
rindió su declaración ministerial hasta el nueve de octubre de
2009; es decir, casi ocho meses después. Encima, se contradijo:
advirtió que había visto a la víctima por última vez el 26 de
febrero (un día antes de su desaparición), pero luego añadió que
Juan Manuel le entregó su pistola Beretta el 27 por la mañana.
Meses más tarde, el MP no había
localizado a otros dos compañeros de Juan Manuel que habrían sido
claves en el caso. Uno de ellos, el encargado de las radios, había
estado en contacto con la víctima durante toda la noche. El jefe de
Juan Manuel, quien falsificó la firma e incurrió en
contradicciones, jamás fue sancionado o procesado.
Juan Manuel continúa desaparecido.
Dejó dos niñas. A una de ella ni siquiera la vio nacer.
Las observaciones preliminares del
GTDFI tras su visita a México en marzo de 2011, alertan de que sólo
en siete estados de la República se contempla el delito de
desaparición forzada: Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Durango,
Distrito Federal, Nayarit y Oaxaca. En los 25 restantes no se
encuentra tipificado. En Nuevo León se encuentra a punto de
aprobarse una iniciativa para tipificar el delito de desaparición
forzada en el código penal. En estos momentos, casos como los de
Juan Manuel, la familia Urbina, José Everardo y José René no
pueden procesarse como desaparición forzada porque el delito
simplemente no existe como tal en el código local; los casos son
consignados como desaparición, falsedad de declaraciones o
secuestro.
La iniciativa en Nuevo León se
encuentra “congelada” desde hace ya casi un mes en el Ejecutivo
local.
Lydiette Carrión
jueves, 26 de enero de 2012
El delito de la vergüenza
Columna publicada originalmente el 18 de enero de 2012 en El Universal Gráfico
Cuando se trata de violación o abuso
sexual, las víctimas se enfrentan, quizá, a una de las decisiones
más difíciles de sus vidas: denunciar o no hacerlo. Mientras
algunas oficinas de derechos humanos y de ayuda a las mujeres instan
a lo primero, la familia y los amigos en ocasiones recomiendan no
hacerlo. Aquí dos historias que ilustran las dos opciones.
Cuando tenía 16 años, Marianela (no
es su verdadero nombre, para proteger su identidad) sufrió un
intento de violación, por parte de un desconocido que la subió a
fuerza a su camioneta. Decidió denunciar. Cuando lo hicieron se dio
cuenta que el suyo era uno de muchos casos similares que se habían
dado por donde ella vivía, en el sur de la ciudad de México: andaba
suelto un violador serial.
Pero, al buscar al agresor, Marianela
lo confundió con otra persona. No sólo fue ella. Otras dos niñas
también lo identificaron erróneamente. El parecido entre un
inocente y el culpable era sorprendente. Cuando se dieron cuenta, lo
enmendaron. Lograron sacar al hombre que habían confundido de la
cárcel, pero se pasaron tres años más en procesos legales. Gracias
a ella el verdadero culpable está en la cárcel. Pero Marianela dice
que no volvería a denunciar.
Segundo caso: En el Estado de México,
Rocío (tampoco es su verdadero nombre) fue atacada junto con otra
amiga cuando regresaban iban rumbo a su domicilio. Decidieron no
denunciar. Pero Rocío quedó embarazada. Actualmente se encuentra
envuelta en una serie de procesos: está tratando de probar su
residencia en el Distrito Federal para acceder a la práctica de un
legrado. Tuvo que presentar la denuncia.
El delito de violación es el que más
vergüenza causa a la víctima. Y se complica más cuando el agresor
es algún conocido, lo cual ocurre -según varios estudios- en más
de la mitad de los casos. Las víctimas más frecuentes son menores
de edad, quienes tienen menos herramientas para enfrentar esta
situación.
La opción de denunciar no es fácil.
En ocasiones, el paso por los ministerios públicos y los juzgados
es casi una segunda vejación. Por ello nadie puede decirle a una
víctima qué hacer. Lo cierto es que la denuncia permite tener más
posibilidades de detener a culpables y transformar una sociedad que
sigue echando la culpa a las víctimas de su propia violación.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas
