Eran las 9:30 de la noche cuando el señor Juárez escuchó que
alguien se acercaba a la puerta. Debía ser un conocido porque los perros no
ladraron.
—¿Quién es?
—Vengo a hablar con Luisa, respondió una voz que reconoció
como la de Cuauhtémoc, un sobrino suyo.
Luisa, la hija del señor Juárez, miraba un programa de Juan
Pablo II en la televisión.
—Ahí te hablan, le avisó.
Luisa salió a la puerta de la casa. Poco después, el señor
Juárez escuchó siete disparos de arma de fuego. Se asomó y vio que su hija
agonizaba; antes de morir le dijo: “Fue Juan”.
El asesinato de la abogada Luisa Juárez Miranda, de 54 años,
ocurrió el 30 de abril de 2011 en San Agustín Buenavista, un poblado de poco
más de 2 mil habitantes en el municipio de Soyaniquilpan de Juárez, estado de
México. De acuerdo con sus hermanos, Cristina y Heliodoro Juárez Miranda, las
autoridades han sido omisas. Hasta la fecha el asesinato de Luisa está impune.
Antes de ser asesinada, Luisa se dedicaba a cuidar a su papá
y llevaba dos asuntos legales, ambos vinculados con despojo de tierras entre
familiares.
En el primero defendía a un hombre llamado Eugenio, tío
político de Juan, quien había falsificado la firma de su pariente para hacerse
de unas tierras. Además, lo había hecho mientras era comisario ejidal, lo que
es ilegal.
En el segundo defendía a Adolfo, un campesino analfabeta
que, en una ocasión, cuando fue a cobrar el dinero que le daban del programa
Procampo descubrió que su hija lo había despojado de su tierra.
Ambos casos eran fáciles de ganar y tenían audiencias en
mayo de 2011. “Y a mi hermana la mataron el 30 de abril”, sentencia Heliodoro.
El homicidio de Luisa fue tomado por el MP de Jilotepec,
estado de México. Ahí pasó 2 meses y medio. En julio fue trasladado a Toluca y
descentralizado a Lerma.
Al inicio estuvo bien, “comenzaron a trabajar”, pero
repentinamente, a decir de Cristina, las cosas comenzaron a entorpecerse sin
razón aparente.
La primera ministerio que llevó el caso en Lerma le gritaba
al papá de Luisa que le dijera quién la había matado. El señor ya había
declarado en Jilotepec que escuchó la voz de Cuauhtémoc. Pero la servidora le
decía que le molestaba mucho trabajar “con viejitos”. Los ministeriales
llamaron a declarar a testigos no importantes, pero a los clave como Cuauhtémoc
hasta la fecha no los han requerido. Juan, por ejemplo, rindió su declaración
un año después del asesinato, explica Cristina.
Mientras tanto, el expediente se hacía perdedizo. En agosto
de 2012 dijeron a los hermanos que había sido reasignado a feminicidios. Pero
ahí les respondieron que no tenían la carpeta. Interpusieron una denuncia ante
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
El expediente por fin apareció de nuevo en Lerma; las
autoridades aseguraron que lo habían reasignado a esas oficinas desde
feminicidios, “pero no hay un solo oficio que demuestre que alguna vez había
estado ahí”, explica Cristina.
Los familiares de Luisa presionaron para que se hicieran
estudios periciales. En Jilotepec, habían hecho una autopsia, pero no los
estudios correspondientes. Apenas hace dos meses (dos años y medio después del
asesinato) les entregaron el estudio de mecánica de lesiones y se enteraron que
la abogada había forcejeado antes de morir. Supieron que había sido mordida y
que se defendió.
Por ello, infieren, que probablemente Luisa rasguñó al
agresor. Sin embargo, jamás se hicieron los estudios correspondientes, como
raspado de uñas; tampoco se buscaron huellas. Por todo ello, sintetiza
Heliodoro: “Nosotros creemos que hay tráfico de influencias en el caso de mi
hermana”.
Texto publicado en El Universal Gráfico el 26 de junio de 2013
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