martes, 15 de mayo de 2012

Quién hace el trabajo sucio


Columna Rendija, originalmente publicada el 9 de mayo de 2012 en el Universal Gráfico


Lydiette Carrión

En octubre pasado, el jefe de Gobierno Marcelo Ebrard visitó las instalaciones del centro de procesamiento de desechos sólidos San Juan de Aragón. A las pocas semanas se emprendió una gran restructuración: se trajo más maquinaria para separar y reciclar desechos, apartar el vidrio y vender cartón a las empresas de tetra pack (el futuro y el dinero se encuentra en esas cajitas para leche). Y, dicen, los líderes del gremio de pepenadores perdieron influencia.
Ahí adentro de las instalaciones de San Juan de Aragón, Jesús Ramírez Villa, su mamá y sus hermanos atendían un restaurancito desde hacía siete años: quesadillas, tortas, refrescos, dulces. Pero cuando empezó la restructuración, Sergio León, jefe de Unidad Departamental de la panta, le dijo que tenía que desalojar, porque necesitaban el espacio.
Jesús vio la maqueta del proyecto y no estaba contemplado el edificio donde se hallaba el restaurante. Más aún, pidió que la Secretaría de Obras le notificara por escrito. Jamás lo hizo. Según Jesús, las presiones para sacarlo del lugar vienen del gremio de pepenadores: como han perdido influencia (e ingresos), requieren de nuevos espacios. Pero es la Secretaría de Obras la que está haciendo el trabajo sucio.
Hace un mes, llegaron policías para desalojar el negocio. Jesús llamó a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que detuvo el embargo.
El desalojo se detuvo por el simple hecho de que la Secretaría de Obras expidió un documento (del cual El Gráfico tiene copia) en el que niega haber pedido a Jesús que se vaya. Es decir, oficialmente, la Secretaría de Obras no tiene ni vela en el entierro… y sin embargo intervino para llamar a la fuerza pública.
La actual situación de la familia de Jesús es insostenible: personas desconocidas han vandalizado el lugar: vidrios rotos, carteles arrancados. Jesús explica que se podría ir y ya, pero le parece injusto que las autoridades del Distrito Federal se presten para hacer un desalojo ilegal.

Ignacio Reyes, del área de comunicación social de la Secretaría de Obras, advierte que la secretaría no hará ningún desalojo y de esto ya ha informado a la CDHDF, sin embargo, enfatiza que el predio donde se encuentra el negocio de Jesús pertenece a la Ciudad, por lo que el gobierno puede disponer de aquél cuando así lo requiera.
En diciembre pasado, el tema de la basura acaparó los titulares de los periódicos: la ciudad estaba inundada en basura. Pero detrás del cierre del Bordo Poniente, el reciclaje de la basura, la ecología—había, y hay, otros intereses más, llamémosle, terrenales: los dineros. La basura es un negociazo.

Larga espera por Zaira

*Texto publicado originalmente en El Universal Gráfico el 9 de mayo de 2012.



Era un sábado de Gloria. La calle hervía de gente y agua. Nadie vio hacia dónde se dirigió Zaira López Maldonado.
Doña teresa Maldonado había pasado todo el día vendiendo aguas y refrescos en un  negocito que la familia atiende afuera de su casa, en la colonia Tlapacoya, Ixtapaluca, Estado de México. A su hija mayor, Zaira López, de 20 años, le había tocado ayudar el día anterior, y ahora tenía el día libre. Salió a la calle desde las 4 de la tarde y regresó alrededor de las 19:40 horas. Se echó en la cama a platicar con su mamá, quien tomaba un descanso de la vendimia. Alguien llamaba insistentemente al celular de Zaira. La joven finalmente contestó; y dijo a quien fuera que estuviera del otro lado de la línea: “ahorita salgo”. Dejó su casa poco después de las ocho. Es la última vez que su familia la vio.
Zaira López Maldonado desapareció el 23 de abril de 2011. Ha pasado un año. Su mamá, Teresa Maldonado, relata la historia, entre lágrimas.
Ese sábado, cuando Zaira desapareció, la familia cerró el negocio hasta las 11 de la noche. Con las fiestas habían vendido bien, pero estaban exhaustos. A las 23:30 horas, doña Teresa telefoneó a Zaira. El celular estaba apagado. Ya no intentó llamarla más tarde. Quizá su hija había ido a alguna fiesta y sólo se olvidó de llamar. Todos en casa se fueron a dormir. A la mañana siguiente, se dieron cuenta de que Zaira no había regresado. Entonces se encendió la alarma.

Ese domingo, llamaron a los amigos de Zaira, a su novio, preguntaron entre los vecinos. Nadie la había visto. También llamaron a Locatel, les dijeron que debían denunciar ante el ministerio público.
El lunes, los familiares se presentaron ante la agencia del MP en Ixtapaluca, Estado de México, pero los agentes no les permitieron interponer la denuncia. Alegaron que a ellos “no les tocaba”. La señora  Teresa fue al DIF. Pero, después de varias horas de espera, ya no la atendieron, las horas de atención al público habían terminado. Al día siguiente (martes) regresó al DIF. Después de varias horas de espera, los funcionarios  le aclararon que su hija era mayor de edad y por tanto el caso correspondía al MP. Regresó a las oficinas de Ixtapaluca y la rechazaron de nuevo. Sin saber qué hacer, doña Teresa regresó al DIF y les solicitó una carta para que la atendieran en el ministerio público. Ya con la carta, en el MP la canalizaron  a la Agencia del Ministerio Público Especializada en la Atención a la Violencia Intrafamiliar y Sexual (AMPEVIS).

La señora Teresa logró levantar la denuncia hasta el día 29 de abril de 2011. Casi una semana después de la desaparición de Zaira. Habían pasado los momentos más valiosos para localizar a una persona: las primeras 48 horas de su desaparición. 

La familia consiguió la sábana de llamadas del celular de Zaira. Entregaron la información al ministerio público del Estado de México. Hasta la fecha, esa información sigue archivada, denuncia doña Teresa. 
Los familiares también consiguieron los movimientos de Zaira la noche que desapareció mediante la localización geográfica de su celular. Ese sábado, la joven nunca se alejó de su casa. La última señal del celular se emitió en Amecameca, Estado de México, muy cerca de su colonia. La familia teme que la persona responsable de la desaparición de Zaira viva cerca y tome represalias.  Actualmente, el caso ha sido tomado por autoridades federales.

Al terminar el relato, la señora Teresa quiere enviar un mensaje a su hija: “Quiero que sepa que la quiero mucho, la sigo esperando. Y que dios me la bendiga, donde quiera que ella esté”. 

lunes, 7 de mayo de 2012

El secuestro de Elizabeth por un militar




*Texto originalmente publicado en El Universal Gráfico el 1 de mayo de 2012

La madrugada del domingo 19 de febrero de 2012, la familia Moreno Chávez despertó a una pesadilla: Jorge Antonio González López, de 24 años, militar y vecino de la cuadra, se había metido a su casa. Los levantó a mentadas de madre y terror, acuchilló al padre y no permitió que nadie lo auxiliara por más de 40 minutos, mientras se desangraba. Luego secuestró a una de las hijas, Elizabeth Moreno Chávez, de 17 años. Hasta ahora, nadie sabe su paradero.

La historia había empezado unas horas antes, cuando en una fiesta, Jorge Antonio intentó sobrepasarse con una joven de 18 a quien llamaremos Alejandra, hermana de Elizabeth. Ésta lo rechazó y abandonó el lugar, y se fue a dormir a casa de sus primos. Jorge Antonio no supo esto último. Despechado y violento, fue buscarla a su casa,  brincó la barda y levantó a la familia de Alejandra, que dormía en el primer piso: el padre, la madre, María Laura, y sus dos hermanas menores, una pequeña de 13 años, y Elizabeth, de 17 años. Alejandra no estaba.

Como no la encontró, se dedicó a aterrorizar a la familia. Al padre, lo acuchilló en cuello, tórax y brazo; le ordenó que se acostara y lo dejó ahí, desangrándose lentamente por 40 minutos, mientras aterrorizaba a la madre y dos hijas. Finalmente decidió irse y ordenó a Elizabeth, a punta de cuchillo, que se fuera con él: “eres mi boleto de salida”, le dijo.

Cuando el militar y la niña se fueron, María Laura llamó a la policía y una ambulancia. Esta última jamás llegó al hogar, localizado en San Isidro Ixhuatepec, municipio de Tlalnepantla; así que un vecino llevó al padre al hospital. El hombre, de unos cuarenta y tantos años, permaneció internado por un mes. Estuvo al borde de la muerte, había perdido mucha sangre.

Así relatan la historia el padre y la madre. El padre todavía lleva vendado el brazo derecho. La madre carga con una abultada bolsa de papeles: los documentos que han ido juntando sobre el caso de su hija. Muestran una fotografía de Elizabeth: una adolescente  delgada, de rostro alargado, ojos oscuros y expresivos y cabello hasta el hombro, teñido de castaño claro.

La familia interpuso la denuncia en ministerio público de San Juanico. El encargado de su caso fue el licenciado Belisario de Jesús Albores Albores. Sin embargo, un mes después, el ministerio público no había ni siquiera girado una orden de aprehensión contra Jorge Antonio González. Alegó que habían enviado un oficio al Ejército para constatar que Jorge Antonio fuera militar. Y, una vez que la Secretaría de Defensa Nacional respondiera, emitirían la orden de aprehensión.

No fue la única traba, explica María Laura: Belisario Albores se negó a levantar cargos contra Jorge Antonio por lesiones, a pesar de que el padre de Elizabeth pasó un mes en el hospital, tampoco por allanamiento de morada. Es más, ni siquiera por el delito del secuestro de Elizabeth, porque, alegó, nadie había exigido rescate alguno por la adolescente.

La familia contrató a un investigador privado. Un mes después, consiguieron la sábana de llamadas telefónicas que Jorge Antonio había hecho los días siguientes al 19 de febrero. Durante las primeras 12 horas, Jorge Antonio hizo 123 llamadas: a su padre, a su novia, a sus familiares. Pero todos negaron saber su paradero.

También, de acuerdo a los movimientos registrados por su celular, en una noche Jorge Antonio emprendió un viaje frenético rumbo al estado de Chihuahua. Después se le perdió la pista.

El agente del MP en San Juanico, Belisario Albores se negaba a levantar cargos. Así que un mes después del secuestro, la familia solicitó que el caso se trasladara al ministerio público de Barrientos. Ahí, primero estuvo a cargo un licenciado Ordoñez, quien transfirió el caso a Alejandra Sánchez. Ella les dijo que se reunieran dentro una semana, porque se iba de vacaciones.

Ha terminado abril, y todavía no hay orden de aprehensión contra Jorge Antonio González López. Y la pista de Elizabeth sigue enfriándose.